"Seremos el primer país de la Unión Europea que va, de facto, a legislar sobre esta materia de forma tan ambiciosa”, ha señalado la ministra, que ha recordado que esta norma “forma parte de una de las reformas estructurales que hemos remitido a la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia”.
“La tendencia, en nuestro Estatuto, era propiciar la exclusión o salida de personas trabajadoras. Ahora vamos en dirección inversa, incorporando una nueva realidad laboral al Estatuto, porque estas personas estaban desprotegidas social y jurídicamente y había doctrina al respecto. Lo hacemos a través de una Disposición Adicional, la disposición 23. En ella reconocemos que son personal laboral y de manera declarativa las incorporamos a este texto”, dijo,
Un comunicado conjunto emitido tras la reunión por el Ministerio de Trabajo, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme recoge que las tres partes se han puesto de acuerdo "para establecer la situación laboral de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales".
Por medio de un decreto ley de artículo único, se modificará el Estatuto de los Trabajadores para fijar la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto o distribución a domicilio de cualquier producto de consumo o mercancía a través de todo tipo de plataformas digitales, no solo para las 15 dedicadas a repartos que participaron en una recuente inestigación: Deliveroo, El Mercadito, Glovo, Hugo, Just Eat, Llegamos a tu casa, Moova, Mox, Pedisuper, Rangri, Rappi, SoyDeliver, Stuart, Tipti y Wabi (las restantes eran Aiudo, AMIA, Cuideo, Depencare, Familiados, Joyners, Zolver,s para el sector de los cuidados de gente mayor; Nanny Home, TuNanny y Sitly, para el sector de los cuidados de niños; y finalmente Bossabox, Freelancer, Malt, SoyFreelancer, Uassistme, Vitalk, Vittude, Wisar y Workana, para el sector de los servicios virtuales).
La norma también reconocerá la presunción de laboralidad para los trabajadores que presten servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.
Además de lo anterior, y para todos los ámbitos, la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
Los repartidores de las plataformas digitales dispondrán de un plazo de tres meses antes de que la norma entre en vigor.Se reconocerá la presunción de laboralidad "de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital".
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Aumento de la demanda y causas en plataformas de reparto durante e COVID en América Latina y España |
El apartado dos del artículo único del decreto ley contemplará que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
Esto último había sido un escollo durante la negociación, ante las reticencias de la patronal a desvelar el funcionamiento de los algoritmos usados por las plataformas digitales. La norma concluye con una disposición final única que fija su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Con esta ley se adapta al marco normativo la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció que la relación entre un repartidor y la empresa Glovo tenía naturaleza laboral, dado que la plataforma no es una mera intermediaria entre comercios y repartidores, sino que es la prestadora del servicio de reparto y fija las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Esa plataforma fue defendida por el despacho Sagardoy Abogados, el mismo que representan a Deliveroo y que fue contratado con al menos 90.000 euros por el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Garesse, para defenderse del fraude laboral que detectó y multó con 300.000 euros la Inspeccion de Trabajo entre más de 400 becarios internos dedicados a labores internas en el Campus de Cantoblanco y sin darles formación, tema por el que la UAM fue absuelta y la Seguridad Social recurrió la sentencia.
En los inicios de la negociación se planteó extender la norma a todo tipo de plataformas digitales cuyos trabajadores pudieran también considerarse como falsos autónomos, pero finalmente solo afectará a empresas como Glovo, Deliveroo, Stuart o Uber Eats que contratan como autónomos a repartidores a domicilio.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará este jueves en rueda de prensa el contenido del acuerdo para la ley de los riders que podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros. En declaraciones remitidas a los medios, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha considerado que el acuerdo es un paso adelante en un camino que se inició con el objeto de seguir avanzando para regular las condiciones laborales de los trabajadores de todas las plataformas.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, lo ha calificado como un hito y un paso cualitativamente muy importante en la regulación de la nueva economía de plataformas, "que hasta ahora se había utilizado para precarizar el empleo" y que cree que se tiene que extender al conjunto de la relaciones que se dan en todas las plataformas digitales.
