sábado,4 diciembre 2021
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2014, catastrófico para los derechos humanos

España tiene 12 millones de consumidores responsables

Redacción
Forética ha presentado este martes el informe de 2015 sobre el estado de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) en España, bajo el subtítulo ´Ciudadano consciente, empresas sostenibles´, en el que se pone de manifiesto que hay 12 millones de consumidores responsables en España.

El informe detecta como principales tendencias globales de responsabilidad social los retos vinculados a la demanda de transparencia, la fiscalidad responsable, el ´Big Data´, el cambio climático o los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, el documento estudia el grado de desarrollo de la RSC en España tanto desde la óptica de las políticas públicas (donde destaca la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de la Estrategia Española de RSE) como desde la perspectiva empresarial persistiendo una brecha en cuanto a adopción de políticas de RSE entre grandes empresas y pymes.

Por último, se hace un foco especial en la implicación ciudadana donde se observan dinámicas favorables al crecimiento del consumo responsable.

En este sentido, se pone de manifiesto que un 36,2% de la población -12 millones de consumidores- son receptivos a la RSC, una cifra que se incrementa por primera vez desde 2008. Además, 6 de cada 10 consumidores afirma que ante dos productos de similares características compraría siempre el más responsable aunque fuera más caro.

Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética y director del estudio, señaló que "esta oportunidad que supone la sostenibilidad hace que las agendas de las compañías hayan pasado de una aproximación de la responsabilidad social basada en reputación, hacia una visión estratégica, vinculada a la mitigación de riesgos y la generación de oportunidades de negocio".

En el estudio, que fue presentado en un acto presidido por Albero Duran, presidente de Forética y presidente de ILUNION; junto con Miguel Angel García, director general de la Economía Social, el Trabajo Autonomo y la RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se destaca que los ciudadanos ponen en valor que el comportamiento responsable de las empresas debe ser totalmente prioritario (76%). Además, un 50% cree que siendo más responsables las empresas obtendrían mayores beneficios económicos y, por primera vez, los ciudadanos consideran una "buena empresa" aquella que en primer lugar cuida sus empleados por encima de la calidad de sus productos y servicios.

Los ciudadanos se informan fundamentalmente de la responsabilidad social de un producto a través del etiquetado (un 43,6%) pero un 55% se queja de que resulta difícil encontrar y entender la información que sobre su responsabilidad dan las empresas y un 60% llega a considerar poco creíble la información de las empresas sobre sus prácticas responsables.

Otro hallazgo del informe es la importancia de la activación del consumo responsable en el punto de venta a la hora de impulsar el consumo responsable, haciendo que se duplique la discriminación positiva por parte de los consumidores. En cuanto al comportamiento de boicot en el consumo responsable, el 44% de la población ha dejado de comprar alguna vez un producto por no considerarlo responsable y 9 de cada 10 encuestados afirman que, en caso de tener certeza de un comportamiento irresponsable por parte de la marca, dejarían de comprar un producto o servicio.

Por último, el Informe Forética dibuja el perfil del ciudadano consciente (el más propenso a consumir de una forma responsable), con edad entre 55 y 65 años, un nivel sociocultural alto o medio/alto, estudios superiores y vive en una población de más de 50.000 habitantes.

2014 fue "catastrófico" en materia de derechos humanos

Amnistía Internacional acaba de publicar su Informe Anual junto con una previsión de las tendencias en materia de derechos humanos para el próximo año. Los gobiernos deben “dejar de fingir que la protección de civiles no está a su alcance”, denuncia la organización. Concretamente, en España observan ataques a la libertad de expresión y de reunión a causa de recientes cambios legislativos e ilegalidades en las devoluciones de migrantes en la frontera y el uso innecesario y excesivo de la fuerza contra ellos.

El Informe Anual de Amnistía Internacional ofrece una panorámica completa de la situación de los derechos humanos en 160 países durante 2014. “El año 2014 fue catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia. La respuesta global a los conflictos y a los abusos cometidos por Estados y grupos armados ha sido vergonzosa e ineficaz. Mientras la gente sufría una escalada de brutales ataques y represión, la comunidad internacional ha dejado mucho que desear”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. Y ha añadido: “Las Naciones Unidas se crearon hace 70 años para garantizar que no se repetirían los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que ahora vemos es violencia a escala masiva y una enorme crisis de refugiados causada por esa violencia. Se ha fracasado estrepitosamente a la hora de buscar soluciones viables para las necesidades más apremiantes de nuestra época.”

Según ha alertado la organización, a menos que se tomen medidas por parte de los dirigentes del mundo, las perspectivas para los derechos humanos durante el próximo año son malas.

Grupos armados, libertad de expresión y crisis humanitarias

Entre las consecuencias que han detectado desde Amnistía Internacional destacan las siguientes: grupos armados, que ejercen un control similar al de un Estado sobre cada vez más poblaciones civiles, sometidas a ataques, persecución y discriminación; agravamiento de las amenazas contra la libertad de expresión y otros derechos, como las violaciones de derechos causadas por nuevas leyes antiterroristas draconianas y por la vigilancia masiva injustificada; y el empeoramiento de las crisis humanitarias y de refugiados, con un número cada vez mayor de personas desplazadas a causa de los conflictos. Mientras tanto, AI denuncia que los gobiernos continúan cerrando fronteras y la comunidad internacional sigue sin proporcionar auxilio ni protección.

La organización pone especial énfasis en la preocupación por el aumento del poder de los grupos armados no estatales, entre ellos el grupo autodenominado Estado Islámico. Éstos cometieron abusos en al menos 35 países en 2014. “A medida que la influencia de grupos como Boko Haram, Estado Islámico y Al Shabaab traspase las fronteras nacionales, cada vez más civiles se verán obligados a vivir bajo su control, similar al de un Estado, sometidos a abusos, persecución y discriminación”, ha afirmado Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.

Consejo de Seguridad de la ONU

Tal y como señala AI, en los casos de Siria, Irak, Gaza, Israel y Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha abordado las crisis y los conflictos debido a intereses creados o conveniencias políticas. Por ello, Amnistía Internacional pide ahora que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y otras atrocidades masivas.

“Esto podría suponer un punto de inflexión para la comunidad internacional y los instrumentos de que dispone para ayudar a proteger la vida de los civiles. Con la renuncia a su derecho de veto, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad otorgarían a la ONU más posibilidades de actuar para proteger a la población civil cuando haya vidas en situación de grave riesgo, y enviarían a los responsables de abusos el firme mensaje de que el mundo no se quedará de brazos cruzados mientras se cometen atrocidades masivas”, ha afirmado Salil Shetty.

Comercio de armas

AI denuncia el flujo de armas en países donde actúan grupos armados, una práctica que se cobró decenas de miles de vidas de civiles en 2014. Por ello, la organización pide a todos los Estados, incluidos Estados Unidos, China, Canadá, India, Israel y Rusia, que ratifiquen o acepten y se adhieran al Tratado sobre el Comercio de Armas.

“En 2014 se entregaron enormes remesas de armas a Irak, Israel, Rusia, Sudán del Sur y Siria, a pesar de las altísimas probabilidades de que estas armas fueran utilizadas contra poblaciones civiles atrapadas en los conflictos. Cuando el Estado Islámico se hizo con el control de extensas zonas de Irak, encontró grandes arsenales, listos para ser recogidos. El flujo irresponsable de armas a quienes cometen abusos contra los derechos humanos debe acabar ya”, ha afirmado Anna Neistat.

Asimismo, Amnistía Internacional pide a los dirigentes mundiales que impongan nuevas restricciones para hacer frente al uso de armas explosivas (bombas lanzadas desde aeronaves, proyectiles de mortero y artillería, cohetes y misiles balísticos) en zonas pobladas.

Gobiernos represivos

“Observamos indicios preocupantes de que los dirigentes seguirán reprimiendo con dureza las protestas, introduciendo leyes antiterroristas draconianas y usando técnicas de vigilancia masiva injustificada para responder a las amenazas contra la seguridad. Pero las reacciones impulsivas no funcionan. Por el contrario, crean un entorno de represión en el que puede ganar terreno el extremismo.”

El Informe Anual detalla cuántos gobiernos reaccionaron a las amenazas contra la seguridad con tácticas draconianas y represivas en 2014, como por ejemplo en Afganistán, Kenia, Nigeria, Pakistán, Rusia y Asia o Turquía.

Crisis de refugiados

AI también denuncia una de las crisis de refugiados más graves que el mundo. Cuatro millones sólo de Siria, siguen huyendo de la violencia y la persecución. “Es abominable comprobar que los esfuerzos de los países ricos para impedir la entrada de personas prevalecen sobre sus esfuerzos para preservar las vidas de las personas. La crisis de refugiados global se agravará con toda probabilidad, a menos que se tomen medidas urgentes”, ha afirmado Salil Shetty.

España: libertad de expresión y fuerza en la frontera

En España, Aministía Internacional apunta a los recortes a la libertad de expresión y de reunión, mediante varias iniciativas legislativas. Entre ellas, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC). Además, destacan la preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad en manifestaciones, así como crecientes restricciones al derecho de reunión. Según AI, la reforma del Código Penal también ataca la libertad de expresión, de información y de reunión, al ampliar los delitos, tanto de terrorismo como de desórdenes públicos.

También las personas migrantes están viendo sus derechos vulnerados en España. AI denuncia la fuerza en frontera, por parte de los funcionarios, a solicitantes de asilo, que en ocasiones han sido devueltos de manera ilegal. A esto, mediante una enmienda introducida en la LOSC, el gobierno quiere legalizar esta práctica de las denominadas devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional.

Fuente: Foretica y Compromisorse

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