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DEBATES Y FIRMAS INVITADAS

¿Estado de Derecho?: Sin casa por 3.000 euros

La policía, ante la resistencia a un deshaucio por deuda de 3.000 euros que los intereses multiplicaron por 10. Foto de Olmo Calvo, publicada por El Diario.es

¿Es España un Estado de Derecho?, se preguntan muchos ante el debate del Estado de la Nación que empezará mañana en el Congreso de Diputados. La respuesta final tiende a ser que no entre las crecientes víctimas de la pobreza, la usura, las estafas financieras de los últimos años y los abusos sin freno del poder de mercado de oligopolios y grandes empresas de sectores como banca, eléctricas, telecos, gran comercio, construcción, seguros, etcétera. Las normas quedan cada vez más en "papel mojado".
Redacción 23 de febrero de 2015 Enviar a un amigo
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Al matizar esa respuesta inicial, son cada vez más quienes dicen que, si bien la Constitución y otras muchas normas llevarían a indicar que España sí es un Estado de Derecho, las prácticas cotidianas indican rotundamente que no, porque en la práctica esas normas quedan en papel mojado. Y esas impresiones son acrecentadas con las denuncias de sobresueldos de políticos y gobernantes,  a las que ahora se suman las de jueces y magistrados.

Los clásicos poderes de parlamentos, gobiernos y jueces se multiplicaron por 17 con las autonomías desde 1978. Pero la corrupción y los resultados de la crisis actual han dejado en evidencia su percepción como agentes poco operativos ese Estado de derecho. Otros controles informales como los de la prensa apenas alteran el panorama, por la influencia de los grandes intereses en ellos. Por ello ese cuarto poder, extendido hoy por las redes, incluso desplaza preocupantemente en influencia a los parlamentos. Así sucede en España, donde las encuestas dicen que dos de los cuatro grupos con mayores expectativas de voto (Podemos y Ciudadanos) están aún fuera, pese a lo cual han empezado a ser aquejados también de algunas denuncias de corrupción. 

Entre las estampas recientes ofrecidas por prensa y redes destaca la de Umberto y su hijo, echados por la policía de su casa de Valdeacederas (Madrid) tras ser víctimas de la "usura" de un prestamista: en unos meses la deuda pasó de los 4.000 euros iniciales hasta los 32.000 euros fruto de los intereses. No importó a la policía la resistencia de activistas que, según la siguiente foto de Olmo Calvo publicada por EL DIARIO.ES, bloqueaban de forma pacífica el acceso a la casa para protestar por ello y por la “Ley Mordaza”, la nueva ley de seguridad ciudadana que penaliza acciones como impedir un desahucio, ocupar entidades bancarias, manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos si se "perturba la seguridad", o reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos. 

La cotidiana estampa de desahucios injustos, incluso con intervención de policía y justicia, multiplica sus efectos con la mucho más cotidiana proliferación de préstamos o microcréditos con tipos de interés de usura, cuando el Banco Centran Europeo reparte gratuitamente dinero entre bancos que han cerrado el grifo de los créditos los últimos años o cobran en esa situación tipos totales próximos al 10%, dejando como alternativa la usura. “Los intereses llegan a ser de un 9.000 por ciento ya que sus créditos son a devolver semanalmente”, dice un reportaje de E. Contreras en El Economista sobre docenas de webs que ofrecen financiación desde 50 euros sin tener que acreditar un empleo y como la banca se permiten el lujo de llevar cualquier impago a una lista de morosos protegida legalmente pese a las leyes de protección de datos con el fin de que dejar fuera del mercado al deudor; es decir, dejándole así ritualmente en manos de la usura. Pero tampoco en estos casos funcionan los servicios públicos de los supervisores bancarios, policías y justicia, pese a que existe sobre el papel la prohibición de multiplicar el interés legal del dinero. 

Esos poderes ejecutivo, legislativo y judicial también se muestran inoperativos ante las decenas o centenares de miles de denuncias acumuladas anualmente contra operadoras de telecomunicaciones (desde Telefónica, Vodafone, Orange a otras menos poderosas), eléctricas (también principalmente centradas en Endesa, Iderdrola y Gas Natural o distribuidoras como energía VM del grupo constructor de Villar Mir), bancos (también en muchos casos centradas contra Banco Santander, BBVA, La Caixa, Sabadell, CataluñaCaixa u otros grandes), o aseguradoras como Mapfre o Catalana Occidente, donde las reclamaciones de los clientes se convierten igualmente en papel mojado. Incluso cuando estos aseguran las reclamaciones por daños, muchas veces invitan a  recurrir al cliente por su cuenta a la justicia y luego le demoran sin respuesta los 2.000  o 3.000 euros del coste de esas reclamaciones, según denuncias recibidas en Ibercampus. 

El dinero de los poderosos, sus abogados y lobbys, se imponen casi siempre en nombre del Estado de derecho. La influencia del lobby financiero se ha dejado notar en los últimos años, impidiendo cualquier solución colectiva a grandes fraudes al ahorro popular como los casos de las participaciones preferentes o el escándalo de Fórum Filatélico y Afinsa, con los que los bancos atraparon más de 46.000 millones de euros de los ahorros de aproximadamente un millón y medio de familias, según ADICAE. 

Frente a la indefensión, el abuso y arbitrariedad del poder y la y falta de tutela judicial de los débiles, entre quienes la justicia española a veces suele convertir lo blanco en negro, se acrecienta la fuerza de los fuertes. La misma asociación de consumidores, que ha actuado últimamente contra telecos y eléctricas, dice que, fuera del ámbito estrictamente bancario, en España está tomando fuerza la ´Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente´, un lobby de consumo que aglutina a unas cuarenta grandes marcas comerciales, entre las que se incluyen Iberia, Coca-Cola, Mercedes-Benz, Aena Aeropuertos, Banco Sabadell, Alsa, Banco Santander, Endesa, Gas Natural Fenosa, Mapfre, Laboral Kutxa, DKV Seguros, E.ON, Cetelem... Son entidades que han impuesto cláusulas suelo en las hipotecas, han vendido productos tóxicos a los ahorradores, han jugado un papel importante en la escalada de precios de la luz o han comercializado microcréditos de alto riesgo. 

Entre tanto, no solo se muestran inactivos los supervisores del tipo Banco de España, Comisión Nacional de Mercados y de Competencia, Comisión Nacional de Mercado de Valores, sino también la justicia, todos ellos con creciente influencia de los partidos políticos mayoritarios y afectados asimismo por crecientes escándalos y denuncias que acrecientan su inoperatividad o ineficacia. 

Ha habido denuncias sin efectos jurídicos ni fiscales de sobresueldos a políticos y gobernantes del PP, efectuadas por los papeles de Luis Bárcenas. Incluso el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid extendió esa práctica más allá de altos cargos del PP, a algunos militantes del PSOE, IU y sindicales. Ahora tambien sabemos de sobresueldos en los tribunales de Madrid. Hoy mismo, en vísperas del debate del Estado de la nación, denuncia EL PAÍS en su portada que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia madrileña. En total son 32 los juristas que han intervenido, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a Indra un desembolso cercano a 230.000 euros. En una nota enviada por la Comunidad de Madrid se explica que a raíz de las transferencias de Justicia, el Gobierno regional comenzó a desarrollar un sistema informático para interconectar los juzgados, y que ese esfuerzo de modernización exigía la colaboración de personal de los Juzgados, a los que obviamente se retribuía por su trabajo.


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