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El manual UE de Fernández revela las claves de futuro

Estas son las grandes reformas que ha de realizar la Unión Europea para afrontar sus desafíos

Portada del manual Libro de Donato Fernández Navarrete y Rosa María F. Egea, UAM

En muchas universidades ha desaparecido la historia de la Unión Europea (UE), pese a que tres cuartas partes de las normas nacionales que condicionan la vida de los ciudadanos vienen de las instituciones de ese proceso de integración, replicado actualmente por muchos países emergentes de Ásia, África y América. Pero el libro "Historia de la Unión Europea: de los orígenes al Brexit" está ya disponible, como manual y como guía explicativa de la historia y actualidad como del futuro de Europa.
Redacción 8 de julio de 2019 Enviar a un amigo
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En la presentación del libro Historia viva capitulos 10 y 11 del presente y del futuro también hubo coincidencia entre ponentes y público de la Universidad Popular de Tres Cantos que estamos ante la crisis más graves que ha tenido la UE, y en esta ocasión no hay seguridad de que vaya a servir para avanzar. Así lo resalta el autor del libro, Donato Fernández Navarrete, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid que ha escrito media docena de libros sobre Europa antes de escribir ahora las 450 paginas y 12 capiíulos de la obrra, que incluye ámplia cronología y bibliografia de la Unión Europea, notas muy amplias y múltiples complementos en biografias y cuadros que ayudan a entender lo que fue, es y podrá ser el proceso de construcción europea. 

"Vivimos uno de los momentos más complicados de la UE debido al aumento de los populismos, gobiernos no democraticos, levantamiento de muros a la libre circulación de personas y mercancías, etc", dijo Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. "Además de su gran interés historico para resumir el pasado, el libro alecciona desde la historia las mejores explicaciones del presdente y da pautas de lo que puede ocurrir entrelas diversas opciones abiertas ante el futuro", pues una quinta parte de la obra se dirige a explicar cómo puede discurrir desde ahora el futuro de la Unión Europea, según afirmó Gustavo Matías, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. 

En efecto, el autor explica en el capítulo dedicado a analizar el futuro de la UE que, entre las cinco opciones de futuro puestas sobre la mesa, la más probable es que tras las elecciones europeas del último fin de semana de mayo y la renovación de las principales instituciones europeas, entre ellas el nuevo Parlamento Europeola opción más probable es que se recupere el consenso entre los principales países para seguir entre ellos avanzando en la integración mediante los previstos mecanismos de coopercion reforzada entre ellos.

Por su gran interés, reproducimos a continuación parte de ese capítulo de prospectiva sobre el futuro de la Unión que incluye este libro bajo el titulo "Historia de la Unión Europea: de los orígenes al Brexit", tras ofrecer en los anteriores capítulos una visión rigurosa del proceso de construcción europeo desde sus orígenes hasta la salida del Reino Unido de la misma. Intenta explicar por qué ocurrieron los hechos y en qué contexto histórico se produjeron, porque la construcción europea, a pesar de sus problemas, es un fenómeno histórico singular qué despierta el interés no sólo de sus ciudadanos sino de todos los estudiosos."En esa casa común que estamos edificando, se han ido integrando voluntariamente la mayor parte de los Estados europeos, con independencia de que sean grandes o pequeños, ricos o pobres. En ella los Estados comparten soberanía y se comprometen a respetar los valores fundamentales de la sociedad: la democracia, la libertad, la justicia y el respeto a los derechos humanos".

Partiendo del modelo jurídico sigue la Unión Europea y el papel de los Estados en el proceso de integración, se plantean en ese capítulo sobre opciones de futuro las principales reformas que han de realizarse en la Unión para hacer frente a los desafíos que ha provocado la crisis económica de 2008 y la salida del Reino Unido de la misma.

Tales reformas son las siguientes: gestionar la salida del Reino Unido (el Brexit), completar la unión económica y monetaria, delimitar las fronteras de la Unión y culminar la integración política. Entre las claves dadas por el libro "Historia de la Unión Europea: de los orígenes al Brexit", destacan las nueve siguientes:

¿Qué modelo jurídico sigue la Unión Europea?

Al ser un proceso de integración abierto, la UE su encaje es difícil en las tipologías teóricamente existentes. No es una organización internacional pura, ni por supuesto una confederación o una federación; pero, al mismo tiempo, participa de todas estas categorías. En ella conviven elementos de cooperación (caso de la PESC) y de integración (instituciones supranacionales, competencias, presupuesto, etc.), de confederación política (Consejo Europeo) y de federación económica (unión monetaria).

Si hubiese que dar alguna definición de qué es jurídicamente la UE, consideramos que la más apropiada podría ser: una organización internacional dotada de competencias supranacionales que utiliza el método comunitario. Es una organización internacional por cuanto se fundamenta en tratados internacionales libremente establecidos entre Estados soberanos. El método comunitario es un procedimiento jurídico supranacional, muy próximo en algunos casos al de un Estado federal, aunque con características muy peculiares: la Comisión tiene, prácticamente en exclusiva, el derecho de propuesta normativa al poder legislativo (compuesto por el Consejo y Parlamento Europeo), que éste eleva a la categoría de actos legislativos y cuya interpretación corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El reparto de competencias entre el poder supranacional y los Estados, es uno de los elementos clave del federalismo. La UE también las tiene, bien es cierto que por atribución de los Estados quienes, legalmente, pueden recuperarlas.


Vídeo íntegro de presentación del libro Historia de la Unión Europea: de los orígenes al Brexit

¿Cuál es el papel de los Estados en el proceso de integración?

El control político de la Unión lo ejercen los Estados a través del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros, instituciones que ligan el poder nacional con el supranacional. Son los Estados los que se ponen de acuerdo para decidir las cuestiones de interés común y los que controlan el proceso de integración. Ninguno de los tratados ha cuestionado el poder de los Estados en la Unión y el vigente, el de Lisboa, incluso, refuerza su papel por una doble vía: la primera, por la posibilidad legal de renacionalizar competencias ya atribuidas a la Unión; y la segunda, por concederle a los parlamentos nacionales un protagonismo que no tenían y que les permite controlar determinados actos jurídicos de la Unión.

Se ha concebido un proceso de integración abierto en el tiempo y en el espacio, que ha llevado a sucesivas ampliaciones de la UE hasta incorporar a la mayor parte de los países europeos. Ello ha permitido ganar mucho en amplitud pero perder en profundidad al no haberse establecido en los tratados unas bases suficientemente sólidas. Se ha ido conformando una Unión de geometría variable, una Europa a distintas velocidades consagrada por los tratados mediante la pertenencia o no a la UEM y las cooperaciones reforzadas introducidas el Tratado de Ámsterdam

¿Los grandes retos de la Unión en el presente?

Tales desafíos son, por orden de prioridad, los siguientes: en primer lugar, la negociación sobre la salida del Reino Unido de la Unión (el Brexit), cuyo calendario ya se ha iniciado; en segundo lugar, la culminación de la unión económica y monetaria, completándola con la unión fiscal, objetivo que está condicionado a que se defina con claridad la unión política; en tercer lugar, la delimitación, lo más precisa que sea posible, de las fronteras futuras de la Unión, lo que implica replantearse definitivamente algunas de las ampliaciones previstas, sobre todo la de Turquía (y, paralelamente, establecer con claridad la política de vecindad de la Unión, entre otros vecinos y con prioridad con la propia Turquía, con Ucrania y con el Reino Unido); en cuarto y último lugar, como culminación de este proceso de redefinición de la Unión, sentar las bases del futuro modelo de integración política al que debiera de aspirar la Unión: una Europa federal.

Libro Blanco ha sido preparado con motivo de la celebración del 60 aniversario de la firma de los tratados de Roma de 1957. Su objetivo es el de abrir un debate entre los 27 miembros de la Unión –ya sin el Reino Unido (RU)-, con el fin de dar respuesta a tales problemas y muy específicamente al Brexit. Plantea cinco escenarios posibles -no excluyentes entre sí- sobre el futuro de la Unión para que sean estudiados por el Consejo Europeo y le sirvan de base para realizar una propuesta concreta antes de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en junio de 2019. Por lo tanto, este proceso de reflexión sobre la redefinición del futuro de la Unión, será paralelo al de las negociaciones de la salida del RU de la misma.

Los cinco escenarios del Libro Blanco

Los citados cinco escenarios y su contenido, sintéticamente expuesto, son los siguientes:

Escenario 1: Seguir igual. La UE de los 27 continúa con su rumbo actual: se fijan y actualizan las prioridades y se abordan los problemas a medida que van surgiendo.

Escenario 2: Solo el mercado único. La UE se centraría básicamente en el mercado único al no alcanzar los Estados miembros acuerdos significativos en otros ámbitos.

Escenario 3: Los que desean hacer más, hacen más. La Unión seguiría funcionando como hasta ahora, aunque permitiendo a los Estados miembros que lo deseen hacer cooperaciones reforzadas en ámbitos específicos tales como la defensa, la seguridad interior o los asuntos sociales. Esta sería la Europa de geometría variable (dos o más velocidades).

Escenario 4: Hacer menos pero de forma más eficiente. En este supuesto la Unión se centraría en aumentar y acelerar los logros en los ámbitos de actuación prioritarios que elija, mientras que intervendría menos en los que se percibe que no aportan un valor añadido significativo.

Escenario 5: Hacer mucho más conjuntamente. Los Estados miembros atribuyen a la Unión más competencias, más recursos y ésta toma decisiones en todos los ámbitos.

Completar la unión económica y monetaria (UEM)

El segundo de los frentes que tiene planteado la Unión para avanzar en su construcción es la de conseguir una auténtica unión económica y monetaria (UEM), de la que aun carece.

La unión económica y monetaria (UEM) es el último escalón de la integración económica y, conjuntamente con el mercado interior, conforma el mercado único de la Unión. La UEM fue creada y regulada por el Tratado de Maastricht de 1993, pero se hizo de manera deficiente como ha puesto de manifiesto la crisis de 2008 que ha obligado a reforzarla, aunque no la ha concluido.

La UEM se fundamenta en tres pilares: la unión monetaria, la unión fiscal y las medidas complementarias (de coordinación, control y supervisión de políticas nacionales) que sean necesarias para que aquella funcione de forma correcta. Todas ellas pasamos a estudiarlas a continuación. 

La unión monetaria y fiscal

 El elemento central de la unión económica y monetaria (UEM), es la unión monetaria. La UEM fue incorporada a la Unión por el Tratado de Maastricht de 1993 como una política de competencia exclusiva de la misma. En ese marco se previó la creación del BCE -que entraría en funcionamiento en 1999-, institución que goza, siguiendo el modelo alemán del Bundesbank, de autonomía propia quedando al margen del control político de las restantes instancias nacionales y comunitarias.

En propiedad, el Tratado Maastricht no reguló el conjunto de lo que teóricamente se entiende debe ser una UEM, sino solo una parte de la misma: la unión monetaria, y con no pocas deficiencias. Para que la política monetaria sea realmente eficaz tiene que venir acompañada de una política fiscal común también supranacional. Y todo ello complementado con los correspondientes mecanismos de control y supervisión de las políticas nacionales.

En la Unión Europea, el organismo que se encarga de la política montería de la Eurozona es el Banco Central Europeo (BCE), una de las siete grandes instituciones que regula el Tratado de Lisboa (véase capítulo 12). En sentido estricto, su objetivo principal es el de velar por la estabilidad de precios en la zona del euro para que el nivel de inflación se sitúe en torno al 2% de crecimiento anual. No obstante, en sentido más amplio, los tratados también le asignan otras funciones más genéricas como son las de contribuir -como el resto de las instituciones de la Unión-, a conseguir los múltiples objetivos que establece artículo 3 del TUE: un desarrollo sostenible, una economía social competitiva que aspire al pleno empleo y al progreso social, etc. A raíz de la crisis económica de 2008, el BCE ha ampliado sus competencias bien porque se le han añadido nuevas funciones, caso, por ejemplo, de la supervisión bancaria; o porque lo ha hecho por propia iniciativa, caso de la expansión cuantitativa de dinero.

En consecuencia, entre la jerarquía de objetivos que persigue el BCE, la estabilidad de precios es la principal y más específica, pero no la única. El concepto de estabilidad no debe limitarse a controlar la inflación, sino que debe extenderse a la estabilidad financiera en general. Para que el BCE pueda perseguirla ha de ser prestamista de última instancia del sector bancario y, en las situaciones económicas que lo requieran, incluso algo más, como veremos.

Pero una unión económica también exige, como segundo pilar, una política fiscal supranacional que sea común, que cuente con impuestos propios que le permita financiar un presupuesto de la Unión que multiplique por varias veces el actual (que en términos redondos se sitúa en el 1% de su PIB) que, como es sabido, se nutre de recursos propios (no de impuestos comunitarios), salvo el de aduanas, que tiene escasa capacidad recaudatoria. Una fiscalidad común ayudaría al BCE a cumplir plenamente con todas sus funciones, entre ellas la de prestamista de último recurso.

Entre la política monetaria y fiscal existen notables diferencias. Una de las principales reside en que mientras la primera no es descentralizable, la fiscal sí puede serlo. La política monetaria es, en primer lugar, política, esto es, exige de una autoridad de decisión única e independiente del gobierno, que es la que la fija y conduce; y, en segundo lugar, es monetaria; es decir, es una política muy centralista que no admite interferencias nacionales ni de otras instituciones de la Unión. En cambio, la política fiscal puede ser compatible con la existencia de varios centros políticos de decisión: comunitario, nacional, regional y local.

Como hemos visto en el capítulo precedente, hasta el presente la UE ha carecido de unión fiscal y no existen perspectivas de conseguirla en un futuro próximo. Ello se debe a que no tiene competencias en este ámbito, que continúa en manos de los Estados y cuya modificación está sujeta al principio de unanimidad del Consejo. Este principio obliga a consensuar entre los Estados cualquier acuerdo que afecte a la fiscalidad, lo que se convierte en un corsé que impide –o hace sumamente complicado- cambiar el actual modelo de financiación del presupuesto, como, por ejemplo, introducir impuestos de la Unión; o poder incrementar el presupuesto actual en el grado necesario para llevar a cabo políticas anticíclicas y realmente redistributivas. O algo aparentemente tan simple como es luchar contra los paraísos fiscales que existen en su territorio.

La unión fiscal implica la creación de un tesoro público supranacional que gestione de forma autónoma los ingresos y gastos públicos de la Unión y que cuente, además, 

con capacidad para endeudarse (emitir deuda pública). Pero la UE no solo carece de unión fiscal, es que ni tan siquiera están armonizados los principales impuestos estatales, salvo, y con limitaciones, los que más directamente afectan al mercado interior, como son el IVA y los impuestos especiales; y ambos con una armonización deficiente. Para llevarla a cabo también se requiere la unanimidad del Consejo, lo que explica, por ejemplo, que no se haya realizado en la imposición directa.

Las diferencias entre los sistemas tributarios de los Estados miembros son muy acentuadas. Existe un considerable número de figuras tributarias -más de 600-, que al estar sujetas a diferentes normas, dificultan su armonización, lo que afecta negativamente al mercado único. Por ello es necesario comenzar por reducir numéricamente tales figuras; y, acto seguido y en las que sea necesario, homogeneizar sus bases tributarias y exenciones fiscales, así como aproximar los tipos impositivos con el objeto de evitar agravios comparativos entre Estados, como actualmente ocurre, por ejemplo, con el impuesto sobre sociedades.

Al no contar con unión fiscal, la UE –más concretamente la Eurozona- no puede realizar lo que se conoce como policy mix, una combinación de política monetaria y fiscal que es el principal instrumento con el que a corto plazo cuenta un gobierno para luchar contra los choques asimétricos que producen las crisis económicas. Sirviéndose de ambas, se puede impulsar la inversión, que es la que posibilita el crecimiento económico y el empleo; así como una mejor redistribución social de la renta y mayor convergencia económica entre los Estados. En dicha combinación, la política monetaria la conduce el banco central mediante el control de la oferta monetaria, y la fiscal, el gobierno, a través del presupuesto.

Pero como la UE no puede utilizar como instrumento autónomo la política fiscal, no tiene más opción que recurrir a los Estados para que rellenen ese hueco. Ello requiere articular procedimientos de cooperación entre los mismos que, aun cuando estén bajo la supervisión de la Unión, siempre son lentos y difíciles de conseguir. Precisamente una de las razones de la profundidad de la crisis económica de 2008 en la UE y su mayor dificultad de superarla en comparación, por ejemplo con Estados Unidos que lo consiguió en menos de dos años, se atribuye a la falta de unión fiscal, que es lo que impidió actuar con prontitud y contundencia desde sus inicios.

Así, pues, la Eurozona es un área de integración monetaria pero no es todavía una unión económica propiamente dicha. La UEM fue diseñada por el Tratado de Maastricht de una forma dual: un ámbito de integración (el pilar monetario) y otro de cooperación (el pilar fiscal). Las principales consecuencias que se derivan de esa dualidad las ha puesto de manifiesto por la crisis económica de 2008. Entre ellas, destacan las dos siguientes: la primera, que el BCE ha carecido de competencias suficientes para hacerle frente con celeridad; y la segunda, que al tener que recurrir la Unión a los Estados para el componente fiscal, éstos no han cooperado en la medida necesaria ya que sus objetivos eran diferentes al no padecer la crisis en el mismo grado. Y las políticas complementarias de control y supervisión, debido a su limitado grado de exigencia, también han fallado.

Son muchos los autores que se han pronunciado sobre la necesidad de crear la unión fiscal, pero muy pocos los que hacen propuestas concretas. Yo me pronuncié al respecto antes de la crisis económica (Fernández Navarrete, 2007: 208) y también deben citarse los del think tank de la Asociación Bruegel (acrónimo de Brussels European and Global Economic Laboratory) (MARZINOTTO, SAPIR y WOLFF, 2011).

La Comisión Europea tampoco ha tomado ninguna iniciativa seria en este sentido (Comisión Europea, 2017b). El celebrado Informe de los cinco presidentes, que es el que piensa seguir la Comisión en un futuro para completar la unión económica y monetaria, no propone nada que se parezca a una unión fiscal supranacional, salvo que se debe avanzar hacia “…una Unión Presupuestaria que proporcione sostenibilidad y estabilización presupuestarias” (Comisión Europea, 2015:5); es decir, sigue confiando esta función a los Estados aunque reforzada con estabilizadores presupuestarios para hacer frente a los choques asimétricos; pero es que ni tan siquiera se plantea la necesidad de profundizar en la armonización impositiva (salvo determinados aspectos como, por ejemplo, la base imponible del impuesto sobre sociedades).

Ha sido el principal órgano de consulta de la Comisión, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) quien, por iniciativa propia, ha propuesto una cooperación reforzada entre Estados con el fin de establecer un presupuesto federal para la Eurozona que sea complementario del de la UE (CESE, 2015). Su financiación podría realizarse creando nuevos impuestos de ámbito común, y en concreto cita los cinco siguientes: sobre transacciones financieras, sobre energías no renovables, una contribución temporal sobre los excedentes en balanza de pagos de los Estados que superiores al 6 % del PIB (se supone que se refiere al saldo por operaciones corrientes), sobre la emisión de bonos garantizados conjuntamente y la participación en los ingresos de señoreaje por emisiones de billetes en euros. El CESE también propone la necesidad de crear una autoridad fiscal para la zona euro con capacidad de recaudación y de inspección de tales impuestos. Por el lado de los gastos, este nuevo presupuesto permitiría asumir un seguro común de desempleo para la Eurozona, incrementar las políticas de cohesión en la misma y realizar inversiones sostenibles asociadas a la economía verde.

Para hacer posible la unión fiscal es necesario sustituir la regla de la unanimidad del Consejo por la de  mayoría cualificada. Y también dotar a la autoridad fiscal de competencias adecuadas para supervisar las políticas económicas de los Estados, incluida la capacidad de veto de todas aquellas que estime negativas para la UEM, entre las que naturalmente estarían las de carácter presupuestario.

Hacia la integración política: ¿una Europa federal?

El último de los grandes retos que tiene pendiente la Unión es el de su integración política, uno de los principales objetivos del proceso de integración iniciado en los años cincuenta del siglo pasado. Pero dicha integración no se puede conseguir de manera inmediata sino cuando se den las circunstancias apropiadas para ello. Como hemos ido viendo en los capítulos precedentes, la UE, desde su creación, ha tenido numerosas crisis de las que se ha repuesto e incluso reforzando su proceso de construcción. Tal vez la más grave de todas ellas sea la presente, motivada principalmente por la crisis económica de 2008, la primera del siglo XXI, que ha demostrado una considerable falta de solidaridad entre los Estados y no pocas torpezas de algunas de las principales instituciones de la Unión. Esto ha originado que hayan resurgido con mucha fuerza los populismos (los principales enemigos de la democracia, de la libertad y de la solidaridad) y hasta que uno de sus socios, el Reino Unido, haya optado por el abandono de la Unión.

Para afrontar estos retos, la mejor respuesta que podrían dar los Estados y las instituciones de la Unión, sería la de mostrar un gesto inequívoco de caminar hacia una mayor integración en todos los frentes, y sobre todo en el político. Como recuerda E. Barón “La construcción de la Europa Unida no es ni un sueño de una noche de verano ni un proyecto que funciona solo cuando hace buen tiempo. Es un destino compartido en un mundo que está cambiando muy rápida y profundamente, del que los europeos somos cada vez una parte menor” (BARÓN CRESPO, 2013).

La Unión ha venido incorporando a su acervo común un importante patrimonio de valores que constituye un ejemplo para toda la humanidad. Por eso debe aspirar a funcionar, y esto sumamente importante, de forma autónoma de sus Estados miembros, de manera que no se vea afectada, como ocurre actualmente, por los cambios políticos coyunturales que puedan tener lugar en cualquiera de ellos, en particular en los grandes. Para conformar un espacio político, social y económico común, la Unión debería asumir las competencias que fuesen necesarias, tanto internas como externas, que le permitan actuar con una sola voz y un solo voto en los foros y organismos internacionales (y ello pasa por sustituir el principio de atribución de competencias por los Estados por el de competencias permanentes). Para conseguir estos objetivos, es necesaria una constitución europea clara y precisa, y para lo cual los tratados vigentes, que son abiertos, constituyen una plataforma de partida por la que continuar avanzando: el TUE, en la versión de Lisboa, ya se aproxima bastante a un esbozo constitución.

El paso hacia una integración política real no es fácil puesto que implica considerables cesiones de soberanía de los Estados a la Unión, a lo cual se resisten. Y mucho más si la finalidad es la fusión total hasta conformar los Estados Unidos de Europa, perspectiva muy lejana, si es que alguna vez se consigue. La vía elegida, tras los desastres de las dos guerras mundiales, ha sido la del consenso; por ello, para lograr la unidad política, tiene que haber una mayoría social que crea en ella. Y este no es el caso por el momento porque los Estados no trabajan lo suficiente en esa dirección.

Los requerimientos de una mayor integración política podrían proceder bien de la PESC, integrándola entre las competencias exclusivas de la Unión superando el actual estadio de cooperación ya que los tratados vigentes lo prevén (incluida una defensa común). Pero también podrían provenir, sin que constituya una alternativa a la anterior, de las propias exigencias de la unión económica y monetaria que está reclamando, cada vez en mayor medida, de una única autoridad política. O bien, de una combinación de ambas.

La Unión, como ente supranacional dotado de plena capacidad política y jurídica de actuación, ha de contar con una arquitectura institucional sólida y democrática y con un verdadero espacio económico y social común y cohesionado.

Una arquitectura institucional sólida y democrática 

La integración política exige revisar profundamente la actual arquitectura institucional de la Unión para hacerla realmente democrática. Entre otros cambios, la Comisión debería convertirse en un verdadero poder político y ejecutivo de la Unión en el que su presidente fuese elegido por sufragio universal (aunque transitoriamente podría mantenerse el actual procedimiento de elección por el Parlamento Europeo a propuesta del Consejo Europeo). El Parlamento Europeo debería pasar a bicameral: una cámara baja cuyos miembros fuesen elegidos directamente por los ciudadanos, como ya es el caso, y un senado que represente a los Estados, a lo que ya se aproxima, con muchas salvedades, el actual Consejo (Fischer, 2000).

El resto de las grandes instituciones de la Unión, salvo algunas actualizaciones, no necesitarían grandes reformas. Así, por ejemplo, el Consejo Europeo podría sobrevivir en una etapa transitoria y posteriormente bien desaparecer o bien pasar a formar parte del Senado Europeo (la segunda cámara); el BCE tendría que ver ampliadas y explicitadas claramente sus funciones tales como banco de bancos y velar por el crecimiento y el empleo; el Tribunal constitucional también tendría que extender sus funciones a tribunal constitucional, etc..

Para avanzar en ella tendría que asumir competencias en defensa (una defensa común financiada con el presupuesto común y con un ministro al frente) y una política exterior (diplomacia y relaciones internacionales, dirigida por un ministro de asuntos exteriores) también común, que le permitiese, como ya se ha dicho, hablar con una sola voz y un solo voto en los organismos internacionales. Es decir, incorporar la PESC al campo de las competencias comunitarias superando el actual estadio de cooperación entre los Estados.

Un verdadero espacio económico y social común

Por lo que respecta a la dimensión económica, área a la que a la UE se le han asumido el grueso de sus actuales competencias, puede decirse que, de hecho, algunas de ellas ya funcionan de manera similar a como lo hace en un Estado federal (este es el caso de la política monetaria donde el BCE goza de plena autonomía). La Unión ya cuenta, aunque con ciertos problemas, con un espacio económico común donde se desarrollan razonablemente bien las libertades económicas de circulación (bienes, servicios, capitales y personas); y también tiene competencias sobre una serie de políticas de carácter horizontal y vertical que es necesario ampliar y consolidar.

Una unión económica y monetaria real, ha de incluir a todos los Estados miembros y basarse en un modelo económico común, que contemple, como ya es el caso, con un banco central (BCE) dotado de todas sus competencias que le permita gestionar la moneda única y las políticas asociadas a la misma (monetaria, cambiaria, bancaria, etc.). Pero también ha de contar, como es lo normal en todos los Estados que tienen estructura federal, con un sólido presupuesto supranacional con plena autonomía fiscal y con capacidad de endeudamiento. Un presupuesto, que para hacer frente a las políticas de gasto que asumiría la Unión debería situarse, como mínimo, en el 10% de su PIB, lo que pondría fin a las limitación actuales que tiene el mismo (incluidas las legales) y, en contrapartida, financiar y  reforzar sus políticas (entre ellas la cohesión económica y social) y asumir otras que la Unión pueda resolver mejor que los Estados: señaladamente las relaciones internacionales y la defensa común; y, en la medida de lo posible y con las modalidades que se establezcan con los Estados, el seguro de desempleo, la generalización de una sanidad universal comunitaria e incluso –aunque sea compartido con los Estados- la jubilación.

Una unión fiscal ha de atribuir a la Unión impuestos propios le que permitan financiar dicho presupuesto y terminar de una vez con la actual discriminación existente entre Estados por la falta de armonización impositiva. Con independencia de que se creen nuevos tributos supranacionales, la Unión debería tener competencias –que podría compartir con los Estados-, en al menos los cuatro impuestos: entre los directos, el de las personas físicas y jurídicas; y entre los indirectos, el IVA e impuestos especiales, que son los que actualmente están armonizados. Los mecanismos de control, inspección y distribución de los ingresos entre la Unión y los Estados, también admite diversas modalidades.


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