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Los servidores estarán en la UE,no en "`paraísos digitales"

Este martes entra en vigor el Decreto-Ley anti soberanista de e-administración y e-contratación

Redacción / Actualizado 4-11-2019
Este martes entra en vigor el Decreto-Ley de administración y contratación electrónica de las administraciones públicas,según el Gobierno.Pretende configurar el DNI como único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación a todos los efectos de la identidad y los datos personales del titular, aunque parece centrado en combatir al independentismo. Una de las medidas anunciadas junto a otras ya iniciadas es 2017 es que los servidores estarán en la UE,no en "`paraísos digitales"

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad en materia de administración electrónica, contratación de las administraciones públicas y telecomunicaciones. Pese al anuncio con casi una semana de antelación de que entrará en vigor este martes, hoy lunes aún no ha aparecido su texto en el BOE. Parece un instrumento centrado en actuar sobre las páginas de la Generalitat y del independentismo catalán, pues fuentes del Ejecutivo dijeron a la agencia oficial Efe que afectará a Identicat, el proyecto de "identidad digital soberana" que puso en marcha en septiembre la Generalitat y que supone un registro voluntario de ciudadanos catalanes. También podría afectar a la página Republica.cat, cuyo servidor está situado fuera de la Unión Europea".El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunciaba que lo ha llevado personalmente al Consejo para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como la "república digital" catalana.

El texto incluye iniciativas sobre la documentación nacional de identidad, la identificación electrónica ante las administraciones, los datos que obran en poder de las mismas, la contratación pública y el sector de las telecomunicaciones. La norma refuerza la Ley de Seguridad Nacional.

Según el Gobierno ,la sociedad actual y el desarrollo y empleo de las nuevas tecnologías y redes de comunicaciones por parte de las administraciones públicas exigen sin demora un marco jurídico que garantice el interés general y, en particular la seguridad pública, asegurando la adecuada prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos.El carácter estratégico para la seguridad pública de las materias reguladas en este Real Decreto-ley se ve avalado por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que describe los riesgos asociados a las nuevas tecnologías como uno de los principales desafíos de la sociedad actual.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2017, aprobada mediante Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, identifica a las ciberamenazas y al espionaje como una de las amenazas que comprometen o socavan la Seguridad Nacional y, en coherencia con ello, identifica a la ciberseguridad como uno de sus ámbitos prioritarios de actuación. Se hace notar que el desarrollo tecnológico implica una mayor exposición a nuevas amenazas, especialmente las asociadas al ciberespacio, tales como el robo de datos e información, el hackeo de dispositivos móviles y sistemas industriales, o los ciberataques contra infraestructuras lícitas. La hiperconectividad actual agudiza algunas de las vulnerabilidades de la seguridad pública y exige una mejor protección de redes y sistemas, así como de la privacidad y los derechos digitales del ciudadano.

El Gobierno en funciones recuerda al anunciar su medida que entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean desde el punto de vista de la seguridad pública se encuentran las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y el espionaje. Estas actividades se benefician de las posibilidades que ofrece la sofisticación informática para acceder a ingentes volúmenes de información y datos sensibles.

Dice al respecto que en este punto juega un papel decisivo el proceso de transformación digital de la Administración, ya muy avanzado. La administración electrónica agudiza la dependencia de las tecnologías de la información y extiende la posible superficie de ataque, incrementando el riesgo de utilización del ciberespacio para la realización de actividades ilícitas que impactan en la seguridad pública y en la propia privacidad de los ciudadanos.

Contenido del Decreto-Ley 

El Decreto-ley en su capítulo I contempla medidas en materia de documentación nacional de identidad, dirigidas a configurar al Documento Nacional de Identidad, con carácter exclusivo y excluyente, como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.

El capítulo II establece varias medidas en materia de identificación electrónica ante las Administraciones públicas, ubicación de determinadas bases de datos y datos cedidos a otras Administraciones públicas. La finalidad de estas medidas es garantizar la seguridad pública a nivel tanto vertical en las relaciones entre las distintas Administraciones públicas cuando traten datos personales, así como a nivel horizontal entre ciudadanos y Administraciones públicas cuando las últimas proceden a la recopilación, tratamiento y almacenamiento de datos personales en el ejercicio de una función pública.

El capítulo III regula varias medidas en materia de contratación pública, todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y la protección de la seguridad pública en este ámbito.Los contratistas del sector público manejan en ocasiones, para la ejecución de los respectivos contratos, un ingente volumen de datos personales, cuyo uso inadecuado puede, a su vez, plantear riesgos para la seguridad pública. Por ello, resulta necesario y urgente asegurar normativamente su sometimiento a ciertas obligaciones específicas que garanticen tanto el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales como la protección de la seguridad pública.

El capítulo IV regula varias medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones.

Finalmente, el capítulo V refuerza los deberes de cooperación de las administraciones en el ámbito de la ciberseguridad.

Valoración del Gobierno y principales iniciativas

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, defendió que la urgencia del procedimiento responde a la necesidad de reforzar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y el "interés general del país en su totalidad demográfica y territorial".

Calvo ha argumentado que las medidas reguladas en el Real Decreto-ley afectan a siete ministerios, son proporcionadas y se han tomado de forma responsable: "En el ámbito digital ocurren cosas que, a veces, son irreparables. Por lo tanto, hay que reaccionar de manera inteligente, razonable y proporcional" ante las denominadas ciberamenazas.

Carmen Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Pool Moncloa/Fernando Calvo

Carmen Calvo ha señalado que el Documento Nacional de Identidad, con carácter exclusivo y excluyente, será el único documento con valor suficiente para acreditar la identidad y los datos personales de su titular. Además, ha subrayado que los servidores con los que operan las administraciones públicas tendrán que estar en territorio de la Unión Europea y no en paraísos digitales. "Tenemos que conocer de dónde sale la información en este país, quiénes la manejan y con qué fines", ha dicho.

La vicepresidenta también ha explicado que se refuerza el acceso de los ciudadanos a la administración pública y la protección de sus datos personales. La norma, ha añadido, incluye medidas en materia de contratación pública para garantizar que los contratistas cumplan la normativa en materia de protección de datos y seguridad pública.

En el ámbito de las telecomunicaciones, Calvo ha resaltado que hay que identificar más y mejor las ciberamenazas y reaccionar ante el espionaje y la utilización incorrecta de datos en casos esenciales para el funcionamiento de una democracia, como los procesos electorales.

Asimismo, ha recalcado que el Real Decreto-ley afecta a todas las administraciones públicas y a todas las comunidades autónomas.

Otras decisiones del Gobierno en funciones y campaña

Ayudas a la Política Agrícola Común. El Gobierno ha modificado la normativa sobre la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) para la campaña 2020 con el fin de cumplir la normativa comunitaria y agilizar la gestión de las ayudas.Además, según ha indicado la vicepresidenta, esta decisión favorece la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores a la actividad agraria y a la industria agroalimentaria.

Subvenciones para menores no acompañados. El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de subvenciones a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para mantener y mejorar la atención prestada en los centros de acogida a los menores extranjeros no acompañados, niñas y niños QUE pasan el último año del 51% al 53% de los más de 65 millones de refugiados.Carmen Calvo ha precisado que las subvenciones ascienden a 2,3 millones de euros para Ceuta y de 4,1 para Melilla.

Daños causados por temporales.El Ejecutivo ha acordado nuevas medidas para para paliar los daños causados en infraestructuras municipales y red viaria por las situaciones catastróficas registradas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019.Por otra parte, la vicepresidenta ha anunciado la aprobación de otro acuerdo para conceder casi 18 millones de euros al Consell Insular de Mallorca para la reparación de daños e infraestructuras producidos en las lluvias torrenciales y desbordamientos del 9 de octubre de 2018.

Desmantelamiento del almacén de gas Castor.El Gobierno ha decidido sellar de manera definitiva los pozos del almacenamiento subterráneo de gas denominado Castor, ya que, ante los consumos actuales y futuros de gas natural, el proyecto no es viable ni necesario.Santander, CaixaBank y Bankia han formulado una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" por los 1.350 millones de euros no recibidos de la construcción del yacimiento Castor, más los daños causados, lo que avala la idea de que los 1.350 millones pagados por el paralizado Castor tendrán que pagarlos banca o contribuyentes  .

Incidentes de ejecución ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno ha aprobado plantear incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional por los acuerdos de la Mesa del Parlament de Cataluña para volver a debatir sobre el derecho de autodeterminación, la monarquía y la sentencia del 'procés', aunque ya ha sido apercibida por el propio Tribunal hace unos días.La vicepresidenta también ha resaltado que el Consejo de Ministros ha acordado solicitar un informe urgente al Consejo de Estado para impugnar una moción del Parlament sobre la vulneración de derechos fundamentales, aprobada el pasado 24 de octubre.Por otra parte, Carmen Calvo ha informado de que el Ministerio de Justicia ha firmado una encomienda a la Abogacía General del Estado para que se persone "en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los procedimientos que se sigan contra ellos por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones".

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