Los manifestantes recorrieron las céntricas calles de la capital chilena y exigieron al Gobierno que "estatalice" este centro privado si se confirma el cierre anunciado por el ministerio de Educación. La Universidad del Mar es una de las siete instituciones que desde el pasado junio está siendo investigada por supuestas irregularidades y abandono de su proyecto educacional.
El pasado 29 de octubre, el ministerio de Educación solicitó, tras cinco meses de análisis de los estados financieros y académicos, la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial a dicha universidad.
La medida se ha tomado en 45 centros educacionales desde 1993, pero se trataban de instituciones que no eran autónomas y estaban bajo la tutela del Consejo Nacional de Educación (CNED).
Así, los cerca de 18.000 estudiantes de esta universidad, fundada en 1989 y con sedes en 15 ciudades del país, ven amenazado su futuro académico ante un eventual cierre del centro que se discutirá en los próximos seis meses.
El ministro de Educación, Harald Beyer, apeló a la "buena voluntad" de otros centros para recibir a los alumnos que eventualmente queden desamparados si el CNED accede a cerrar la casa de estudios.
El caso de la Universidad del Mar se remonta al mes de junio pasado cuando el entonces rector del centro, Raúl Urrutia, denunció que la corporación mantenía impagos en los sueldos de profesores y funcionarios para pagar el arrendamiento de sedes pertenecientes a empresas de fachada que también les pertenecían. Urrutia, un exdiputado conservador, renunció a su cargo tras formular la denuncia.
A estas irregularidades se suma la detención el pasado sábado del expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz junto a los exrectores de la Universidad del Mar Héctor Zúñiga y de la Universidad Pedro de Valdivia Angel Maulén, por presuntos delitos de cohecho y negociación incompatible. Según la Fiscalía, sobre las autoridades académicas pesan cargos de presuntos sobornos a Díaz, con el fin de conseguir una mejor calificación de sus respectivas universidades, requisito indispensable para recibir los presupuestos del Estado.
La Fiscalía asegura que el exdirectivo de la CNA recibió, durante el periodo 2009-2011, alrededor de 300.000.000 de pesos chileno (unos 625.000 dólares) por concepto de pagos por parte de las universidades que buscaban acreditarse. Los tres acusados quedaron en libertad con medidas cautelares.
Ante esta situación, el ministro de Educación, aceptó que en Chile existe un sistema regulador deficiente, un sistema de acreditación débil y una falta de fiscalización. "Tenemos un sistema universitario que está muy de lado de las instituciones y poco del lado de los estudiantes", admitió Beyer en declaraciones a Radio Cooperativa.
La marcha, respaldada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), se desarrolló sin incidentes y congregó unas 500 personas, que entregaron una carta a Beyer para reclamar una mayor implicación del Ejecutivo para que regule el lucro de los centros universitarios
