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EDUCACIÓN
"El conflicto crea un ambiente asfixiante",dice el informRSF

Europa insta a respetar el español en las escuelas de Cataluña, que merma la libertad de prensa

Mapa de la libertad de prensa en el mundo 2018

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anunció este martes en Bruselas que enviará una carta a la Generalitat para preguntar sobre la presunta discriminación de los castellanohablantes en escuelas. Mientras, el presidente Rajoy no veía "discrepancias" entre Montoro y Llanera y Zoido negaba que existiera una instrucción para incautar camisetas amarillas a los aficionados que acudieron a la final de la Copa del Rey de fútbol. Las requisadas lo fueron por sus "mensajes políticos", dijo.
Redacción 25 de abril de 2018 Enviar a un amigo
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La presidenta de la citada Comisión en la Eurocamara, Cecilia Wikström, recordó que Cataluña debe garantizar que la oferta de clases en castellano en los colegios públicos sea del 25%. Recordó al respecto el fallo del Tribunal Supremo en este sentido, y desestimó "por ahora" el envío de un equipo para examinar la situación, aunque se hará si la respuesta de las autoridades catalanas no es satisfactoria.

Entre tanto, el conflicto catalán "exacerbó las tensiones y creó un ambiente asfixiante para los periodistas" en España, donde la libertad de prensa se ha resentido y ha bajado dos puestos en la clasificación mundial que elabora cada año un informe de Reporteros sin Fronteras (RSF). España ha descendido a la posición 31º de la Clasificación Mundial 2018 de la Libertad de Prensa debido a que "los periodistas fueron víctimas colaterales del conflicto entre el gobierno central y el catalán" por el referéndum del 1 de octubre, explica RSF en su informe.

"El clima de tensión ha durado varios meses", denuncia la organización, durante los cuales "un gran número de periodistas no independentistas han sufrido linchamientos en las redes sociales, a veces impulsados por responsables de prensa del gobierno catalán", detalla. Son conclusiones en la misma línea que las del 2017.

Agresión a periodistas

RSF lamenta que durante la cobertura del referéndum varios periodistas fueran agredidos físicamente, otros fueran intimidados por la policía y que "las multitudes furiosas" obstaculizaran el trabajo de reporteros de canales nacionales y catalanes mientras cubrían manifestaciones a favor o en contra de la independencia.

Recuerda también que los periodistas de RTVE protestaron contra la dirección y criticaron la cobertura del referéndum por su "visión parcial y sesgada de los hechos".

La organización destaca como una "buena noticia" en España la reforma de la ley de elección de cargos de RTVE, que "debe detener la manipulación de la información en la televisión pública y restaurar su pluralidad e independencia".

Sin embargo, insiste en que la denominada ley mordaza sigue representando una "fuerte" amenaza para la libertad de prensa en España y califica de "preocupante" que se detuviera en territorio español a los periodistas de origen turco Hamza Yalçin y Dogan Akhlani, que posteriormente fueron liberados.

RSF advierte en su clasificación mundial de que la creciente hostilidad contra los medios, alentadas por algunos dirigentes políticos y por el deseo de regímenes autoritarios de imponer su visión del periodismo, constituye una amenaza para las democracias que también afecta a Occidente.

En Europa, la erosión del modelo "tiende a confirmarse" no solo por el asesinato de dos reporteros, sino por el clima alarmante en el que se amenaza a los periodistas de investigación y se dan "ataques verbales sin precedentes para la prensa". 

Otras novedades de Cataluña en la prensa de hoy

Entre tanto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que apoya la denuncia de la Fiscalía contra nueve profesores por denigrar a varios alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil tras el 1-O. "Es un episodio absolutamente lamentable", dijo.

Por su parte, la Mesa del Parlament aprobaba la delegación de voto solicitada por el exconseller Antoni Comín, que se encuentra en Bruselas a la espera de que la justicia belga se pronuncie sobre la euroorden dictada por el Tribunal Supremo. El voto delegado de Comín, junto con el de Carles Puigdemont, permitirá al bloque independentista sumar los votos necesarios para elegir un nuevo presidente de la Generalitat en segunda votación si los cuatro diputados de la CUP se abstienen.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer, en la rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, que el PP pedirá a la Mesa del Parlament que Comín no pueda delegar su voto porque eso "no tiene sentido alguno", y a partir de ahí estudiarán "todas las acciones legales para evitar que se tomen decisiones que contravengan lo que establece la legislación vigente". En cualquier caso, insistió en que "lo más importante" en estos momentos es que se recupere la "cordura" y la "normalidad" en Cataluña, que necesita "ya" un Gobierno "legal".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que el acuerdo de la Mesa del Parlament está siendo estudiado por los servicios jurídicos del Estado, y que el Gobierno valorará la posibilidad de impugnar la decisión.

La Mesa se volvía a reunirse este miércoles para decidir si acepta a trámite las reconsideraciones al voto delegado del exconseller presentadas por Ciudadanos, PSC y PP. Estos tres partidos pidieron al Gobierno que recurra al Tribunal Constitucional la delegación del voto de Puigdemont y Comín. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclamó al Ejecutivo que "despierte" y recurra al Constitucional la delegación del voto de los "huidos de la Justicia". La portavoz del PSC, Eva Granados dijo que su partido considera ni el expresidente ni el exconsejero deberían tener derecho a voto. "Una vez agotada la reconsideración, hasta ahí llegará nuestra actuación", añadió.

La portavoz adjunta de JxCat, Gemma Geis, dijo que no le resultan "extrañas" las declaraciones de "amenazas" del presidente del Gobierno. "Esa cantinela de impugnación de voto ya la hemos escuchado antes", ironizó. Para el portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabriá, sería un "sinsentido" que se impugnara la delegación de voto del exconseller cuando no se ha hecho con Puigdemont. Sabriá advirtió de que el independentismo no debería "arriesgarse" a lograr una investidura "en el último minuto".

"El PP ayuda la formación de un Gobierno en Cataluña", titula EL PAÍS. El diario sostiene que el presidente del Gobierno debatió con la cúpula del PP si debían recurrir contra la delegación de voto de Puigdemont y Comín pero estimaron que era mejor dar facilidades y favorecer que no haya elecciones.

EL MUNDO apunta que el Gobierno "quiere actuar con garantía de éxito ante el Constitucional, esto es, que los fallos a sus recursos contra el independentismo sean por unanimidad", por lo que prefiere reservarse para actuar "con contundencia" contra la Ley que tramita el Parlament que permitirá la investidura de un candidato vía telemática". En la misma línea, LA VANGUARDIA informa que desde Moncloa apuntan que no se trata de "recurrir por recurrir" por lo que el Gobierno es más partidario de esperar a la aprobación de la reforma de la ley de Presidencia de la Generalitat. "JxCat y ERC aceleran hacia otra investidura fallida antes de la real", titula EL PERIÓDICO. El diario destaca que ambos partidos planean aprobar el 3 de mayo la reforma legal para una presidencia telemática.

Rajoy no ve "discrepancias" entre Montoro y Llanera

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó que haya "discrepancias" entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ya que "cada uno en su ámbito ha velado por el cumplimiento de la ley". Rajoy insistió en que a partir de ahora debe ser la Justicia la que determine si se han "falseado" facturas en la financiación del referéndum del 1-O. El jefe del Ejecutivo aseguró que la colaboración del Gobierno con los tribunales siempre ha sido, es y será "total y absoluta" y recordó que ya recurrieron al Constitucional las partidas dedicadas en el Presupuestos a los "acontecimientos" del 1-O. "Se ganó y dejó de haber partidas que pudieran dedicarse a lo que se produjo el 1 de octubre en Cataluña", añadió.

EL MUNDO informa, en su noticia de apertura, que la Abogacía del Estado considera "acreditada" y "obvia" la malversación para "promover y organizar el ilegal referéndum". Así lo constató en un informe que presentó el 13 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La Abogacía, según el informe, ha hallado "partidas presupuestarias ocultas" que supone que la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, no ha detectado.

EL PERIÓDICO se hace eco del informe entregado por la Guardia Civil al Juzgado en el que sostiene que la interventora de la Generalitat omitió información cuando se le solicitaron datos sobre determinadas facturas del 1-O. EL ECONOMISTA informa que Hacienda ha requerido repetidamente a Vidal datos de las subvenciones a entidades soberanistas como AMI, ANC y Òmnium, así como de pagos a las empresas de Jaume Roures, tecnológicas como T-Systems e IBM, Agrolimen y el diario Ara, además de los gastos de todos los estudios y conferencias relacionadas con el independentismo.

LA RAZÓN destaca que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont aportará a la Audiencia Territorial de Schleswig-Hosltein, que debe decidir sobre su entrega, las declaraciones del ministro de Hacienda negando que en el proceso independentista se desviara dinero público.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró ayer en el Senado que el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) desvió en 2017 más de 1,5 millones de euros para favorecer el independentismo. Según explicó, la disolución del Diplocat fue una medida "responsable y proporcionada".

Zoido niega instrucción para incautar camisetas amarillas 

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, negó en el Senado que existiera una instrucción específica u orden extraordinaria para incautar camisetas amarillas a los aficionados que acudieron a la final de la Copa del Rey de fútbol, y que las que requisaron no lo fueron por su color sino por los mensajes "políticos" que llevaban escritos, en cumplimiento con la ley. Zoido respondía así al senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries, quien interpretó la retirada de las camisetas como una muestra de "odio a los catalanes y a lo catalán", un "abuso de autoridad" y una vulneración de la libertad de expresión.

El PSOE apoyó la petición cursada por el PDeCAT, ERC y Podemos para que el ministro de Interior dé explicaciones en el Congreso sobre la incautación de camisetas amarillas en la final de la Copa del Rey. La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, dijo que llevar prendas de ese color "no tiene que significar nada". Para la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, requisar las camisetas amarillas "fue un exceso".

EL PERIÓDICO informa de que un inspector jefe de la unidad antidisturbios "ordenó requisar las camisetas amarillas con el lema de Ara és l'hora. La decisión, según el diario, fue respaldada por el comisario general de Seguridad Ciudadana.


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