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ECONOMÍA
Derecho de veto para Madrid y Londres sobre Gibraltar

Europa urge garantizar los derechos de 4,5 millones de afectados por el Brexit, casi 10% en España

Declaraciones del presidente tras este Consejo Europeo

La cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas reclamó a Londres garantías sobre los derechos de las 4,5 millones de personas afectadas tras aprobar este sábado las «directrices» de la negociación del Brexit, ante el inicio de las discusiones entre Bruselas y Londres, que tendrán derecho de veto sobre Gibraltar. La regociacion arrancará tras las elecciones británicas del 8 de junio. La Comisión cifra en unos 60.000 millones de euros la factura que debería abonar Gran Bretaña y que esta no acepta
Redacción 3 de mayo de 2017 Enviar a un amigo
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A España la decisión del Consejo Europeo de condicionar cualquier futura relación entre Gibraltar y la UE a un acuerdo previo entre el Reino Unido y España le ha otorgado un poder de veto sin precedentes sobre la colonia, según informa este miércoles El País. A la hora de ejercer esa facultad, España ya ha trazado sus líneas rojas. Entre ellas, que no admitirá un acuerdo que permita a Gibraltar mantener una competencia desleal con su entorno español. Así lo asegura el informe sobre el Brexit que el Ministerio de Exteriores ha enviado al Congreso. “España no puede aceptar que la UE negocie con el Reino Unido una relación que no sea compatible con la posición española sobre la reivindicación territorial, que no respete los intereses españoles, de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y que no impida una situación de competencia desleal con el territorio español”.

Aun así, lo prioritario será negociar los derechos de los europeos en Reino Unido (102.000 españoles) y los británicos en la UE (286.000 en España). «En las últimas semanas hemos escuchado de manera reiterada de nuestros amigos británicos (...) que están preparados para un acuerdo sobre este punto rápidamente. Pero necesitamos garantías reales para nuestra gente que vive, trabaja y estudia en el Reino Unido, y lo mismo para los británicos», dijo tras la cumbre el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien ha subrayado que hay 4,5 millones de ciudadanos afectados, tanto europeos en el Gran Bretaña como británicos en la Unión Europea (UE).

El texto aprobado subraya que esas garantías deben ser «efectivas, aplicables, no discriminatorias y completas e incluir el derecho a adquirir la residencia permanente tras un periodo continuado de cinco años de residencia legal».Tusk ha advertido a Londres de que «para alcanzar un progreso real, necesitamos una respuesta británica seria. Tan pronto como el Reino Unido ofrezca garantías reales, podremos llegar rápidamente a una solución»Por otra parte, los Estados miembros han recalcado su «unidad» sobre los principios que guiarán las futuras negociaciones, que se llevarán a cabo «en fases», centrándose en una primera etapa en resolver «la desconexión» y en facilitar toda la claridad y certidumbre legal, en particular a los ciudadanos.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, destacó en Twitter la “unidad” existente entre los socios, y subrayó que las directrices fueron adoptadas por unanimidad “en menos de 15 minutos”. Los mandatarios dieron así luz verde al “conjunto de posiciones y principios que la Unión seguirá a lo largo de toda la negociación”, según el texto adoptado, que añade que esas directrices podrán ser actualizadas durante la negociación, si fuera necesario.

La canciller alemana, Angela Merkel, indicó que "la UE quiere una buena relación con el Reino Unido, pero como 27 también queremos representar de forma conjunta nuestros intereses". La salida de Reino Unido "tendrá necesariamente un coste para los británicos", subrayó el presidente francés, François Hollande.

Rajoy, contento con las 'líneas rojas'

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se mostró satisfecho con las líneas rojas marcadas por la UE ante el Brexit y apeló a mantener la unidad a lo largo del proceso de negociación para garantizar una salida del Reino Unido "razonable y que nos vaya bien a todos". Celebró, además, "que nadie haya discutido" que la cuestión de Gibraltar quede fuera de las negociaciones sobre el Brexit y que cualquier acuerdo posterior sobre el Peñón requiera el visto bueno de España. "Queda claro que Gibraltar se va cuando se vaya el Reino Unido de la Unión Europea, igual que se va Escocia, igual que se va Gales, igual que se va Irlanda del Norte", señaló el jefe del Ejecutivo, para añadir a continuación que "España lo único que tiene es, como siempre, una posición constructiva".

Una vez el Consejo Europeo considere que hay «progreso suficiente» en la primera fase de cara a «una retirada ordenada», se podrá pasar a la segunda, en la que se aspira a alcanzar un «entendimiento sobre el marco de la futura relación» entre los Veintisiete y Londres.Como anexo a las directrices aprobadas, se ha incluido a petición de Irlanda una declaración que deja claro que el norte de la isla pasaría a formar parte de la UE automáticamente en el caso de la eventual reunificación.

La factura del Brexit, cercana a 60.000 millones 

El texto aprobado fija también otras dos prioridades:  aclarar la factura que deberá pagar Londres por su salida y la situación en que queda la frontera con Irlanda del Norte. También fija los compromisos del Reino Unido con organismos como el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. Pese al malestar que generó en el Gobierno británico, se mantiene sin cambios el párrafo que deja fuera de las negociaciones del Brexit la situación de Gibraltar y se recuerda que cualquier entendimiento posterior que afecte al territorio necesitará el visto bueno de España. Los socios comunitarios atendieron también la petición expresa del primer ministro irlandés, Enda Kenny, para que conste en las actas de la reunión que la UE tiene presente los Acuerdos de Viernes Santo, que contemplan un mecanismo para la unificación de Irlanda, de modo que, de producirse en los términos previstos, el territorio sea parte de la Unión Europea.

La Comisión Europea cifra inicialmente en unos 60.000 millones de euros la factura que debería abonar Gran Bretaña al salir de la UE y que Londres no acepta. La UE además exige que la cifra se fije en euros ante la previsible depreciación de la libra esterlina e incluya el coste del traslado al continente de las agencias europeas ubicadas en Londres (Medicamento y Autoridad Bancaria).   

La preservación de la UE como proyecto político y económico se ha convertido en la máxima prioridad de los Veintisiete en el actual contexto de auge del populismo, malestar social y amenazas exteriores en un mundo globalizado

La amenaza del paraíso fiscal y financiero 

El documento discutido por los Veintisiete no menciona los servicios financieros en el eventual acuerdo futuro de libre comercio con Gran Bretaña, un aviso a la City londinense y a May por su amenaza transformar el país en un paraíso fiscal. El documento subraya que el eventual acuerdo comercial incluirá cláusulas de salvaguarda contra la competencia desleal británica en materia tributaria, social, medioambiental y normativa. El acceso limitado de Dinamarca a los datos de Europol después de que decidiera no participar en la política europea de Interior es otro toque de atención a May por su amenaza de restringir la cooperación antiterrorista con la UE.

El inicio de la negociación del 'brexit' se retrasará hasta después de las elecciones anticipadas británicas del 8 de junio, convocadas por May para consolidar su poder dentro del dividido Partido Conservador e intentar marginar al Partido Laborista aprovechando su debilidad. Pero el retraso no cambiará la postura de la UE, avisa el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. May confía en que podrá manipular los intereses nacionales de algunos países clave y de sus aliados tradicionales en la UE para dividir el frente común europeo y obtener un acceso a la carta al mercado europeo con un coste mínimo. Espera que la augurada victoria de Macron en las presidenciales francesas del 7 de mayo suavice la dura actitud mostrada hasta ahora por Francia en el 'brexit', gracias a su posición favorable a la globalización, el libre comercio y la política económica neoliberal.

Francia y Alemania  piensan en una relación especial 

Macron declaró en Londres en febrero después de reunirse con May que su estrategia sería "defender una relación especial entre Gran Bretaña y Europa
y en particular entre Gran Bretaña y Francia", como pide la 'premier'. El director del equipo político de May y amigo personal de Macron, George Freeman, ha definido al candidato como el "John F. Kennedy francés" y los asesores de la 'premier' estiman que será "sensible" a los planteamientos británicos. Londres también confía en que sus tradicionales aliados económicos (Holanda, Dinamarca e Irlanda) y políticos (Hungría y Polonia) se muestren "comprensivos" durante las negociaciones del 'brexit', subestimando que su prioridad es evitar la descomposición de la UE por un efecto dominó.

May, según Eliseo Oliveras de EL PERIÓDICO, ha depositado excesivas esperanzas en los intereses económicos alemanes en Gran Bretaña (tercer mercado mundial de exportación para Alemania), sin tener en cuenta que los casi 400.000 empleos británicos que dependen de firmas alemanas debilitan la capacidad negociadora británica. Asimismo, May parece soslayar que tanto Berlín como la industria alemana priorizan el interés a largo plazo de preservar la UE, de la que las empresas alemanas son las principales beneficiarias, sobre eventuales ventajas comerciales a corto plazo en el mercado británico. Incluso el 10% de las compañías alemanas en Gran Bretaña ya se están planeando repatriar inversiones a Alemania y a otros países de la UE, según las Cámaras de Comercio e Industria Alemanas (DIHK). Por si quedaban dudas, la cancillera alemana, Angela Merkel, advirtió este jueves a Londres que vive fuera de la realidad y que "alguna gente en Gran Bretaña aún se hace ilusiones". Merkel subrayó que no se abordarán las futuras relaciones entre Gran Bretaña y la UE hasta que no se hayan resuelto "de forma satisfactoria" las condiciones de salida y el pago británico de sus compromisos financieros.

 


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