Este website utiliza cookies propias y de terceros. Alguna de estas cookies sirven para realizar analíticas de visitas, otras para gestionar la publicidad y otras son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio. Si continúa navegando o pulsa en aceptar, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies?
Versión Española Versión Mexicana Ibercampus English Version Version française Versione italiana

viernes, 15 de diciembre de 2017  
    en Ibercampus en  | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | Suscribirse | RSS RSS
I+D+i
Capital humano
Economía
Cultura
Estrategias verdes
Salud
Sociedad
Deportes
Debates y firmas invitadas
Entrevistas
Educación
Becas & prácticas
Empleo y Formación
Iberoamérica
Tendencias
Empresas y RSC
Universidades
Convocatorias
Ranking Wanabis
Denuncias de los consumidores
Consumo
El Tiempo
EMPRESAS Y RSC Ampliar +  
El Congreso convalida el decreto que transpone a directiva europea de información sobre RSC
Alianza de 9 grandes industrias para impulsar el mercado de bonos verdes
La Administración saca a concurso sus viajes, que generan 285,6 millones de € anuales a Halcón
ABENGOA
ABERTIS
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ADECCO
AMADEUS
ARCELORMITTAL
BANCO POPULAR
BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
DIA
EBRO
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IAG (IBERIA)
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
JAZZTEL
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REE
REPSOL
SACYR
TÉCNICAS REUNIDAS
TELEFÓNICA
VISCOFAN
UNIVERSIDADES Ampliar +  
Este miércoles, otra huelga de becarios UAM objeto de fraude
La Fundación Aquae analiza los retos del agua en el siglo XXI
Publicadas las últimas ayudas públicas a organizaciones programas y fondos internacionales
 Universidades





















ENTREVISTAS Ampliar +  
"El magnetismo del grafeno se puede controlar con átomos de hidrógeno"
"Podríamos salvar a los animales que aún tenemos y mantenerlos durante algo más de tiempo"
"Por resistencia a la movilidad, muchas familias ni se plantean que sus hijos dejen la provincia"
EMPLEO Y FORMACIÓN Ampliar +  
Aumenta un 30% el número de alumnos de FP a distancia
SERMAS anuncia la convocatoria de 19.700 plazas de OPE ante la huelga de la sanidad madrileña
El paro subió en noviembre: Cataluña, peor registro desde 2009 y Arrimadas y Rovira lo ignoran
IBEROAMÉRICA Ampliar +  
SEGIB: Argentina, México, Brasil, Chile y Cuba lideran la cooperación sur-sur en Iberoamérica
Primera radiografía de la economía digital colombiana
Maestros de UAM crean una plataforma de empleo a personas con discapacidad
TENDENCIAS Ampliar +  
Las 5 grandes tendencias en Transformación Digital
Google y Facebook acaparan ya un cuarto de toda la publicidad global y el 61% de la online
Lo que dicen las jóvenes al hablar de hombres
Evaluación de la solvencia y crédito hipotecario

Evaluación de la solvencia y Anteproyecto de crédito hipotecario. Más de lo mismo


Sobre la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.
http://hayderecho.com/2017/05/22/evaluacion-de-la-solvencia-y-anteproyecto-de-ley-de-contratos-de-credito-inmobiliario-mas-de-lo-mismo/ 11 de julio de 2017 Enviar a un amigo
Comparte esta noticia en LinkedInComparte esta noticia en FacebookComparte esta noticia en TwitterEnviar a MeneaméAñadir a del.icio.usAñadir a YahooRSS


Hoy ya nadie duda que esta crisis financiera se ha originado principalmente por consecuencia de una actuación irresponsable de los operadores del mercado, particularmente los prestamistas que han concedido créditos a personas que no los podían devolver. Así se reconoce en el Considerando 1 de la Directiva de crédito hipotecario de 4 de febrero de 2014 (DCH), la cual pretende ser traspuesta, con cierto retraso, en el Derecho español por el Anteproyecto de Ley de contratos de crédito inmobiliario (ACI).

La existencia de cláusulas abusivas en la contratación bancaria ha agravado la posición de los prestatarios, pero esta conducta irregular no es la causante de esta crisis financiera, sino una concesión irresponsable de crédito por parte de los prestamistas. Así sucedió en la crisis de 1929 y así ha vuelto a suceder en 2008. En la crisis de 1929 se pedía prestado para comprar acciones y se prestaba sin control sobre la base de que las acciones siempre subirían. Las acciones subían porque la gente las compraba y las compraban porque subían creándose una burbuja bursátil. El problema era que la compra de acciones se hacía con dinero prestado y una bajada del precio de las acciones provocaba la imposibilidad de devolver el préstamo concertado para su adquisición.

El mismo esquema se ha repetido en 2008 con la compra de inmuebles. Sobre la base de que el precio de los inmuebles no bajaría nunca, se prestó alegremente, sin valorar adecuadamente la solvencia del prestatario ni su capacidad de reembolso. Tan solo se tuvo en cuenta el valor del inmueble dado en garantía, tasado generosamente con base en el optimismo de que el inmueble valdría más en el momento de una eventual ejecución que en el de concederse el préstamo. Los bancos no evaluaron correctamente la solvencia del deudor, su capacidad de pago y si lo hicieron, prescindieron de sus resultados. Se basaron en el valor de la garantía, en el valor de un bien de valor incierto (sujeto a las fluctuaciones de la oferta y la demanda), inventando un escenario de subida de precios. Se habían sentado las bases de una nueva burbuja, en este caso, inmobiliaria

En ambas crisis hubo un denominador común: los bancos prestaron a personas que no podían devolver el dinero y con base en activos de valor incierto.

Precisamente por ello, la Directiva de crédito hipotecario dedica especial atención a la obligación del prestamista de evaluar la solvencia del potencial cliente, así como a regular los datos financieros de los particulares a los que debe acceder (arts. 18 y ss DCH). Pero estos temas aquí no despiertan interés: no generan “mercado” para los despachos. Por su parte,  los bancos cuanto más presten, mejor y si prestan mal ya les rescata el Estado. Tampoco los consumidores tienen mucho interés en que se preste de manera responsable, no sea que les vayan a denegar los préstamos. No se han tomado las medidas para evitar los excesos y tendremos otra burbuja pronto.

Ya traté aquí  sobre el alcance de la obligación de evaluar la solvencia en la DCH ¿Cuál es la posición del legislador español en la transposición?  Pues bien, la sorpresa es mayúscula cuando resulta que ese Anteproyecto no regula esta importante cuestión y se limita a remitir su tratamiento a desarrollo reglamentario. Así, la disposición final decimocuarta señala que “el Gobierno (…) podrá desarrollar mediante Real Decreto disposiciones relativas “las condiciones y efectos de la evaluación de la solvencia del potencial prestatario (apartado i)). Y no he visto que ningún partido político (ni siquiera los llamados populistas)  haya reaccionado contra un tema tan importante que nos puede llevar a otra crisis financiera y también política.

¿Y qué significa que el Anteproyecto remita ESTE TEMA  A UNA NORMA REGLAMENTARIA? Para empezar un aspecto clave de la DCH queda sin trasponer, lo cual podrá hacernos merecedores de las oportunas sanciones por parte de la UE. Pero el que sea el reglamento el instrumento para regular una cuestión tan relevante, como es la regulación del préstamo responsable, ya evidencia la ineficiencia del futuro régimen jurídico de la obligación de evaluar la solvencia. No se quiere cerrar la puerta a nuevas burbujas inmobiliarias que tantos ingresos han generado a muchos. Me explico.

El mercado de crédito es un mercado privado y el legislador debe establecer reglas que generen incentivos al buen comportamiento de los operadores del mercado. Si el prestamista no evalúa correctamente la solvencia, transfiere el riesgo a través del mercado secundario y es rescatado con dinero público. Se produce una situación de riesgo moral. El modelo vigente hasta la fecha se ha mostrado insuficiente y lo cierto es que el ACI insiste en un modelo que ha fracasado. Hay que tener en cuenta las circunstancias de nuestro sistema financiero altamente concentrado y poco competitivo. A mayor tamaño de las entidades, mayor es su riesgo sistémico y que “sean demasiado grandes para caer” (too big to fail).  Para evitar situaciones de riesgo moral en el nuevo contexto económico es necesario crear un marco jurídico de la obligación de evaluar la solvencia que actúe como freno a la concesión irresponsable de crédito y, para ello, es preciso que sea el prestamista el que efectivamente asuma las consecuencias del incumplimiento de tal obligación.

Ahora bien, la asunción de riesgos es parte inherente a la actividad bancaria ordinaria. La regulación de la obligación de evaluar la solvencia no puede conducir a desnaturalizar la esencia del negocio bancario, exigiéndose que el prestamista contrate a riesgo “0”. Los prestamistas no tienen más remedio que asumir riesgos y lo hacen con recursos procedentes de los depósitos de sus clientes, quienes no pueden controlar su actividad.

Hay varias opciones regulatorias del régimen jurídico de la obligación de evaluar la solvencia y la DCH no impone ninguna, sino que se limita a establecer en su art. 38 que las sanciones aplicables en caso de las disposiciones nacionales sobre la base de la DCH deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

La primera opción es hacerlo desde el ámbito de las normas de transparencia bancaria, de forma que el incumplimiento de tal obligación no tenga efectos contractuales en el contrato celebrado con el cliente bancario, sino que sea merecedor de sanciones administrativas impuestas por el regulador. Este ha sido el régimen vigente hasta la fecha en el art 18 de la Orden de Transparencia 2899/2011, de 28 de octubre . Si el prestamista no evaluaba correctamente la solvencia o concedía un préstamo a sabiendas de la incapacidad del deudor para devolverlo, ello “en ningún caso afectará a su plena validez y eficacia, ni implicará el traslado a las entidades de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de los clientes”.

Por lo tanto, si el deudor deviene insolvente por consecuencia de esa concesión irresponsable de crédito (no por circunstancias sobrevenidas, paro, enfermedad, crisis matrimoniales), se verá obligado a cumplir el contrato con todos sus bienes presentes y futuros, incluyendo tanto el pago del capital como los intereses moratorios y remuneratorios. Este ha sido el régimen vigente hasta la fecha.

Como se puede apreciar, la regulación se centra al ámbito de normas de conducta, dirigidas a establecer criterios de actuación de las entidades financieras controlables por el supervisor financiero, sin consecuencias en el ámbito del Derecho privado. Se tutela el interés general encomendado a la autoridad pública y no el interés particular del cliente bancario en la relación contractual específica. Por ello, las sanciones impuestas por su incumplimiento son administrativas con arreglo a la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (art. 89 y ss).

Las sanciones administrativas, a mi juicio, no son disuasorias porque dejan en manos del regulador su imposición, el mismo que tiene que garantizar la solvencia de la entidad. Además, ya sabemos que en España el regulador puede actuar o no. ¿Qué consumidor insolvente va a denunciar a una entidad financiera para que el regulador le imponga una sanción administrativa? Seamos realistas. Tampoco se va a meter en el jardín de demandar daños y perjuicios a la entidad financiera por falta de medios para emprender una acción de tal naturaleza. El resultado ya lo hemos visto: el consumidor insolvente se ha visto privado de la vivienda y en muchos casos, quedando obligado al pago del pasivo pendiente que quedara tras la ejecución. La entidad financiera que ha actuado de forma irregular no ha pagado ningún “peaje”, no teniendo límites en la ejecución del derecho de crédito. Esto conduce -insisto- a que el prestamista actúe en situación de riesgo moral.

En consecuencia, hay que cambiar de sistema, algo que ya han hecho otros ordenamientos. Así, la segunda opción de regulación de la obligación de evaluar la solvencia es establecer consecuencias contractuales en el contrato con el consumidor. En otros ordenamientos, como es el caso de Francia, Suiza o Bélgica, Australia el prestamista puede perder intereses remuneratorios y moratorios. Tal efecto se opone como excepción cuando el acreedor reclama la devolución del préstamo y, por lo tanto, será valorado por los jueces. Como se ve, la concesión del préstamo con test de solvencia negativo trasciende de la validez contractual (hay libertad para contratar), pero puede afectar a la eficacia del contrato siempre y cuando el deudor devenga insolvente. La Ley Concursal debe contemplar la posibilidad de una subordinación judicial del crédito o alternativamente, la posibilidad de que el crédito se pueda ver afectado por la exoneración del pasivo insatisfecho (art. 178 bis LC).

En definitiva, al control del supervisor bancario se debe sumar el control judicial. El consumidor no tiene que demandar a la entidad financiera con los costes que ello conlleva. La regulación del préstamo responsable se opone como excepción, cuando el acreedor reclama al deudor el cumplimiento de la obligación.

La regulación de la obligación de evaluar la solvencia debe ser abordada desde una doble perspectiva: desde el ámbito de la supervisión bancaria y desde el ámbito de la relación contractual con el cliente bancario. Es preciso que se incorporen sanciones de Derecho privado, pero al mismo tiempo ha de salvaguardarse la esencia del negocio bancario. Y estas sanciones de Derecho privado son inviables si el instrumento regulador de la obligación de evaluar la solvencia es un reglamento, tal y como pretende el Anteproyecto.

Pero, además, para que el sistema sea eficiente, es necesario que se le proporcione a los prestamistas información financiera fiable, tal y como explico aquí, de forma que los prestamistas compartan datos positivos de solvencia. Solo si se les concede a los prestamistas acceso a información financiera completa y fiable de los solicitantes de crédito, con obligación legal de consulta de bases de datos de solvencia, podrán evaluarse y anudarse consecuencias jurídicas para el prestamista que incumpla los deberes legales de préstamo responsable. Sin información no puede construirse un régimen jurídico adecuado que establezca sanciones efectivas y disuasorias por la concesión irresponsable de créditos, tal y como impone la DCH.

Así las cosas, tenemos varias posibilidades: mantener el régimen hasta ahora vigente en materia de préstamo responsable que no ha evitado una burbuja inmobiliaria, sino que la ha fomentado, con las consecuencias de todo orden que ello ha provocado, o bien optar por un sistema avanzado que actúe de manera eficiente en el terreno de la prevención de otra crisis financiera. En manos de los partidos que apoyan al actual Gobierno está la opción a escoger. Veremos si la miseria a la que se han visto abocados muchos ciudadanos solo ha servido a algunos partidos políticos para ganar votos o, por el contrario, sirve para equilibrar el funcionamiento del mercado de crédito. Que no se nos olvide que esta crisis financiera ha provocado una inestabilidad política de extraordinarias dimensiones en España  y ha hecho temblar los cimientos de la UE.


Otros asuntos de Blogs
Segunda oportunidad, crédito público y ayudas de Estado.
La Propuesta de Directiva europea sobre "segunda oportunidad" para empresarios persona físicas
Sobre la obligación de las entidades financieras de entregar el historial crediticio al cliente
El "coste" de las restricciones legales a los ficheros positivos de solvencia
La resistencia a la retroactividad en el pago de alimentos a menores de edad
Hacia un régimen de insolvencia personal europeo: en la UE se prepara una Ley de Segunda oportunidad
Las "sorpresas" del régimen de separación de bienes: la compensación del trabajo doméstico
Todavía no hay segunda oportunidad para los empresarios que fracasan
Una "segunda oportunidad" para la persona física insolvente. Cambios de última hora…
Vivienda, mercado crediticio y ficheros de solvencia positivos
Ley de Segunda Oportunidad: el Gobierno rectifica, pero poco

Suscríbete gratis a nuestro boletín
Futurolandia
Bolsa: De ruidos blancos a CAPE. De Fama a Shiller
Antonio Pulido
El Envés
Nosotros somos responsables
José Carlos García Fajardo
Vanity Fea
El descubrimiento del espacio inmenso y del tiempo infinito
José Ángel García Landa
Your international partner on-line
La magia de las Fin-Tech
Ángel Luis Vazquez Torres
Neuronas del alma. El intangible del cambio
Mirando el futuro de frente con José Luis Cordeiro
Mar Souto Romero
Sociedad Inteligente
Año 2025 Hacia la Sociedad Inteligente (7)
Rafael Martinez-Cortiña y Mar Souto Romero
Desde China
La ciudad china de Hangzhou gestiona su tráfico con inteligencia artificial
Di Wang
Desde mi trastorno bipolar
"Salud Mental", una falacia del lenguaje
Beatriz Tarancón Sánchez
Miss Controversias
Las matemáticas en el desarrollo económico actual
Ana González
Transitar por Eurolandia
Los grandes desafíos de la Unión (y V): Hacia la integración política. ¿Una Europa federal?
Donato Fernández Navarrete
¿Hay derecho?
Segunda oportunidad, crédito público y ayudas de Estado.
Matilde Cuena Casas
Infolítico
2ª renovación histórica del PSOE: hacia el Mercado posible y el Estado necesario
Gustavo Matías
Solidarios
El arte alivia y puede curar dolencias mentales
Carlos Miguélez Monroy
Cuestión de estilo
El lenguaje oscuro también puede ser una "jerga de rufianes"
Javier Badía
Economía sin dirigir
La Comunidad de Madrid, líder en creación de empleo de calidad
Iván Campuzano
Vueltas al conocimiento
El caso Asunta, la violencia simbólica contra las mujeres en los medios
Fátima Arranz
Gobierno y bien común
España será el epicentro de la nueva economía
Diego Isabel
Al otro lado del marketing
Facebook, YouTube, Twitter y Microsoft se unen para frenar el terrorismo en Internet
Clemente Ferrer
Goliardos s.XXI
Suicidio de la democracia
J. A. Ventín Pereira
Inclusión financiera
Consumir inteligente (¡No a la obsolescencia programada!)
Carlos Trias
Economía Zen
Digamos no al miedo
Miguel Aguado Arnáez
Luces de Bruselas
Fondos Estructurales y Fondos de Inversión Europeos
Raúl Muriel Carrasco
¿Quiere un blog propio y leído en todas las universidades?
Infórmese aquí
LIBROS
¿ Cómo se gobiernan los ciudades ?
Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en España
Somos el universo
Repensar la España plurinacional
Todas las casas son ojos
Cultura Libre Digital.Nociones básicas para defender lo que es de todos
TESIS Y TESINAS
Hasta en África SubSahariana la lucha contra la corrupción pasa por el gobierno electrónico
Naufraga la comunicación corporativa en las redes
Cómo reducir el enorme desperdicio agroalimentario en el mundo
El estudio del clima marciano dará luz sobre el cambio climático terrestre
La economía puede ser recreada en el laboratorio
La banca alemana tiene muchos más riesgos que la española, porque no se ha reestructurado
1 Manifiesto por la equidad en educación
2 Mifid II, oportunidad para economistas sin conflicto de interés
3 Nosotros somos responsables
4 Aumenta un 30% el número de alumnos de FP a distancia
5 Bolsa: De ruidos blancos a CAPE. De Fama a Shiller
6 Los videojuegos mejoran la atención y la dislexia
7 España, 6ª Economía y Sociedad Digital de Europa
8 La magia de las Fin-Tech
9 El descubrimiento del espacio inmenso y del tiempo infinito
10 De casi 2.500 empresas huidas de Cataluña, 1.000 ya han cambiado el domicilio fiscal
RANKING WANABIS Ampliar +  
"La evolución del e-learning: de "sólo ante el peligro" al aprendizaje interactivo"
"Los profesionales con formación online están mejor preparados para la economía global"
El big data, la robótica y el Mobile Learning, principales tendencias del e-learning
DEBATES Y FIRMAS Ampliar +  
Carrera Profesional, paradigma del manejo político
La noticia de que España mejora 15 puntos en comprensión lectora, sin el debate de PISA
Manifiesto por la equidad en educación
Aviso Legal | Política de Privacidad | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | RSS RSS