El voluntariado social, a diferencia de otras formas no menos válidas de ayuda a los demás como la beneficencia, la limosna, la filantropía o la caridad, en su dimensión de actividad asistencial y no como virtud teologal cuya proyección no conoce límites, nace de experienciar la soledad y de la conciencia de injusticia social que lleva a una responsabilidad solidaria. El Estado de Bienestar debilitó la tradición del Voluntariado pretendiendo que los poderes públicos eran los únicos sujetos de la vida social, que la relación laboral era la única acreditada y que los especialistas desplazaban a la acción competente nacida de la iniciativa ciudadana. Todo quedaba bajo el control de la Administración o del mercado, aparentemente libre pero realmente dirigido por los intereses que deciden la vida y la muerte de más de dos terceras partes de la humanidad.
Tanto es así lo que afirmamos que, en la Exposición de motivos que precede al articulado de la Ley del Voluntariado española, sin que le tiemble el pulso al Legislador, se dice lo siguiente: “El moderno Estado de derecho debe incorporar a su ordenamiento jurídico la regulación de las actuaciones de los ciudadanos que se agrupan para satisfacer los intereses generales, asumiendo que la satisfacción de los mismos ha dejado de ser considerada como responsabilidad exclusiva del Estado y sociedad”.
¡Como si alguna vez lo hubiera sido!
Cuando el Estado, o más bien la Administración del mismo, considera que es otra cosa que (organon o) instrumento al servicio de la sociedad, ésta padece en sus miembros e instituciones naturales la intromisión de aquél hasta límites que amenazan la convivencia. Pues se corre el peligro de que padezcan los derechos naturales de los ciudadanos, que no dimanan jamás de Institución alguna sino que son consustanciales a la naturaleza del ser humano como persona. Lo más que compete a los órganos de la administración del Estado es el reconocimiento, promoción y salvaguarda de los mismos frente a terceros y ante sí mismo. De ahí que el modelo de crecimiento que atribuye el bienestar social al Estado es injusto y se ha vuelto insostenible. Hay que buscar modelos alternativos al falso dilema "capitalismo salvaje" o "socialismo de Estado". Donde las estructuras son injustas el derecho de resistencia se convierte en un deber, y el no ejercerlo nos hace cómplices de sus consecuencias.
José Carlos Gª Fajardo. Emérito U.C.M. Fundador de Solidarios para el desarrollo
