Sin embargo, en el sector del taxi se registra mucha preocupación y disguto por la creciente competencia de todo tipo de vehículos, que consideran para ellos desventajosa y desleal. Pero opinan que la reacción de las autoridades está siendo muy débil, incluso tras las diversas muestras de protesta pública protagonizadas por los taxistas de diversas ciudades españolas.
"Los agentes locales o regionales ven pasar a veces varias veces a los mismos vehículos con pasajeros distintos sin ningún efecto. Muchas veces ya ni siquiera les paran para pedirles la documentación. Y cuando algún agente les para, se conforma con la disculpa de que el pasajero es un amigo, aunque ese mismo agente haya visto al conductor con amigos de diferentes razas y pelajes", declaró a Ibercampus un taxista de aeropuerto.
"Este tipo de amenazas con multas sirve para muy poco o nada", declaró otro taxista, dando muestras de indignación porque la competencia de los piratas no paga licencias ni impuestos. "Más efectivas serían medidas de control y vigilancia del respecto a la legalidad, por ejemplo fomentando desde las administraciones públicas el uso de tarjetas de débito y crédito, pues los ilegales se mueven siempre con efectivo. Al contrario, las noticias que vemos en la prensa estos días es que el Gobierno penaliza esa circulación de tarjetas frente al dinero efectivo, porque favorece medidas que llevan al aumento de las comisiones bancarias sobre el consumidor, que ante ello preferirá tirar de efectivo. Cuando anuncian que quieren reducir su coste para el comercio, los consumidores denuncian que lo que hacen es alentar la subida de comisiones a los usuarios. Además, dice tambien la prensa que se están cargando los vales de transporte, como los de comida y otros, porque el Gobierno ha suprimido la exención que tenían en cotizaciones a la Seguridad Social para las empresa y los trabajadores".
No obstante, en su advertencia pública Fomento recuerda que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) exige que las personas y empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica se encuentren previamente autorizados por la Administración.
Ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación mediante los que diversas empresas hacen pública su intención de poner en marcha plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares, el Ministerio recuerda que es necesaria dicha autorización y que los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre velarán por el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.
Esta autorización tiene por objeto, entre otros, asegurar que el servicio recibido por los usuarios reúne unas condiciones de seguridad y calidad adecuadas, circunstancias que no es posible presumir cuando el prestador del servicio no ha acreditado ante la Administración cumplir los requisitos legal y reglamentariamente exigidos para obtenerla.
Para garantizar que la totalidad de los servicios de transporte que se ofertan y proporcionan a la ciudadanía cumplen dichas exigencias legal y reglamentariamente requeridas, el Ministerio recuerda cuatro preceptos que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres establece:
- Que las personas o empresas que materialmente realicen esos servicios con sus vehículos careciendo de la preceptiva autorización, incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros, que podría aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración.
- Que aquellos usuarios que contraten los servicios de transportistas no autorizados incurrirán en una infracción grave sancionable con multa de 401 a 600 euros.
- Que las personas que contraten o facturen en nombre propio la prestación de servicios careciendo de autorización, aunque no los presten por sí mismos, incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros, que podría aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración.
- Que quienes oferten la prestación de esos servicios sin disponer de autorización, tanto si dirigen su oferta de forma individual a un único destinatario como si la hacen pública para conocimiento general a través de cualquier medio, incurrirán en una infracción grave sancionable con multa de 801 a 1.000 euros.
