martes,26 octubre 2021
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Gibraltar: una frontera diferente

Antonio Fernández,Ancla Profesor Titular, Dpt. de Estructura Económica y Economía del Desarrollo (UAM)
A día de hoy es difícil de prever la evolución y conclusiones finales sobre el brexit (salida del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE). Las discusiones,en el Parlamento de Westminster, sobre la frontera en Irlanda (backstop), han generado desconcierto y, hasta cierto punto, unos resultados un tanto desordenados y difíciles de ejecutar. Al contrario, las negociaciones sobre Gibraltar se viene desarrollando en un clima de extraordinario entendimiento

Este es un tema de gran interés para la sociedad española, y por ello la actitud acomodaticia del Gobierno español no deja de sorprender a propios y extraños.

En las negociaciones hacia la consecución del Acuerdo de salida/brexit, y la Declaración que lo acompaña, refrendado por el Consejo Europeo Extraordinario de 25/11/2018, ni se mencionó ni se utilizó el apoyo que inicialmente había brindado la UE a España en forma de veto. Tal vez por ello, al final, apoyo y veto acabarían por desaparecer del borrador del Acuerdo. A raíz de esa sorprendente desaparición, España obtuvo, a cambio de refrendar el susodicho Acuerdo de salida, un mar de cartas, declaraciones y promesas de la Unión Europea. Todas ellas fuera del marco jurídico del Acuerdo de salida debidamente refrendado por el Consejo Europeo como acabamos de mencionar.

El Acuerdo de salida, de ser aprobado por el Parlamento de Westminster, regularía el periodo transitorio y además sentaría los principios básicos de la negociación de salida. En él se integra un Protocolo sobre Gibraltar, dispuesto en seis artículos en los que se habla de colaboración (España-RU) en derechos de tránsito, temas medioambientales, fiscales, de transporte aéreo y contrabando. De hecho, España ya se ha apresurado a negociar tratados, acuerdos y memorandos sobre esos temas. Por tanto, cabe intuir que tanto si se aprueba o se rechaza el Acuerdo de salida, por parte del Parlamento de Westminster, el Gobierno español seguirá negociando sobre los temas y contenidos delProtocolo.

En este sentido es necesario destacar, ante todo, el artículo 1 de ese Protocolo (derechos de transito) que, junto a la parte 2 del Acuerdo de salida, viene a equiparar la frontera de Gibraltar, la Verja, con el resto de las fronteras del RU-UE. Y ello supone una de las mayores aberraciones jurídicas jamás planteadas. La frontera entre Gibraltar y España exhibe sus propias especificidades jurídicas y no puede ser homologada al todo. Las especificidades de Gibraltar vienen dadas por su estatus como colonia, según las Naciones Unidos, y como tal su marco regulatorio sigue siendo, si el RU abandona la UE, el Tratado de Utrecht. El RU siempre alude al artículo 10 (del Tratado de Utrecht) en el que se habla de cesión del territorio de Gibraltar. Lo que nunca dice el RU es que esa cesión se conforma (en ese mismo artículo 10) sin comunicación abierta con el país circunvecino (España).

Si finalmente el RU-Gibraltar abandona la UE, también abandona su acervo, incluido el derecho a la libre circulación de las personas. Por tanto, España retomaría la plena responsabilidad sobre el tránsito en la Verja; retomaría aquella responsabilidad que hubo de ser, en parte, cedida a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. En efecto, el libre tránsito sobre la Verja, es lo único que preocupa a Gibraltar porque de ello depende su economía y su expansión geográfica hacia la parte española. Evidentemente, la recuperación de la Verja, por parte de España, no implicaría el cese de la colaboración entre las partes (Gibraltar-Campo de Gibraltar). Simplemente, se trataría de que España ejerciese sus derechos de soberanía, al menos, con vistas a fomentar el desarrollo económico hacia el Campo de Gibraltar.

Bajo el paraguas de la UE, las relaciones de Colaboración (Gibraltar-Campo de Gibraltar), firmemente auspiciadas por Londres-Gibraltar, se han convertido en una verdadera afrenta para España. Si continuasen en esa dirección, y el Gobierno de España no hiciese valer sus derechos sobre la Veja, Gibraltar quedaría plenamente anclado en la UE y seguiría manteniendo su estatus hegemónico y, hasta cierto punto, agresivo. Por el contrario, el Campo de Gibraltar se quedaría relegado, como hasta ahora, a la marginación y a la dependencia, de sus gentes, de la Colonia. El desarrollo asimétrico que Gibraltar ha venido optimizando, gracias al contrabando y otras actividades poco constructivas, se vería acrecentado.

Los acuerdos de colaboración (España-RU), en los temas fiscales y otros, no constituyen ninguna garantía para salvaguardar los intereses nacionales. Gibraltar nunca ha tenido una actitud positiva de convivencia vecinal. Según cuentan los lugareños las personas del Campo de Gibraltar que cruzan la Verja, no solo ocupan puesto de trabajo mal remunerados, sino que además muchos de ellos ni siquiera están legalmente cotizando. Incluso en el ámbito internacional la Colonia ha procurado hacer el mayor daño posible a España. Sin ir más lejos, en su momento, se apresuró a almacenar el patrimonio cultural subacuáticoespañol espoliado por cazatesoros (fragata Mercedes).¿Cómo espera el Gobierno español cambiar esas actitudes mezquinas del vecino gibraltareño? ¡Y Londres! ¿ha tratado alguna vez de mediar ante la Colonia para frenar esos desmanes? Londres siempre ha respaldado las acciones de su Colonia, sea cuales fueren, y ha tratado a España con absoluta soberbia.

En suma, garantizarle a Gibraltar el libre tránsito sobre la Verja, sin tener derecho a ello y a cambio de nada, sería una acción para lamentar el resto de los siglos. En cierta medida, llevaba razón el presidente del Gobierno cuando manifestaba que el planteamiento actual es el de resolver, de una vez por todas, el contencioso de más de 300 años. En efecto, el contencioso acabaría aquí y ahora. En su día España cedió la Roca, ahora cedería la frontera. Gibraltar ya no necesitaría nada más para seguir humillando a España igual que lo ha hecho en el pasado, ahora, tal vez, con mayor saña.

 

Antonio Fernández, Profesor Titular, Dpt. de Estructura Económica y Economía del Desarrollo (UAM)

 

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