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EMPRESAS Y RSC
La empresa de Galán sigue sin pagar una multa de 25 millones

Iberdrola, primera eléctrica acusada por anticorrupción de lucro ilícito e investigada por ello


El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Iberdrola por decisiones que llevaron a una subida artificial del precio de la luz en el invierno de 2013, y la Guardia Civil lo investiga. Es la primera vez que una eléctrica es llevada a tribunales penales por sospechas de «lucro ilícito» tras los problemas de pobreza energética ante olas de frío. Pero la empresa sigue sin pagar también por decisión judicial una sanción de 20 millones.
Redacción 15 de mayo de 2017 Enviar a un amigo
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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga si Iberdrola manipuló el precio de la electricidad en el mercado mayorista a finales de 2013, a raíz de esa denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción y que ha admitido el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Los agentes se desplazaron a las sedes de Iberdrola en Bilbao y Madrid para requerir información a la compañía, que negó ayer "rotundamente" cualquier manipulación de precios por su parte. Según la Fiscalía Anticorrupción, con este presunto comportamiento, Iberdrola habría obtenido un "lucro ilícito" de 20 millones de euros, cerca del 1% de las ganancias de la compañía eléctrica en el ejercicio de 2013, que ascendieron a 2.752 millones de euros, aunque cayeron un 7% respecto al año anterior.

A juicio de la compañía, la resolución dictada en su momento por la CNMC es "manifiestamente incoherente" con las decisiones previas del propio organismo, que ya se había pronunciado sobre las atípicas (alta demanda, ola de frío, subida del precio del gas, ausencia de viento y lluvia) registras en las semanas previas a la subasta. La CNMC ya impuso una sanción de 25 millones de euros por manipulaciones de precios a Iberdrola, que la recurrió ante los tribunales y ha logrado suspenderla de modo cautelar.

El asunto ya supuso un escándalo social en diciembre de 2013 por las subidas de tarifa producidas en plena ola de frío, hasta el punto de que el Gobierno español tuvo que suspender la subasta del día 19 de aquel mes e introducir cambios en el sistema. Pero es ahora cuando ha sido llevado a los tribunales penales estatales, por la Fiscalía Anticorrupción y después de que anteriormente la Fiscalía de Bizkaia archivara la denuncia de la asociación de consumidores Facua.

Se le acusa inicialmente de maquinar en las polémicas subastas a fin de incrementar el precio de la factura eléctrica. La citada sesión del 19 de diciembre, suspendida por el Gobierno del PP al detectar «movimientos anómalos», arrojó un resultado que iba a subir el precio de la luz de golpe y porrazo un 11%, en un contexto de demanda muy intensa y tras cuatro subidas anteriores consecUtivss. Iberdrola tiene 13,5 millones de clientes de electricidad y gestiona 30,2 millones de puntos de suministro, a los que cabe sumar 3,1 millones más de clientes de gas. Forman su plantilla 28.220 empleados.

Aunque la investigación ha sido confirmada por la Fiscalía y la Guardia Civil, no se han dado pormenores sobre en qué consistiría exactamente el «plan urdido». Algunas filtraciones lo atribuyen a un incremento fraudulento del precio de la oferta de las centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo, que pertenecen a Iberdrola.

Iñigo Urkullu, lehendakari de la CAV, recibió al consejero delegado de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, en mayo de 2015, y ambos se volvieron a entrevistar en marzo pasado. Sánchez Galán siempre ha destacado el peso de Iberdrola en el PIB de la CAV, mientras Lakua se ha mostrado agradecida de que mantenga su sede en Bilbo.

Desde EH Bildu, por contra, el parlamentario Mikel Otero denunció que «no puede ser que sigamos permitiendo» que circunstancias como una ola de frío sirvan para favorecer a eléctricas que «controlan el mercado en régimen de oligopolio». Consideró que si se prueban las acusaciones «es momento de decir ‘no’ a estas empresas e ir cortando lazos y amarras al control que tienen. Hay que empezar a considerar la energía como un bien de primera necesidad y es posible hacerlo. Hoy día hay compañías sin ánimo de lucro que pueden suministrar electricidad y EH Bildu está comprometida con esta transición».

En Bilbo, el grupo municipal de EH Bildu ha pedido ya revocar la distinción de Bilbaino Ilustre a Iberdrola, pues la pobreza energética puede afectar hasta a 245.000 vascos, aunque es un problema más generalizado en el resto del Estado.

Galán afrontó otro caso similar en Airtel

Esta forma de actuar no es nueva en una empresa dirigida por Sánchez Galán, según recuerda LA GACETA. En el año 1999 era Consejero Delagado de Airtel, el segundo operador de telefonía de España en aquella época. La compañía fue investigada por la Guardia Civil por una mala práctica contra Amena, la compañía de móviles de Retevisión. Airtel manipuló tarjetas telefónicas de Amena y colapsó sus líneas. Además, adquirió gracias a la colaboración de los distribuidores mayoristas, 60.000 teléfonos móviles con tarjetas prepago de Amena. Con los terminales se realizó la primera parte del fraude: fueron liberados y revendidos en el mercado negro, en Portugal y en Marruecos.

Pero el grueso de la estafa se realizó con el uso que se dio a las tarjetas que habían sido extraídas de esos terminales. Con ellas se realizaron, previa manipulación, cientos de miles de llamadas con cargo al saldo de las mismas. Estas llamadas colapsaron las líneas que Amena tenía alquiladas a la propia Airtel en la zona sur de España. Un alquiler que suponía a Airtel el cobro al otro operador de un canon que, enfunción del horario, oscilaba entre las 40 y las 130 pesetas.

Amena cuantificó el total de pérdidas que le generó Airtel en 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros).

Además, la saturación continúada de las líneas supuso que varios miles de usuarios de Amena se dieran de baja de la compañía,aumentando el coste para la víctima del engaño.

Para compensar las pérdidas calculadas por Retevisión Móviles, propietaria de Amena, y evitar la acción de responsabilidad civil subsidiaria contra Airtel, ésta indemnizó a la perjudicada.

Como responsables del fraude cometido, la Guardia Civil señaló a cuatro directivos de la sede de Airtel en Sevilla y a un experto informático de Huelva. La velocidad con la que Airtel indemnizó a Amena -se cerró todo en menos de un año- no permitió que se investigase si los cinco acusados actuaron por decisión propia o si lo hicieron siguiendo instrucciones de la propia compañía y de su junta directiva, al frente de la cual estaba Ignacio Sánchez Galán.

El empresario se enfrenta ahora a otra denuncia por una práctica de dudosa legalidad, a juzgar por la Fiscalía Anticorrupción, con la diferencia de que en 1999 los perjudicados fueron sus rivales empresariales, y en 2013 fueron los consumidores y clientes.  


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