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DEBATES Y FIRMAS INVITADAS

Igualdad entre españoles, mito sin contraste

Ilustración del autor en LinkedIn

Salvo pequeñas escaramuzas dialécticas, el contraponer la recentralización de competencias autonómicas y el mantenimiento de la situación actual no ha ocupado hasta ahora el primer plano del debate político.Pero es inevitable que en algún momento se produzca, porque el desarrollo del Estado de las autonomías está en la base de dos problemas fundamentales de España:la desigualdad e inequidad de los españoles según su lugar de nacimiento y la ausencia de un relato homogéneo de la nación española.
Javier Laquidain, periodista, comunicador corporativo y consultor de comunicación 7 de marzo de 2019 Enviar a un amigo
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El ejercicio autonómico de las competencias en áreas como sanidad o educación es inseparable de las desigualdades entre la realidad que viven los ciudadanos en dichos campos en unas u otras comunidades, como ponen de relieve múltiples estudios de expertos o las reiteradas acciones de protesta de profesionales y ciudadanos que reclaman soluciones a las deficiencias en los servicios educativos y sanitarios, cuando no en los sistemas de transporte y las vías de comunicación.

Que los españoles somos iguales es una idea que repiten sistemáticamente responsables de formaciones políticas, pero tal afirmación resulta «uno de los mitos que peor se sostienen cuando se los confronta con la realidad. Diferentes niveles de financiación, distinta dotación en infraestructuras, desigual calidad en los servicios públicos… Un simple repaso de los distintos indicadores autonómicos deja al descubierto la magnitud de esa desigualdad» (¿Es tan real como se dice la igualdad entre españoles? Carles Castro. LA VANGUARDIA, 17 de septiembre de 2017).

El régimen foral acrecienta las desigualdades 

La desigualdad es especialmente notable entre las comunidades de régimen común, que son la mayoría, y las de régimen foral, País Vasco y Navarra. El gasto sanitario por habitante en el País Vasco, la que más invierte (más de 1.600 euros por habitante en 2015), supera en un 60 por ciento a la que menos destina: Andalucía (1.090 euros). Similar diferencia se da en el gasto por alumno en enseñanza no universitaria: casi 9.000 euros del País Vasco, frente a la media española de poco más de 5.000.

La desigualdad se evidencia también entre las autonomías de régimen común. El gasto público por alumno coloca Cataluña en los últimos puestos (4.746 euros), muy distanciada del País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia. En la cola se sitúan Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha (con 4.500 euros por alumno), lo que repercute en la relación de escolares por profesor: más de 13 en Andalucía y Cataluña, y más de 14 en Madrid, pero menos de 11 en Galicia o Asturias. La desigualdad se acentúa en el gasto sanitario por habitante. Junto a a los 1.090 euros de Andalucía, Madrid (1.243 euros), Valencia (1.308) y Cataluña (1.312) ocupan la banda baja de la tabla (puestos 16, 12 y 11, respectivamente). Por el contrario, en las posiciones superiores, además del País Vasco, figuran Asturias (1.526 euros), Navarra (1.510) y Extremadura (1.501).

Estas diferencias de gasto, plantea LA VANGUARDIA, guardan relación con las necesidades objetivas de cada territorio, como manifiestan algunos indicadores, como la tasa de pobreza. Andalucía, la que menos gasta en sanidad por habitante y está en los últimos lugares en gasto educativo, encabeza la clasificación de pobreza: un 35,7 por ciento en 2015, seguida de Murcia (31,8), Extremadura (29) y Canarias (28,5). En el extremo opuesto, el nivel de pobreza es menor en Navarra (9,6 por ciento) y País Vasco (10,9), seguidos de Cataluña (13,9) y Aragón (14,4). Madrid (15,1) ocupa la sexta plaza. El indicador de desempleo revela que Navarra y País Vasco tenían tasas en torno al 11 por ciento, que comparten con La Rioja y Aragón, mientras que las peor situadas son Extremadura y Andalucía, por encima del 25 por ciento.

Según la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO (Aumenta la desigualdad entre las comunidades autónomas en listas de espera y gasto en salud. Diario Independiente de Contenido Enfermero, 25 de septiembre de 2018), el estado de la sanidad en España, teniendo en cuenta financiación, gastos e inversiones, listas de espera, empleos, etc., se ha deteriorado y ha aumentado la desigualdad en las listas de espera.

Falta de equidad en la sanidad

El informe destaca la falta de equidad en el sistema sanitario español. Las cinco regiones que tienen los peores datos en tiempo medio de espera y en porcentaje de pacientes que esperan más de seis meses son: Canarias, con 177 días y 34,2 por ciento; Castilla-La Mancha, con 163 días y 36,4 por ciento; Cataluña, con 148 días y 29,7 por ciento, y Extremadura, con 146 días y 27,9 por ciento.

Según cifras oficiales, el presupuesto sanitario autonómico por habitante se habría recuperado en 2018 respecto a los años de la crisis en casi un 15 por ciento. Sin embargo, al contrastarlo con la década anterior el crecimiento es solo de un 5,6 por ciento respecto a 2008. Y más aún: en Andalucía, Canarias, Cataluña y La Rioja) fue incluso menor que diez años antes, y en otras, como Murcia, apenas creció un 1 por ciento (Crecen las diferencias regionales y superan ya los 500 euros per cápita. Laura G. Ibañes. DIARIO MÉDICO, 14 de enero de 2019). Además, las diferencias entre autonomías han crecido en la última década. Si en 2008 era de 406 euros entre la de menor presupuesto (Valencia, 1.107 euros per cápita) y la de mayor dotación (País Vasco, 1.513 euros), en 2018 han crecido hasta los 564 euros.

Al margen de los análisis especializados que reflejan desequilibrios sanitarios entre autonomías, las permanentes protestas de ciudadanos y profesionales del sector denuncian problemas específicos de la atención sanitaria: listas de espera interminables, falta de médicos de atención primaria o especializada, obsolescencia del aparataje, deficiencias en las urgencias, déficit de médicos sustitutos, desigualdad de sueldos, etc. El listado de lugares donde se producen manifestaciones y huelgas salpica numerosas autonomías: Cataluña, Galicia, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Navarra… 

No se compensan desigualdades educativas 

Las diferencias educativas entre autonomías cuentan con numerosos estudios expertos, que Jaime Antonio Foces Gil, profesor asociado del Departamento de Pedagogía, de la Universidad de Valladolid, refleja en Educación y desigualdades regionales en España (Cuadernos de Pensamiento Político, de la Fundación FAES, de octubre-diciembre de 2018).

Los informes anuales del Consejo Escolar del Estado de las últimas dos décadas constatan la completa ausencia, por parte de los sucesivos ministerios de Educación, de una verdadera política de compensación de desigualdades regionales que hubiera podido disminuir las diferencias educativas entre ellas, apunta Foces Gil: «Se han llevado a cabo intervenciones parciales sobre algunos elementos del sistema educativo como la atención a la diversidad, la compensación educativa, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la educación, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y –de modo más claro– la política de becas y ayudas al estudio. Todos ellos son necesarios, pero no inciden ni en la raíz de la desigualdad territorial ni en la generalización de sus efectos sobre el total de la población escolar. Es desoladora la práctica desaparición de referencias reales y no cosméticas a la cohesión nacional del sistema educativo».

En general, las comunidades del norte de España aúnan un elevado gasto público por alumno con un alto nivel de concertación y a la inversa las del sur. Se aprecia que ha faltado un criterio claro de intervención del sector público en el desarrollo regional español, y además esta intervención es muy desigual y no responde a patrones de necesidad, sino a causas más cercanas a la trayectoria histórica de cada territorio y a su capacidad de condicionar las decisiones del Estado –a través de pactos políticos con las élites regionales, acuerdos de gobernabilidad del Estado, o necesidad de apoyos parlamentarios puntuales–.La solidaridad interregional existe, dice Foces Gil, pero regiones con problemas similares no reciben el mismo trato, lo que ha motivado que las desigualdades regionales en los niveles posobligatorios y universitarios hayan aumentado en el período 2000-2010 y hasta nuestros días, en una suerte de polarización norte-sur.

Gastan más las que menos necesitan

Paradójico: las comunidades con menor necesidad de gasto relativo por alumno son las que más recursos invierten y, a la inversa, las que más necesidades de gasto por alumno tienen son las que menos gastan, lo que provoca que las desigualdades educativas aumenten. Las comunidades con menor desarrollo económico tienen menos posibilidades de invertir en educación, y solo el Estado, con un plan de compensaciones territoriales, puede contribuir a resolver estas desigualdades, añade Foces Gil.

Los investigadores coinciden en que la educación es un elemento fundamental de la cohesión nacional de los Estados modernos. En España esta función estaría asumida por mecanismos constitucionales de coordinación y cooperación, que no han alcanzado un funcionamiento óptimo: la Conferencia Sectorial de Educación, la Alta Inspección del Estado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el Consejo Escolar del Estado. Sin embargo, no ha existido una política de Estado para la educación adecuada a un sistema cuasifederal como el español, que integrase forzosamente el sistema autonómico. Y el propio Ministerio de Educación, sin apenas competencias de ejecución, debe redefinir sus tareas y reformular profundamente sus fines, su estructura y sus funciones, de acuerdo con las competencias exclusivas que la Constitución asigna al Estado, impulsando políticas «de Estado» relacionadas con aquellos problemas que afectan a varias comunidades autónomas o a toda la nación y salvaguardando la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación en todo el territorio español bajo el paradigma de la cooperación, la mediación y el respeto competencial.

El objetivo de estas políticas de Estado debería tener como objetivo modificar los impactos de los factores territoriales que repercuten en la educación de los ciudadanos, tanto en las condiciones en las que se presta el servicio educativo como en los factores de rendimiento y equidad. En el diseño de estas políticas tendrían que intervenir las autonomías como coautoras y futuras ejecutoras. «La Conferencia de Educación podría ser el lugar adecuado para llegar a acuerdos, con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el asesoramiento del Consejo Escolar del Estado. La supervisión de dichas políticas de compensación estaría en manos de las Inspecciones de Educación de las comunidades autónomas con la colaboración e implicación de la Alta Inspección del Estado». No se trataría, por lo tanto, de eliminar competencias autonómicas, sino de un nuevo enfoque de la colaboración Estado-autonomías, con objetivos claros de resolver desigualdades. Es decir, con voluntad política de hacerlo

De las diecisiete comunidades autónomas, casi dos terceras partes presentan un nivel de rendimiento PISA bastante más que aceptable, según los parámetros de la UE y los más exigentes niveles de la OCDE. En el lado opuesto, las dos comunidades insulares y un grupo de peninsulares situadas en el sur, registran resultados por debajo de las medias de la UE y la OCDE. Andalucía, Extremadura, Baleares y Murcia se ubican por debajo de la media nacional, mientras que Navarra, Asturias y Madrid están por encima.

Contenidos de la educación, un tema peliagudo

Se opte por recentralizar competencias o por optimizar la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para resolver desigualdades, la cuestión más peliaguda es, probablemente, la que afecta a los contenidos de la educación por la pugna con los nacionalismos, puesto que mantener una interpretación basada en los ideales nacionalistas sobre la historia es un elemento esencial para sostener su edificio ideológico. Y, al mismo tiempo, resulta imposible crear un sentimiento nacional español coherente cuando en algunos territorios se contradice la uniformidad de esa nación.  

Ejemplos de tales interpretaciones, en el caso de Cataluña, los recoge el informe de la Alta Inspección del Estado, que PP y PSOE han mantenido oculto. Este texto constata, en 245 páginas y once anexos, que ocho de los once manuales escolares analizados en Cataluña de ciencias sociales e historia«contravienen» principios de la Constitución e «incitan al separatismo»; y no se rigen por el programa oficial del Ministerio de Educación, sino por el currículo alternativo de la Generalitat, recurrido por el Estado (Lo que dicen los libros de texto catalanes: "Una buena parte de la sociedad está a favor del derecho a decidir», Olga R. Sanmartín. EL MUNDO, 18 de septiembre de 2018).

Dicho informe observa, entre otras cosas, un exceso del uso de la palabra «represión» al hablar de España respecto a Cataluña, ese «territorio reprimido con dureza» a lo largo de la historia: la «represión contra el catalanismo», la «represión indiscriminada» contra la izquierda, la «represión franquista», la «represión cultural». Se habla de «recuperar una lengua y una cultura que la dictadura había intentado aniquilar». Se proclama «el agotamiento del actual modelo autonómico catalán», se asegura que «una buena parte de la sociedad y de los partidos políticos se ha manifestado a favor del derecho a decidir» y se afirma que «los recortes al Estatut han provocado un ambiente de movilizaciones masivas en contra de las limitaciones del autogobierno catalán». Se afirma que, desde 2000, el PP «acentuó su talante nacionalista español, cosa que le enfrentó con los gobiernos de Cataluña y el País Vasco», o se mencionan la operación Púnica, la trama Gürtel y el caso Bárcenas, pero no el caso 3 por ciento, ni la corrupción de la familia Pujol.

Los inspectores aprecian que el modo en que se presentan algunos contenidos «dan pie a pensar que Cataluña, como tal, ya existía como territorio propio desde la antigüedad». La expresión «Corona Catalano-aragonesa» aparece con frecuencia, un «término incorrecto que obedece a una interesada manipulación» porque «Cataluña formaba parte de la Corona de Aragón». A esta «utilización» de los hechos atribuyen que se interprete la Guerra de Sucesión «como un enfrentamiento entre Cataluña y España»; aparezca la foto de Maciá en el balcón del Palacio de la Generalitat pero se oculte que el 14 de abril estaba proclamando ilegalmente la República catalana; se presente la Segunda República como «un periodo exento de conflictos sociales», y se cuente la Guerra Civil «omitiendo información objetiva». Todo ello constituye una estrategia que «induce a los alumnos a pensar que Cataluña es un país propio que nada tiene que ver con España».

Libros retirados por falsedades sobre Navarra 

 En el caso vasco, es interesante recordar que, en 2014, la Consejería de Educación de Navarra decidió retirar veintidós libros de primaria, por adoctrinar en el mito de Euskal Herria, y no ajustarse a la realidad institucional de Navarra ni al currículo educativo. Los libros con irregularidades correspondían a seis editoriales y se referían a la materia de lengua vasca y literatura en primaria. En ellos se situaba Navarra en el contexto de un territorio que no le corresponde o se utiliza la bandera del País Vasco sin contexto que lo justifique. Entre las irregularidades comprobadas figuraban: empleo de mapas que incluyen Navarra en Euskal Herria, referencias a zonas geográficas de Navarra como parte de Euskal Herria o el uso de la bandera de la comunidad autónoma del País Vasco.

Pero no solo educación y sanidad registran desigualdades e inequidades entre españoles, también se dan en aspectos tan corrientes como el salario. El caso más conocido es el de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han logrado, tras casi treinta años de reivindicarlo, que sus sueldos se equiparen a los de las policías autonómicas de Euskadi y Cataluña. Sin embargo, no son ellos una excepción entre los trabajadores públicos. Médicos y profesores sufren diferencias salariales según la comunidad en la que trabajan (La diferencia salarial de trabajar en País Vasco o en Andalucía. Adrián Blanco. EL CONFIDENCIAL, 28 de noviembre de 2017).

Cataluña y País Vasco están entre las comunidades que mejor pagan a los profesores y a los profesionales de la sanidad. En cambio, los maestros peor pagados trabajan en centros públicos de la comunidad de Baleares, Galicia o Asturias. Los profesores madrileños cobran de media 200 euros menos. Entre trabajar en Murcia o en País Vasco y hacerlo en Andalucía o en Navarra, el salario de un médico de unos 30 años, con un trienio trabajado e incluyendo guardias, pue

 

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