Incoherencias de políticos e indignados

Espaldas contra espaldas, unos y otros huyen hacia delante, camino hacia el desastre final de todos los europeos; es decir, hacia un retroceso económico, social y político de décadas.

Aunque al final suele llegarse a un consenso -esa ha sido al menos hasta ahora la experiencia del avance en la construcción europea tras cada gran crisis-, la escena de división se repite lamentablemente con creciente frecuencia los últimos años en casi todos los países europeos o, por lo menos, del euro. No vamos a entrar en detalles, aunque estimamos que la oposición al proceso europeo suma ya dentro de los países de la UE cerca de un 20% entre las fuerzas de la derecha más o menos extrema, aunque también ha crecido hasta casi otro tanto por la izquierda, sin que nunca desapareciera tampoco entre los mas ultras. Mientras tanto, algunos desde fuera animan a que nos precipitemos en la miseria y volvamos al escenario previo a la construcción de la Unión Europea, donde tendemos a olvidarnos que prendió la mecha del incendio de dos guerras que dejaron millones de muertos. Y la verdad es que el futuro de Europa y de toda la humanidad tiene muy mala pinta si no termina por aprobarse ese Pacto del Euro, mal que nos pese.

Hartazgo de Europa

Si, ya se lo del hartazgo en los efectos del proceso de integración. Pero déjenme precisar que mi independencia en esto está libre de contaminación. Hace dos décadas que dediqué varios años a investigar el poder económico y a aplicar los hallazgos a ese proceso, con la conclusión de que caminaba hacia una autocracia monetaria. Casi nadie me hizo caso. Hoy está mas que confirmado ese diagnóstico. Diré más: los rasgos autocráticos se han fortalecido, la participación política y la opinión pública europea incluso se han visto mermadas, y los poderes que gobiernan el proceso se enfrentan a una clara disyuntiva: reforzar la autocracia monetaria con otra autocracia paralela de carácter fiscal, o ceder e iniciar la deconstrucción ante los ya no menores poderes que se oponen, entre ellos algunos de nuestros políticos, muchos especuladores de los mercados y ahora casi todos los nuevos indignados.

Antes de extenderme en la consiguiente incoherencia de políticos e indignados, que en esto se dan la mano, y ambos la extienden a quienes especulan con grandes masas dinerarias contra el proceso integrador europeo, diré que la disyuntiva que nos plantean está mal concebida. La autocracia monetaria hacia la que nos hemos dejado llevar los europeos consiste en viajar hacia el futuro de Europa montándonos en una bicicleta que ha ganado velocidad mientras subían y se aglomeraban en ella nuevas partes, algunas sin pedalear, aunque cada una puede provocar el parón ante la inconsciencia de todos. Imaginen el batacazo si la paramos o nos la paran de golpe. El error de planteamiento en la actual alternativa es olvidar que hay vehículos más cómodos, manejables, participativos y fáciles de parar a conveniencia de todos o algunos, como los automóviles, los autobuses o los grandes expresos europeos.

En cualquier caso, el problema principal es la falta de consciencia y de participación. Ambas tienen unas raíces similares, pues la inconsciencia ya es automarginación. La gran mayoría de los europeos siguen sin saber lo que es la Unión.  Pero a estas alturas la solución al problema no radica, frente a lo que se ha intentado sin éxito algunas veces y habrá que reintentarlo con calma, en recuperar la información y ver cómo el Parlamento Europeo se hace más democrático y controla mejor a otros órganos ejecutivos como la Comisión o el Consejo Europeo. La clave es que nuevamente unos quieren evitar los actuales problemas aumentando la velocidad de la bicicleta para sortear ciertos obstáculos peligrosos, mientras crece el descontento de la mayoría y algunos intentan pararla de golpe, en medio del desinterés generalizado. Efectivamente, las opiniones públicas siguen fragmentadas en el nivel nacional. En este, además, la participación electoral ha bajado diez puntos en los últimos 40 años. Más de la mitad de los europeos no participan en las elecciones al Parlamento europeo, y quienes votan luego no controlan e incluso se desentienden de lo que hacen los europarlamentarios, ni tratan de informarse sobre los temas europeos,  cada día diseñados con mayor complejidad, obviamente para evitar los controles, entre otros motivos.

Contra la incoherencia temporal

Sin embargo, podemos viajar hacia el futuro sin romper el proceso de integración, aunque utilizando vehículos más participativos, hacia los cuales saltar desde el actual, aunque sin pararlo de golpe. Claro que ello requiere superar tanto la incoherencia de los políticos como de los indignados, para lo cual todos debemos de cambiar de racionalidad y dejar de utilizar a unos y otros como agencia para ahorrarnos costes de transacción.

La más grave incoherencia de los políticos a la que ahora se enfrentan los poderes europeos está bien descrita como temporal desde hace décadas por la teoría económica. Consiste en tomar decisiones de corto plazo sin la consideración de sus consecuencias de largo plazo. La teoría pinta a esos políticos proclives a la incoherencia temporal como niños ante el caramelo al salir del colegio. En su caso, si los poderes públicos consideran tentador modificar sus planes en el futuro, siempre lo harán sin medir bien las consecuencias, sobre todo en ausencia de controles efectivos. En consecuencia, allí donde se haya iniciado una política óptima, encontrarán motivos para cambiar de plan y ser incoherentes. Así empezaron a verlo en la anterior crisis de los años setenta los economistas Kydland, Prescott y Calvo. Así lo describen hoy mas o menosmanuales de macroeconomía como el de Hall.

Lo crucial de la actual coyuntura es que otros políticos, precisamente quienes hoy mandan en la UE, quieren resolver esa incoherencia temporal de la política económica evitando no sólo la participación ciudadana, sino incluso el control de los actuales órganos representativos de la ciudadanía. De esta manera intentan controlar desde Bruselas no sólo la política monetaria, como vienen haciendo desde el Tratado de Maastrich y el Pacto de Estabilidad que trajeron el euro para complementar la construcción iniciada con la cesión de las políticas comercial y agraria a ese ámbito supraestatal. Los eurócratas también piden ahora supervisar supraestatalmente las políticas fiscales, las más vinculadas junto con el territorio a la soberanía del Estado-Nación. ¿Cómo? Creando entes independientes del poder político, e incluso fuera del control democrático y ciudadano.  El nuevo eslabón requerido para mejorar la Union Económica y Monetaria y terminar de salvar al euro en la actual crisis de la deuda sería similar al que funciona hace más de una década para la política monetaria con el Banco Central Europeo.

Si para reducir en su día la incoherencia temporal de la política monetaria que causaba un sesgo inflacionista la Eurozona delegó el control de las herramientas operativas monetarias a un banco central independiente con un objetivo claro de estabilidad de precios, ahora mediante el Pacto del Euro lo que se pretende es evitar de igual manera el sesgo deficitario de la política fiscal.

Palabra del Banco de España

No crean que exagero cual tertuliano de tres al cuarto. Lean, si no, lo que dice textualmente en sus páginas  el informe anual publicado el pasado viernes por el Banco de España, aspecto en el que, por cierto, no ha caído hasta ahora ningún medio informativo:

“Dentro del proceso de reforma de las reglas e instituciones de gobierno económico de la zona del euro, la introducción de cambios en el marco institucional de la política fiscal ocupa un lugar prioritario. A este respecto, dos recomendaciones que están siendo consideradas son la de reforzar la independencia de la supervisión de las políticas fiscales, mediante la creación de una agencia europea fiscal independiente bajo el mandato del Eurogrupo, y la de ampliar los marcos fiscales nacionales, con la creación de oficinas presupuestarias independientes o instituciones fiscales supervisoras en todos los países miembros.

En relación con la tipología de agencias fiscales independientes, cabe distinguir dos modalidades. Por una parte, se encuentran los consejos fiscales, que, mediante el análisis y la previsión, actúan como referentes, contrapesos o garantes de la conducción ortodoxa de la política fiscal y del cumplimiento de las reglas fiscales existentes. Por otra parte, se clasifican como autoridades fiscales independientes las que, mediante el control directo de alguna herramienta operativa de la política fiscal, pueden influir sobre el equilibrio presupuestario (…).

En el caso de la política fiscal, puede haber un sesgo deficitario, especialmente en el contexto de una Unión Monetaria, pero la delegación de herramientas fiscales es menos común, debido al consenso limitado que existe sobre el nivel óptimo de los gastos e ingresos públicos. Un ejemplo de delegación de instrumentos fiscales a autoridades ajenas al Gobierno se produce en la gestión de los fondos de inversión soberanos. En países democráticos, estos fondos sirven para suavizar el gasto público y los impuestos a lo largo del tiempo, y actúan dentro de un marco parecido a la delegación de la política monetaria, resumido en los «Principios de Santiago» del Fondo Monetario Internacional. Según estas normas, dichos fondos deben tener un mandato que defina sus objetivos y que les otorgue la independencia operativa frente al Ministerio de Economía, sujeto a reglas de transparencia en su actuación. Además, los bancos centrales suelen actuar como garantes de la independencia de los fondos soberanos: por ejemplo, una división del Banco Central de Noruega gestiona los fondos noruegos, mientras que el Banco Central de Chile nombra el comité gestor de los fondos chilenos.

En la Eurozona, el papel de la Comisión Europea en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) puede verse como una delegación de responsabilidades fiscales a una agencia supranacional. No obstante, el funcionamiento del PEC se ha visto comprometido por la falta de herramientas efectivas para garantizar a priori el objetivo de disciplina fiscal; además, la evidencia empírica sugiere que una agencia fiscal independiente debería tener un carácter nacional, dada la importancia del conocimiento específico de los marcos fiscales nacionales para su funcionamiento eficaz. De acuerdo con estos argumentos, han surgido propuestas de diseño de posibles autoridades fiscales independientes con un mandato centrado en el equilibrio presupuestario, y con control de instrumentos operativos para asegurarlo, tales como modificar los tipos impositivos sobre el valor añadido o sobre la renta, sin intervención del Parlamento, cuando las circunstancias presupuestarias o coyunturales lo exigiesen, o imponer recortes globales en caso de que el legislativo plantease un presupuesto incoherente con el déficit establecido.

No obstante, la mayoría de las agencias fiscales independientes en funcionamiento toma la forma de consejos asesores. Sus mandatos van desde la preparación de previsiones presupuestarias y macroeconómicas hasta la evaluación de posibles programas gubernamentales. La evidencia histórica sugiere que estos consejos pueden reducir el sesgo deficitario si intervienen directamente en el proceso presupuestario con recomendaciones normativas propias, y que pueden reforzar el impacto de las reglas, leyes u objetivos fiscales. Hay un ejemplo en Estados Unidos, donde las proyecciones del consejo fiscal del Congreso servían para calcular los ajustes fiscales necesarios para compensar nuevos programas de gasto; otro en los Países Bajos, donde los partidos políticos toman como base las previsiones macroeconómicas del consejo fiscal, que evalúa también los acuerdos fiscales de los Gobiernos de coalición; y otro en Chile, donde dos paneles mutuamente independientes vigilan el mantenimiento de un superávit estructural del 1% del PIB a lo largo del ciclo económico. Otro papel relevante de algunas agencias fiscales independientes es actuar como un árbitro neutral entre la Administración General del Estado y las Administraciones Territoriales, como establece una reforma reciente en Australia.

En el caso español, una novedad institucional ha sido el establecimiento, este año, de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, que se crea como un mecanismo de asesoramiento técnico a las Cortes en el seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo papel está todavía pendiente de definir en detalle”.

Primeras incoherencias de los indignados

En este brete del debate de la eurocracia surgió el 15-M o movimiento de los indignados, del que ya se han dicho tantas cosas en su primer mes de escena que me limitaré ahora a juzgar no anticipando lo mucho bueno o malo que podamos esperar para la regeneración democrática, sino por sus primeras funciones en lo que parece será una larga actuación.

La principal es que introducen un debate y una ética sin retórica ni manipulación cuya referencia se había perdido en la política española, aunque carente por ahora de concreciones, y menos mal, porque las iniciales están plagadas de incoherencias.

El balance de su primera semana me hizo ganar algunas apuestas entre amigos: sirvió para reforzar el gran triunfo electoral del PP, pues animó a movilizar a los fieles de la derecha y a desmovilizar a los ya muy infieles de la izquierda. En otro caso, los mismos que veían en ellos el nuevo soviet o los batasunos de España, animándoles a acampar ante la Moncloa, ya les estarían acusando como a los del 11-M de innumerables pruebas de química con Rubalcaba. No lo han hecho porque por ahora han ayudado a engrosar el poder de las fuerzas más favorables a frenar tanto la descentralización hacia las comunidades autónomas como hacia la Unión Europea, además de a quienes en sus primeras medidas de “austeridad” se cargan las instituciones de control.

Poco después de un mes, han logrado realizar la mayor movilización de la democracia contra el tipo de integración europea inmerso en el Pacto del Euro. Junto a los peligros y desafíos que ello entraña, los indignados muestran en esa función su propia incoherencia temporal. Para conseguir beneméritos objetivos a corto plazo, pone en cuestión la sostenibilidad del tinglado integrador europeo, el primero en el mundo que incluyo entre sus grandes principios el de las políticas sostenibles como puente entre generaciones y entre tres dimensiones hasta entonces separadas: la económica, la medioambiental y la social. Si además lo que anima un movimiento fundamentalmente de jóvenes es proceder de una generación cuya gran preparación se estrella con muchas menores expectativas de bienestar que sus padres, el resultado puede ser hundir todavía más esas expectativas.

Atentos a que algunas encuestas les atribuyan la simpatía o sintonía con la mayoría de los españoles. Su indignación ha intentado desnudar los dos grandes imperativos  a los que se cargaba cualquier sambenito. Durante las tres primeras décadas de la democracia en España casi todo lo que había que hacer con algún coste social se atribuía al imperativo de la integración en Europa.  Este ha sido sustituido durante la actual crisis financiera y económica por el de los mercados en cada país y en la política europea. Ambos tendrán en el futuro menor capacidad de amenaza, compensación y persuasión.  Pero esos  son los tres grandes instrumentos del poder, que  perderá igualmente fuerza  creativa y movilizadora de la actividad económica y del progreso social, al menos  mientras que el nuevo foro de debate que es ese movimiento no realice funciones similares a los de los políticos y partidos que critica: convertirse en agentes para la conquista del poder, lo que en una democracia real significa la organización del consenso de intereses e ideas.