El informe de la Comisión Europea The experience of traineeships in the EU estimaba que en 2013 había unos 70.000 becarios con algún tipo de remuneración y que el 58 % de los alumnos en prácticas no percibe ninguna remuneración. ¿Tiene por sus estudios recientes alguna estimación más actual?
Los estudios en los que he participado han seguido metodologías de carácter cualitativo y no he realizado estimaciones. Estimaciones alternativas que revisé cuando hacía el estudio, elaborados por UGT con datos de los titulados universitarios del INE, mostraban que del total de jóvenes titulados en el periodo 2014-2015, un 14% (124.505) estaban en prácticas, en contratos de formación o son becarios. Este estudio no estimaba los becarios que no percibían remuneración.
También indicaba aquel estudio que el 28% de los becarios españoles hace al menos dos estancias de prácticas. ¿Ese indicador y otros más recientes son señales de que las empresas tienden a abusar y a perpetuar esa situación?
Que un joven haga dos estancias de prácticas en distintas empresas o incluso en la misma empresa no es, necesariamente, un indicador de un abuso empresarial. En España pueden contabilizarse hasta 12 modalidades de prácticas, si se incluyen las no laborales y las laborales. Por ejemplo, un estudiante universitario podría hacer una práctica curricular en una empresa y, una vez finalizado el grado, volver a la misma empresa con un convenio de práctica no laboral. Si la empresa respeta los criterios de los programas, ofreciendo formación y no exigiendo actividades equiparables a las de una relación laboral, podríamos hablar de una situación ventajosa para el becario. El problema aparece cuando las empresas utilizan la figura del becario para encubrir una actividad laboral o abusan de la misma, por ejemplo, mantenido como becario a una persona 3 meses para un puesto cuyo contenido formativo puede adquirirse en menor tiempo. Al mismo, puede existir el problema del "atrapamiento" en las becas, particularmente en ciertos sectores (periodismo, diseño, etc.) en los que jóvenes y no tan jóvenes se ven forzados a transitar por becas que no cumplen su cometido (aportar formación) con la esperanza de acabar siendo contratados. Este fenómeno se ha puesto de relieve particularmente en el Reino Unido, en el marco de las denominadas como "profesiones glamurosas" (periodismo, cine, etc.), que exigen a las personas interesadas en insertarse laboralmente en las mismas varios años de trabajo gratuito. Estas dinámicas perpetúan la desigualdad de oportunidades e impiden la movilidad social, restringiendo el acceso a estas ocupaciones a jóvenes con pocos recursos.
La primera legislatura del PSOE bajo el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero empezó a investigar la realidad como base para actuar sobre ella ¿A a qué se debe la dejadez política desde entonces?
Es cierto que en la legislatura de 2004 a 2008 la cuestión de las becas recibió bastante atención política, encargándose algunos estudios sobre la temática. No obstante, la regulación tampoco avanzó con vistas a mejorar la protección de los becarios, como si ocurrió a partir del año 2011 cuando, el mismo gobierno del PSOE, mejoró la protección social de los becarios en el marco de un acuerdo con los agentes sociales, incluyendo a las personas que realizan prácticas formativas en empresas y reciben algún tipo de remuneración en el Régimen General de la Seguridad Social. Los sindicatos han criticado que en los últimos años la inspección de trabajo no haya dispuesto grandes recursos para prevenir los fraudes con las becas, habiendo priorizado otros casos como las empresas ficticias. Sin embargo, desde la inspección de trabajo se argumenta que durante las legislaturas del PP se siguieron programando campañas estatales anuales específicas destinadas a la prevención de estos tipos de fraude, las cuales contaron con la misma dotación de recursos humanos y materiales que en el pasado. El problema es probablemente
¿Cómo han influido en la realidad las proposiciones parlamentarias desde 2017 restringir el encadenamiento ?
Las proposiciones han situado el problema en el debate político, algo de entrada importante. Restringir el encadenamiento puede ser útil, si bien un problema importante tiene que ver con asegurar que se respetan los acuerdos de prácticas.
¿Qué luz aporta al respecto su investigación Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Abusing traineeship status (Austria, Finland, Spain and UK)?,
Sintetizando mucho, puede decirse que muestra que el fenómeno del falso becario es un problema que afecta con cierta intensidad a países europeos que tiene una regulación del mercado laboral y de las becas bastante diferente. En este sentido, confirma que la transición de los jóvenes al mercado laboral se está precarizando en Europa a través de nuevas modalidades de contratos y becas instaurados, paradójicamente, para facilitar dicha transición. También revela la existencia de distintas respuestas sindicales a esta problemática que, en contra de ciertos discursos excesivamente críticos, dan cuenta de un actor sindical preocupado por recuperar la confianza de un colectivo que desde hace años ha perdido interés por ellos.
De la nueva investigación que tiene en prensa con el título Falsos autónomos y falsos becarios: una aproximación institucional al caso español ¿puede anticiparnos los principales resultados cuantitativos y cualitativos?
Fundamentalmente explica que el fenómeno del falso becario responde a la interacción conjunta e interrelacionada de tres campos institucionales: 1) una regulación que promueva las becas en un contexto de paro masivo y debilidad estructural de los trabajadores jóvenes, a través de una oferta de becas y prácticas excesivamente fragmentada y con unos criterios poco claros para diferenciar al becario del trabajador, que dificultan probar los fraudes; 2) una inspección de trabajo con pocos recursos humanos para controlar los casos potenciales de fraudes; 3) dedlidad sindical asociativa, que se manifiesta en una limitada presencia en la empresa, especialmente en las pymes, y escaso éxito para mejorar la regulación de las becas y prácticas en la negociación colectiva.
