miércoles,18 mayo 2022
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Tras las críticas de toda la oposición por el retroceso

Inversión de 800 millones en I+D al terminar la campaña

Redacción
El Gobierno ha acordado este viernes invertir cerca de 800 millones de euros en proyectos de investigación y equipamientos para infraestructuras científicas y para fortalecer la presencia de España en organismos internacionales en este ámbito, después de que en sus programas electorales y en la campaña toda la oposición criticara el atraso tecnológico de los últimos años. Además, ha aprobado la distribución de 77 millones de euros a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo.

​El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria 2016 de Retos-Colaboración, por importe de 586 millones de euros, para apoyar proyectos de cooperación entre empresas y organismos de investigación.

El Ejecutivo también ha aprobado ayudas, por valor de 150 millones de euros, para "proveer, mantener y actualizar las infraestructuras científicas y técnicas, y facilitar una investigación de calidad a todos los agentes del sistema, tecnología e innovación", según ha destacado la vicepresidenta.

La convocatoria Retos-Colaboración, cofinanciada con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), es de 586 millones de euros, de los que casi cien millones son subvenciones y el resto, préstamos (tipo de interés Euribor, con diez años de amortización, incluyendo tres de carencia) y anticipos rembolsables FEDER.

Esta convocatoria, que se encuadra dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, busca potenciar la colaboración público-privada, promover el desarrollo de nuevas tecnologías, impulsar la innovación empresarial y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios. Las ayudas de este programa fomentan, además, la creación de empresas innovadoras, movilizan la inversión privada, generan empleo y mejoran la balanza tecnológica del país, elevando la competitividad del tejido empresarial.

Como novedad, las Pymes de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, Asturias y Murcia podrán recibir subvenciones para financiar sus actuaciones de 2016.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que esta convocatoria se encuadra en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016, que busca potenciar la colaboración público-privada, promover el desarrollo de nuevas tecnologías, impulsar la innovación empresarial y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios. Los principales beneficiarios, según ha apuntado, serán "empresas, organismos públicos de investigación, universidades, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica y otros centros públicos o privados de I+D+i".

La vicepresidenta participando en el programa Planeta Calleja

Ayudas a infraestructuras

El Consejo de Ministros también ha aprobado las ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico, dotada con 150 millones de euros. Del total presupuestado, 66 millones son en subvenciones y 84 millones en préstamos, también anticipos reembolsables cofinanciados por la Unión Europea a través del FEDER.

Estas ayudas pertenecen al subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y Equipamiento del Plan Estatal de I+D+i y están dirigidas a organismos públicos de investigación, universidades públicas e institutos universitarios y otros centros de I+D vinculados a la Administración General del Estado, administraciones públicas territoriales o sus organismos. 

Adquisición del supercomputador "Marenostrum 4"

El Consejo de Ministros ha autorizado además el convenio entre el Ministerio de Economía y Competitividad y el Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) para permitir la adquisición y operación del supercomputador "Marenostrum 4".

La vicepresidenta resaltó que este supercomputador "permitirá realizar operaciones de cálculo complejo, cada vez más necesarias en simulaciones científicas de alto nivel", y que es una apuesta que "tiene un apoyo constante del Gobierno".


BSC Marenostrum 4

Este acuerdo permite a España cumplir con sus obligaciones como socio principal del proyecto europeo Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE), una red distribuida de supercomputación europea que permite realizar operaciones de cálculo complejo, cada vez más necesarias en simulaciones científicas de alto nivel. España, como socio principal del Proyecto, incluye en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 una partida por un importe de 7,5 millones de euros, hasta alcanzar un total de 34 millones de euros en 2019.

Tecnologíaz de fusión con la UDE y Japón

El Gobierno ha autorizado la contribución voluntaria de España de 9,6 millones de euros para el desarrollo de proyectos incluidos en el acuerdo "Broader Aproach", fruto del Programa Europeo de Fusión y de actividades complementarias al proyecto ITER. Se trata de un programa de investigación tecnológica en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y Japón para el desarrollo de la tecnología de fusión.

España participa, como otros Estados miembro, a través de contribuciones en especie, consistentes en el suministro de distintos componentes para la fabricación de dispositivos. La entidad española encargada de ejecutar las contribuciones es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), dada su experiencia en el ámbito de la investigación en energía de fusión. Desde 2009 España ha aportado veintidós millones de euros, pero es el tercer país en retornos industriales, con contratos adjudicados de más de cuatrocientos millones de euros.

Investigación con técnicas de neutrones

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y el Instituto Max Von Laue-Paul Langevin (ILL) para cooperar y coordinar actuaciones que permitan la participación de científicos españoles en la investigación con técnicas de neutrones y así contribuir a los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. Para ello, el Ministerio de Economía y Competitividad debe aportar un total de veinte millones de euros en cuatro anualidades.

España es miembro científico de este Instituto desde 1987 y la comunidad científica española dispone de uso exclusivo de las instalaciones y experimentos.

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