sábado,28 mayo 2022
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Tiende a bajar tanto en ICPD como en producto interior bruto

La alternativa al PIB deja a España en el mismo puesto global que este: 13ª potencia

Redacción
El índice creado por investigadores españoles como alternativa social al producto interior bruto (PIB) deja también a España como décima tercera potencia mundial, aunque la tendencia en ambos es a la baja. El Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) es una alternativa a la medición del PIB presentada en Madrid para medir el progreso de los países de forma alternativa a las medidas basadas en el crecimiento económico.

En el PIB a España la superará México una vez que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publique los datos oficiales del 2015, momento en el cual España no solo quedará relegada a la plaza 14, sino a segunda potencia hispana, cuando históricamente ha sido la primera. La crisis económica iniciada en el 2007 ha rebajado a la economía española seis posiciones, desde la novena plaza que llegó a ocupar. Incluso Rusia, muy castigada por las consecuencias del conflicto con Ucrania, superará a España en 2016.

La tendencia de España también es a la baja en el nuevo índice social alternativo al PIB, donde su nivel queda un 14,36% por debajo del primero, Dinamarca. El segundo y tercer puesto son también ocupados por otros dos países nórdicos europeos, Suecia y Noruega, tras los cuales aparecen Australia, Portugal, Reino Unido, Islandia, Italia y Francia.

La principal conclusión de este ICPD 2016 es que todos los países tienen que emprender transformaciones en sus modelos de desarrollo, de cara a garantizar un futuro de oportunidades para todas las personas. España ocupa posiciones relativamente bajas en algunos de los componentes, como el social. Se encuentra, por ejemplo, entre los países de la Unión Europea con menor baja de maternidad y muy por debajo de la media de la UE. Los y las autoras del informe ICPD 2016 instan a nuestro país a tomar medidas en la garantía efectiva de los derechos sociales, a apostar por la transformación de la economía hacia una más sostenible, y a generar un modelo productivo más avanzado. 

Todos tienen desafíos 

Todos los países examinados tienen desafíos importantes en los componentes económico y productivo, que miden respectivamente la amplitud de la base fiscal y su redistribución y el carácter sostenible de la base productiva y el modelo de desarrollo industrial. 

El ICPD intenta superar la limitada visión que ofrecen medidores como el PIB y propone un completo análisis de 133 países, a partir del análisis de sus políticas públicas y su impacto en el bienestar de la ciudadanía y del planeta a escala local y mundial.

Además del lanzamiento de la nueva herramienta digital que es el ICPD, en el mismo acto se ha presentado el Informe ICPD 2016: Crecer en otro sentido, en el que se analizan los resultados del ICPD de este año: Dinamarca es el país más coherente del ranking y Singapur está a la cola del compromiso con el desarrollo humano y sostenible. 

El Centro Cultural Galileo del Ayuntamiento de Madrid ha acogido el lanzamiento del Índice, una herramienta creada para medir, evaluar y comparar el compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo, equitativo y cosmopolita. El ICPD, según ha explicado el coordinador del proyecto, Pablo José Martínez Osés, nace con el objetivo de ofrecer una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB). 

Este ambicioso índice es una iniciativa impulsada por organizaciones sociales dedicadas a temas de desarrollo. El ICPD nace con la intención de convertirse en una alternativa de medición sólida que sirva para evaluar, fiscalizar y transformar las políticas públicas, a escala nacional e internacional, con el fin de caminar hacia un modelo de gobernanza más justo, sostenible y equitativo. Al tiempo pretende constituir una guía útil para orientar el trabajo de los decisores políticos. 

España, dentro de la heterogeneidad europea

España tiene un amplio margen de mejora en materia de coherencia de políticas para el desarrollo. Especialmente, en ámbitos como el social, el  mbiental y el productivo, España ocupa posiciones relativamente bajas de los ranking de los diferentes componentes, lo que implica que es necesario tomar medidas en la garantía efectiva de los derechos sociales, apostar por la transformación de la economía española a una mucho más sostenible y basada en la generación de conocimiento y la generación de un modelo productivo más avanzado.

No obstante, España ocupa el décomo puesto entre los 28 países europeos, tres pore encima que cuando se la compara dentro de todos los 130 países incluidos en el índice 

Además, el análisis permite extraer otra conclusión y es que los países de la Unión Europea presentan una gran heterogeneidad en cuanto a su coherencia de políticas para el desarrollo, aunque en algunos componentes, como en el global, predomina la homogeneidad. Como hemos visto, en cada uno de los componentes los comportamientos entre países son muy variados. En el propio ICPD general los países de la Unión Europea de los 28, ocupan desde la primera posición (Dinamarca) a la 67 (Austria), mientras que no existe un país que ocupe siempre posiciones bajas o siempre posiciones altas, sino que cada país varía en función de cada uno de los componentes.

Medir para explicar y transformar la desigualdad 

El ICPD se ha construido con el ánimo de proporcionar una alternativa a las mediciones del progreso de los países que no tienen en cuenta, de forma integrada, criterios de sostenibilidad ambiental, de equidad y justicia y de responsabilidad global. Pretende convertirse, según sus creadores, en uno de los principales referentes que determinen la acción política gubernamental. Para ello se apuesta por una herramienta que facilite el escrutinio de las políticas públicas, con el ánimo que dichas políticas pongan en el centro del modelo de desarrollo a las personas y el planeta. 

El ICPD evalúa la acción gubernamental de 133 países  a partir del análisis de cinco componentes (social, económico, ambiental, global y productivo), que determinan la acción de los países, y los comportamientos y efectos de veinte políticas públicas, teniendo en cuenta si contribuyen a procesos universales y sostenibles de desarrollo o si, por el contrario, los obstaculizan. 

No se trata de una propuesta neutral”, subraya Martínez Osés, “como tampoco lo son otros medidores como el PIB, la Renta Nacional Bruta (RNB) o el Índice de Desarrollo Humano (IDH)”. El ICPD  sanciona y/o premia el comportamiento de los países en base a un enfoque y una apuesta por un desarrollo humano, sostenible, con perspectiva de género, ecologista, basada en los derechos humanos y profundamente cosmopolita, sin dar por hecho que los efectos e impactos de las políticas nacionales afectan únicamente a sus respectivas ciudadanías. 

Todos los países deben cambiar

A la cola del compromiso con el desarrollo equitativo y sostenible se sitúa Singapur, un país que en otros índices (el del Banco Mundial o el Índice de Desarrollo Humano del PNUD) queda mucho mejor situado. Países como Suiza, situado en los primeros puestos de la mayor parte de los ranking habituales, se sitúa en un modesto lugar 58 en el ICPD, que penaliza su falta de transparencia fiscal. 

En la construcción del ICPD han participado un equipo multidisciplinar de investigadores e investigadoras (sociólogas, economistas, politólogas, comunicadoras…), con la colaboración de un equipo estadístico e informático. El ICPD es el resultado de un ambicioso trabajo de investigación aplicada iniciado en la Plataforma 2015 y más  y desarrollado por su equipo técnico a lo largo de más de 5 años y que ha contado con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Dicho trabajo de investigación es fruto de la firme apuesta de la Plataforma 2015 y más por el potencial transformador que ha tenido en los últimos años el concepto coherencia de políticas para el desarrollo en la redefinición de las políticas públicas y en sus posibilidades de hacer frente a los retos globales como la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, el avance de la justicia, de lo derechos humanos y la equidad.

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