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La casta política: la burbuja invisible


Este tercer artículo sobre la corrupción se dedica a la clase política. Para diferenciarla de otras clases sociales, se ha hecho popular el término casta política, calificativo que se aplica a los partidos tradicionales, esto es, a los que han gobernado en España en la democracia, que han sido –si se prescinde de UCD que ha desaparecido- el PP, el PSOE y la extinta CiU.
Transitar por Eurolandia 21 de diciembre de 2015 Enviar a un amigo
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La clase política es un colectivo heterogéneo en su composición y aunque cuantitativamente es muy importante (duplica o triplica a la de los grandes países de nuestro entorno), se desconoce con precisión su número por carecer de información precisa al respecto. La estimación que aquí se hace es que puede situarse entre 430 mil y 450 mil personas si se incluyen a las empresas públicas. Sobre este total hay que hacer al menos dos puntualizaciones: la primera, que la información oficial que se ofrece es muy fragmentaria e incompleta; la segunda, que no debe confundirse a la clase política con los trabajadores de la administración pública –ya sea la estatal o la territorial- con independencia que una parte de aquella haya esté compuesta por trabajadores de la misma.

La clase política, en el sentido aquí se utiliza, la componen tres grandes grupos: el primero de ellos es el de los políticos en sentido estricto, esto es, los elegidos democráticamente por los ciudadanos; aunque trabajen para la administración pública, no se computan como personal de la misma. El segundo componente lo forman los altos cargos y asesores de la administración, es decir, los elegidos a dedo por el grupo anterior; en este caso sí computan como personal de la administración pública. Y el tercer grupo corresponde a los sindicalistas liberados de la administración pública que, en su condición de trabajadores de la misma, también son contabilizados como parte de ella.

El colectivo de la clase política constituye un elemento clave para explicar la corrupción y la politización de la administración pública española. Y dado el inmenso poder del que goza, ofrece gran resistencia al cambio ya que ello implicaría perder muchos de sus actuales privilegios.

El primer componente de la clase política es, como se ha dicho, el de los políticos en sentido estricto, es decir, los elegidos en las urnas y cuyo total asciende a unos 77.000. Aunque no forma parte del personal de la administración pública, la práctica totalidad de los políticos sí perciben algún tipo ingreso –aunque sea puntual- del  presupuesto público, ya sea en concepto de salarios (entre 15.000 y 20.000 tienen salario estable), de dietas, gastos de viajes u otros. Este abultado número políticos podría reducirse considerablemente si se hiciera una reforma profunda de la administración, en particular de la autonómica y local, sin que se produjera merma alguna en la calidad de la democracia.

En el caso de las comunidades autónomas se podría reducir el número de sus parlamentarios en no menos de la mitad ya que su trabajo no justifica mantener la actual estructura; y también podrían suprimirse una buena parte de las empresas públicas y otras entidades que han creado, la mayoría de las cuales no aportan nada a la actividad económica, salvo incremento de gastos y servir de tapadera para colocar a enchufados. Una buena auditoria estaría muy justificada en este caso.

            En cuanto a la administración local, la necesidad de su reforma es mucho más apremiante. Por ejemplo, las diputaciones provinciales podrían suprimirse ya que su permanencia no se justifica en un Estado de las autonomías. En el caso de los municipios, la situación es mucho más grave que en las diputaciones y sobre todo mucho más complicado de resolver. En España, según el INE, hay 8.112 municipios de los que 7.363 tienen menos de 10.000 habitantes, y 3.800 menos de 500; si se tiene en cuenta que según las estimaciones realizadas, la dimensión adecuada para que un municipio sea viable económicamente, debiera contar con un mínimo de 10.000 habitantes, podrían suprimirse en torno al 90% de los mismos. Es obvio que por su complejidad política, jurídica y administrativa, tal reducción es, a todas luces, una exageración que ningún partido político está dispuesto a abordar, máxime teniendo en cuenta que es una competencia transferida a las comunidades autónomas; en cambio, de manera indirecta, si se pueden articular algunos mecanismos que inciten a la concentración municipal, como, por ejemplo, incrementando sus competencias –entre ellas las financieras- a los que cumplan determinados requisitos.

En fin, el número de políticos electos en particular en la administración territorial, está claramente sobredimensionado y si no se reduce es por intereses partidistas. La política, para muchos de sus ejercientes, ha dejado de ser una noble vocación para convertirse en una plataforma para conseguir un puesto de trabajo. De muchos políticos puede decirse que no son realmente servidores públicos ya que si bien acceden a su cargo de forma voluntaria, pretenden perpetuarse en el mismo convirtiéndolo en una profesión estable. La función política debiera ejercerse por tiempo limitado y sin ningún otro privilegio añadido, ni durante y ni con posterioridad al desempeño de la misma; y mucho menos permitir tan alegremente las puertas giratorias a las que tan habituados están nuestros políticos y las empresas que les dan cobijo a cambio de favores prestados o esperados (en 2014, más de 30 políticos tenían cargos en las empresas energéticas, entre ellos dos ex presidentes de gobierno y nueve ex ministros).

El segundo componente de la clase política es el de altos cargos de la administración y asesores externos o personal de confianza; en conjunto, este segundo grupo puede situarse en torno a 300.000 personas. Sobre los altos cargos de la administración, apenas existe información oficial: se desconoce su número, los puestos que desempeñan y sus remuneraciones; y casi otro tanto ocurre con los asesores que el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas los disfraza incluyéndolos en Otro personal conjuntamente con funcionarios interinos (los nombrados por orden de urgencia).

Tanto los altos cargos como los asesores se presume que son técnicos altamente cualificados que prestan temporalmente sus servicios en la administración. En la realidad, y sobre todo entre los asesores y salvando las excepciones, no sucede así, por lo menos en lo relativo a su competencia técnica: la mayoría son miembros de los partidos políticos a los que, por razones diversas, se les busca un empleo. Muchos de ellos carece de la competencia profesional necesaria, por lo que serían perfectamente prescindibles en su práctica totalidad. Con las limitaciones que puedan establecerse, tanto los altos cargos como los asesores deberían ser funcionarios de carrera ya que son los verdaderos competentes en sus respectivas áreas de actividad; además del ahorro que se produciría con tal sustitución, se solucionaría otro problema de fondo: la politización de la administración.

El tercer componente de la clase política es el de los sindicalistas liberados en la administración. Su número preciso también se desconoce por falta de información –de la administración y de los propios sindicatos- aunque se estima en torno a unos 65.000. Este grupo también se ha burocratizado y politizado, en particular los provenientes de CC.OO y UGT. Con el tiempo ambos sindicatos se han ido convirtiendo en puras maquinarias electorales con el fin de conservar su poder en la administración y para lo cual no han reparado en medios, incluidas las prácticas corruptas, sobre todo a través de la formación, una de sus principales fuentes de financiación. Los liberados sindicales son verdaderos profesionales de la política –en este caso de la sindical-, sin plazo de caducidad y sin control alguno sobre su actividad cotidiana. Esto no debe interpretarse como una propuesta de supresión de la actividad sindical en la administración, que es necesaria, sino como una necesaria rendición de cuentas de la actividad que realizan.

La clase política ejerce un control desmedido sobre una administración pública que debiera ser políticamente neutral y estar al servicio de los ciudadanos y no de los partidos políticos, como de hecho ocurre sobre todo en las comunidades autónomas, diputaciones y municipios;  y más aún en las nacionalistas en la que buena parte de sus trabajadores –autonómicos y municipales- han sido seleccionados de acuerdo con criterios más políticos que técnicos.

La clase política, en fin, se ha convertido en una verdadera casta que ha acaparado un inmenso poder y una gran influencia en la vida cotidiana española. Su responsabilidad directa en la formación de la burbuja inmobiliaria es incuestionable como pone de manifiesto la serie interminable de escándalos de corrupción que ha ido destapando la crisis económica. Aunque las recientes elecciones autonómicas y municipales y algunas medidas de maquillaje que se han tomado contra la misma han comenzado a erosionar su poder político, su estructura básica permanece prácticamente íntegra e igual de opaca.


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