lunes,29 noviembre 2021
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La educación privada suma contra la LOMLOE ante el Senado casi dos millones de firmas

Redacción
La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, ha reunido cerca de dos millones de firmas contra la LOMLOE, nueva ley orgánica para modificar la LOE cuya votación para ser aprobada está prevista para el 23 de diciembre, sin aceptar enmiendas al texto. FEUSO, junto a la plataforma Más Plurales, entregaron en el Senado los casi dos millones de firmas recogidas contra esta nueva ley de Educación La Federación de Enseñanza de USO (FEUSO), junto a la plataforma Más Plurales, continúan mostrando su oposición en toda la geografía española.

Desde la plataforma organizadora de las movilizaciones defienden que la LOMLOE ataca al sector al eliminar del artículo 109 de la Lomce la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados varíen en función de lo que demanden los padres.

Recurriremos todo lo que haya que recurrir, porque sabemos que esta Ley es anticonstitucional, coinciden en afirmar asociaciones y sindicatos de la Plataforma, que han recibido apoyos políticos en PP, Vox y Ciudadanos. También de tres sindicatos: la federación sindical USO, el sindicato FSIE y el autodenominado sindicato independiente ANPE han sido algunos de los más activos en las movilizaciones, junto a las diferentes patronales y organizaciones de centros.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de USO y coordinador de la Plataforma, Antonio Amate, ha reiterado estos días que el proyecto de Celaá introduce la sospecha en el sistema educativo: parece que los padres necesitan la tutela del estado, y la administración lo que tiene que hacer es dar el paso para ayudarnos a nosotros, no enredarnos ni teledirigirnos. Además, el Gobierno también desconfía de la educación concertada, «que tiene una aceptación masiva y funciona con absoluta normalidad, y sin embargo se van a retirar sus fondos, negándole la financiación que merece porque escolarizamos a 2 millones de alumnos», apuntó Amate.

Para el secretario general del sindicato FSIE, Francisco Javier Muñoyerro, la nueva ley supone «un atropello a todas las libertades , al arrollar la opción de los padres para elegir centros en los que escolarizar a sus hijos». Para Muñoyerro, esta libertad de elección estará garantizada «solo si hay pluralidad de oferta».

Este miércoles hubo una Mesa de Negociación donde el Ministerio solo ha transmitido a los sindicatos el estado de tramitación de la nueva ley, según el autodenominado sindicato independiente ANPE: Una Mesa que llega tarde y pierde su verdadero objetivo incumpliendo el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en lo que a negociación colectiva se refiere.

La ausencia de diálogo respecto al conjunto de modificaciones que se introducen en el marco normativo actual unido a la falta de negociación, en todo lo que afecta a condiciones laborales del profesorado, han sido la tónica general durante el proceso de tramitación de la LOMLOE desde el inicio hasta la actualidad.

ANPE exige abordar la situación del profesorado desde una dimensión global y conjunta y no con medidas parciales y aisladas y, debatiendo todo lo que tiene que ver con los cambios de la profesión docente en el marco de una verdadera negociación con los legítimos representantes del profesorado.

ANPE informa que planteó las siguientes propuestas de mejora del articulado del proyecto de Ley, esperando que sean tenidas en cuenta y que se incluyan en la nueva ley durante el trámite parlamentario:

  • Que se integren todos los cuerpos docentes en el grupo funcionarial A1 y, dentro del futuro Estatuto de la Función Pública Docente, reconfigurar los cuerpos docentes, y el ingreso y acceso de unos cuerpos a otros.
  • Exigimos una Ley de la profesión docente donde se recoja y regulen, entre otros aspectos, los requisitos de formación inicial para el profesorado de las enseñanzas no universitarias. A su vez, se establezca, en el marco de un Estatuto de la Función Pública Docente, el ingreso y acceso a los cuerpos docentes, el establecimiento de la carrera profesional docente desde el ingreso hasta la jubilación, regulando y consolidando un sistema de jubilación anticipada. Además de establecer, en dicha futura norma, el derecho de movilidad del profesorado por todo el Estado, manteniendo para ello el carácter estatal de los cuerpos docentes.
  • No estamos de acuerdo en la reducción del contenido mínimo fijado por el Estado en los currículos al 50% en las CCAA con lengua cooficial y al 60% en el resto de las comunidades. Esta medida ahonda más en la desvertebración educativa.
  • Que el castellano debe seguir siendo considerado lengua vehicular en todo el Estado. El castellano es la lengua oficial de todos los españoles, un derecho básico y fundamental. Y el Gobierno de España debe proteger los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos.

Este proyecto de ley no viene precedido de un acuerdo básico o un pacto de estado que hubiera permitido sentar las bases de lo que debe ser la reforma profunda y global que necesita la educación en España y que sirviera para dotar de estabilidad normativa y perdurabilidad al sistema educativo. La LOMLOE será así según ANPE y la plataforma de recogida de firmas una ley impuesta, donde el diálogo y la negociación con la comunidad educativa y sus legítimos representantes fueron los grandes ausentes.

También en la reunión se ha tratado la incidencia del covid-19 en los centros educativos. En este sentido, desde ANPE hemos planteado al Ministerio una serie de medidas de mejora para que acuerde, con las comunidades autónomas, su aplicación en todos los territorios para evitar que se den situaciones de discriminación y desigualdad. Entre estas medidas destacamos: la dotación de sistemas de ventilación con filtros HEPA y detectores de CO2, o cualquier otro sistema de ventilación homologado que no obligue a tener abiertas las ventanas y puertas de las aulas continuamente de cara al invierno y a la llegada de las bajas temperaturas. Y el permiso retribuido de ausencia de los padres que tengan que quedarse al cuidado de sus hijos en cuarentena, tal y como el Gobierno anunció que iba a hacer.

Casi un mes ya de movilizaciones 

El toque a rebato se produjo ya hace casi un mes, cuando una plataforma liderada por las patronales de la enseñanza concertada -con Escuelas Católicas a la cabeza-, las principales asociaciones de padres de los centros y los sindicatos mayoritarios en este ámbito inicien una campaña de movilizaciones y denuncia pública contra la ‘ley Celaá’, para poner en pie de guerra a un sector que supone el 26% del sistema no universitario español, con más de 5.200 centros y 2,1 millones de alumnos.

La campaña, denominada ‘Más plurales, más libres, más iguales’, comenzó a calentar motores con la publicación masiva de vídeos y eslóganes contra la Lomloe en las redes sociales y páginas web de todas las organizaciones adheridas. La agitación de la protesta en el mundo digital va acompañada de etiquetas como #StopLeyCelaa.

AL mismo tiempo se inició en la web masplurales.es una recogida de firmas contra la Lomloe que pretende reunir centenares de miles de apoyos para presionar a políticos y partidos y empezarán a activarse las protestas en la calle, que comenzarán con concentraciones en los centros, los miércoles, al final de la jornada escolar. Toda la campaña de denuncia contra la Lomce tendrá como referente simbólico y visual un lazo naranja.

El sector rechaza de manera frontal la Lomloe con el argumento principal de que suprime la «demanda social» como condicionante de la programación de puestos escolares -lo que permitía mantener y ampliar las plazas de la concertada a solicitud de los padres-; porque, con el objetivo de evitar casos de segregación escolar, da mayores competencias a las administraciones a la hora de distribuir a los alumnos por centros públicos o privados con independencia de la preferencia; y porque apuesta por la ampliación preferente de plazas públicas, sobre todo en la etapa de 0-3 años. Creen que detrás de los cambios está la intención de terminar con la libertad de elección de centro de los padres y de convertir la concertada en un mero complemento de la pública, para ir retirándoles grupos y conciertos paulatinamente.

Además, rechazan que la reforma legal «postergue» la clase de Religión a una asignatura sin materia alternativa y sin efectos académicos, que imponga en Primaria y ESO una asignatura obligatoria de Valores Cívicos y Éticos que creen «un instrumento de adoctrinamiento», que «se limite la autonomía de los centros» por el retorno al consejo escolar de un representante municipal a quien consideran «un comisario político» y por el mayor peso de padres y alumnos en la elección del director, o que pretenda terminar con los conciertos de los centros privados que practican la educación diferenciada (separación por sexo).

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