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POLÍTICAS
Nuevas grabaciones avalan la financiación irregular del PP

La Guardia Civil avala que Cifuentes conocía favores a un empresario acusado de financiar al PP


La Guardia Civil concluye en un segundo informe que e la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Arturo en 2011 la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, tuvo que ser partícipe "directa" y conocedora de irregularidades. C´s amenaza con retirarle su apoyo si no lo aclara, por lo que las investigaciones sobre corrupción afectan a los dos gobiernos de Madrid, aunque Rajoy haya expresado su apoyo a ella y al ministro y los fiscales recusados por toda la oposición.
Redacción 18 de mayo de 2017 Enviar a un amigo
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Así lo explica la UCO en un informe del pasado 27 de marzo, que amplía uno anterior en el que se atribuye a Cifuentes delitos de prevaricación y cohecho, que levanta nuevas sospechas de financiación ilegal del PP tras el empresario Arturo Fernandez (cuyo Gupo Cantoblanco se asienta en terrenos de la Universidad Autónoma de Madrid) y las atribuidas en las operaciones Lezo (por un testaferro de González y por la Fundacion 2 de Mayo), Púnica (por las imputaciones de responsables de la empresa OHL como Javier López Madrid  y su suegro y propietario de OHL el exministro Villar Mir), todas ellas adicionales a las de Gurtel en Madrid y Valencia. En este segundo informe se recogen las declaraciones los pasados 8 y 9 de marzo de tres personas investigadas que participaron en la adjudicación en 2009 y 2011 supuestamente a dedo al expresidente de la patronal madrileña del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid. Estos tres imputados situaron a Cifuentes en dos reuniones en las que se habló de las diferentes ofertas para estos concursos, en las que la presidenta madrileña habría participado como presidenta de la mesa de adjudicación, así como también como miembro del comité de expertos que evaluaba a los licitadores, dos cargos que la UCO cree incompatibles.

En concreto, en la licitación de 2011 participó uno de los imputados, Arturo Zubiri, funcionario de la Asamblea que, según explicó a los agentes, asignó cero puntos a una empresa competidora de la de Arturo Fernández, "bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna".

Ilustración difundida en redes sociales en círculos de Podemos
 

De esta circunstancia, dice la UCO, "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras" los otros dos componentes del comité de expertos, que eran Cifuentes y María Merino, otra de las imputadas que declaró ante la Guardia Civil.


Juez y fiscales avalaron que había irregularidades 

Por otra parte, se ha publicado que el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, y las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García, avalaron en sendos escritos el pasado 6 de marzo que los contratos entre la Asamblea de Madrid y el grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, presentaban irregularidades. Son documentos que obran en el sumario de la causa, ambos fechados cinco días después de que la UCO presentara un primer informe en el que pedía que se investigara a la presidenta de la Comunidad de Madrid por la adjudicación de los contratos de cafetería.

Según recuerdan los diarios, el juez ha decidido no procesar por ahora a Cifuentes por entender que no hay prueba de que esté implicada en la financiación ilegal del partido, criterio que comparte la Fiscalía Anticorrupción. Pero, con independencia de que no aprecia responsabilidad en el papel de Cifuentes, en el auto dictado el 6 de marzo, Velasco reseñó la existencia de "sólidos indicios" que acreditarían que empresarios como Arturo Fernández "fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes".

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, preguntada por los periodistas sobre este asunto, negó que haya cuestionado la labor de la Guardia Civil. Tras defender a la UCO, matizó que "se pueden cometer errores". "Yo siempre voy a defender la labor de la Guardia Civil y la labor de la UCO, eso no quita que en la UCO, que está formada por personas como el resto de organismos, se puedan hacer las cosas mejor o peor y se pueden cometer errores", dijo. Según la presidenta regional, esta visión es compartida por el juez, Eloy Velasco, "a quien corresponde hacer una calificación de los hechos", añadió

Sobre si se sentía respaldada por su partido, Cifuentes dijo haber recibido el apoyo entre otros, de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal. No obstante, señaló que lleva 30 años en política y que no se puede poner en duda su "trayectoria amplia y limpia", y que estas acusaciones han aparecido en un momento muy determinado. "Simplemente digo que en las casualidades no creo y en la política muchísimo menos. Cada cual que saque sus propias conclusiones. No voy a hacer hipótesis de ninguna clase. No sé de dónde viene esto", señaló.

Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió la separación de poderes al ser preguntado por la supuesta falta de imparcialidad del informe de la UCO sobre la presidenta madrileña.

Además, las asociaciones de guardias civiles recordaron a la presidenta madrileña la "neutralidad", "buen hacer" y "profesionalidad" de la UCO, incidiendo en que nunca han trabajado al servicio de ningún partido y ha gozado y goza de una gran credibilidad. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), indicaron que esa unidad "no es partidista ni actúa a conveniencia", sino que "hace su trabajo y lo pone a disposición judicial".

Ciudadanos pide explicaciones a Cifuentes

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo  que no le vale que la presidenta de Madrid "se haga la víctima" después de que la Guardia Civil viera indicios de "cohecho y malversación" en las adjudicaciones de varios contratos públicos, tras lo que le pidió que dé explicaciones. Rivera señaló que las dé en la Asamblea de Madrid, tal como ha reclamado Ciudadanos.

Según Rivera, "hay que ser prudentes", aunque vio "preocupante" el informe de la UCO sobre Cifuentes, teniendo en cuenta además que Ciudadanos sostiene al Ejecutivo madrileño. Rivera dijo que aunque el juez crea que no hay pruebas suficientes para acusar a la presidenta regional, tampoco ella puede ir de víctima. "Ahora resulta que la culpa es de la Guardia Civil", ironizó.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que mantiene su plena confianza en la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo mismo que hizo el día anterior desde China ante la recusación del ministro de Justicia, el Fscal General y fiscales Anticorrupción por parte de toda la oposición, al entender que frenan y obstalizan la labor investigadora y judicial. Preguntado a la salida de la sesión de control del Congreso, el jefe del Ejecutivo contestó: "Absolutamente".

El juez Velasco deja los sumarios tras dictar libertad para Granados

El juez Eloy Velasco, instructor entre otros de los casos Lezo y Púnica, que investigan supuestas tramas de corrupción ligadas al PP madrileño, dejará en los próximos días el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional para trasladarse a la nueva Sala de Apelación de este mismo órgano. Velasco había pedido este cambio y la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió ayer adjudicarle una de las dos plazas disponibles, convocada dentro de un concurso de traslado en el que se han adjudicado otras treintena de destinos.

La otra plaza disponible para esta Sala de Apelaciones ha sido para el magistrado de la Sala Penal Enrique López; otros aspirantes fueron el magistrado de la Audiencia y vocal del Poder Judicial Fernando Grande Marlaska y el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, además de los jueces de instrucción Fernando Andreu y Carmen Lamela. Para sustituir la plaza que deja libre Velasco se ha convocado ya un concurso de traslado. Este puesto se adjudicará por antigüedad dentro de la carrera judicial y, según fuentes del Poder Judicial, el concurso podría estar resuelto a finales de junio.

Según EL MUNDO, el CGPJ ha interpretado que tiene preferencia para acceder a un puesto que pedían otros 32 magistrados. LA VANGUARDIA destaca que "Velasco deja los casos Púnica y Lezo en plena instrucción por un ascenso".

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco impuso ayer una fianza de 400.000 euros en metálico al exconsejero madrileño y exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados para poder eludir la prisión tras más de dos años y medio encarcelado. Velasco ha decidido en un auto modificar la situación de prisión incondicional en la que se encuentra Granados desde el 31 de octubre de 2014, a la vista de los últimos registros en relación con Arpegio-Prisma, al entender que disminuyen el riesgo de destrucción y desaparición de pruebas, y teniendo en cuenta que ya se ha levantado el secreto que pesaba sobre diversas piezas separadas.

Según recuerdan los diarios, después de que la defensa de Granados pidiera su excarcelación en varias ocasiones, Velasco ha acogido la última solicitud, del pasado 5 de mayo, al considerar que se ha rebajado el riesgo de fuga por el tiempo transcurrido en prisión. Pese a ello, el juez entiende que no han desaparecido por completo esos riesgos y por ello le impone el mencionado abono en metálico para salir de la cárcel, lo que le impide depositar bienes como pago de esa cantidad. Una vez pagada la fianza, Granados podrá salir de la prisión de Estremera (Madrid) en la que se encuentra y después deberá comparecer en la Audiencia Nacional o el juzgado más cercano a su domicilio dos veces al mes

Rajoy ratifica también su confianza en ministro y fiscales 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ratificó  su confianza en el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en la cúpula de la Fiscalía, ante el pleno del Congreso que el día anterior los había reprobado por la pérdida de credibilidad que ha supuesto su actuación en torno a los procesos por corrupción del PP.

La pregunta, en la sesión de control, partió del portavoz socialista, Antonio Hernando. Sobre ellos, Mariano Rajoy dijo mantener "plena confianza", tras lo que pidió al portavoz socialista que en el futuro "no haga perder el tiempo a la Cámara" promoviendo iniciativas que no tendrán después consecuencias ejecutivas. Rajoy además, vinculó la iniciativa al proceso de primarias que vive el PSOE: "Espero que el domingo 21 llegue su Pentecostés y dejen de hacer méritos para que gane uno y no pierda otro". Hernando, por su parte, le reprochó que sea "un presidente a merced de la corrupción" y le pidió que acuda a declarar en persona al juicio del caso Gürtelen la Audiencia Nacional.


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