viernes,21 enero 2022
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Las grandes empresas españolas, obligadas a devolver ayudas

La inversión socialmente responsable crece más de un 22% en Europa

Redacción
La inversión socialmente responsable crece en Europa a un ritmo superior al resto del mercado que no tiene en cuenta los aspectos sociales, medioambientales y de buen gobierno, según el último estudio de Eurosif. En concreto la inversión sostenible ha aumentado un 22,6% entre 2011 y 2013, frente al 21,7% del mercado inversor generalista europeo. El estudio era presentado cuando se publica que las grandes empresas españolas deben devolver ayudas fiscales estatales.

Ese fuerte crecimiento, que en la inversión española llega a ser de tres dígitos, se incrementa al analizar las inversiones de impacto que han crecido un 132% en el mencionado periodo de tiempo.

Según el estudio presentado ayer en Madrid por Spainsif, los valores sujetos a criterios de exclusión han crecido un 91% durante los años analizados en el estudio y suponen el cerca del 41% de los valores gestionados en Europa. En este sentido, los expertos señalan que las exclusiones cubren más valores que ninguna otra estrategia de gestión socialmente responsable y tienen mayor consistencia de uso. Las exclusiones más comunes son las relacionadas con las minas antipersonas y municiones de racimo.

Por primera vez, el estudio incluye la figura de la inversión de impacto, que ha tenido un rápido crecimiento, con un aumento del 132% desde 2011, alcanzando un mercado estimado de 20.000 millones de euros. Por países, Holanda y Suiza son los principales mercados, que supone dos terceras partes de los valores europeos. A éstos les siguen Italia, Reino Unido y Alemania. Las microfinanzas representan la mitad de la inversión de impacto.

Todas las formas de integración de los aspectos sociales, medioambientales y de buen gobierno han crecido un 65% desde 2011, haciendo que esta estrategia inversora sea la que ha tenido un mayor aumento. Cerca del 40% de estos valores están sujetos a procesos de inversión que incluyen criterios no financieros.La Comisión Europea ha ordenado este miércoles a España que recupere las ayudas fiscales concedidas a las grandes empresas españolas por comprar compañías de fuera de la UE. Bruselas considera que estas deducciones tributarias son "incompatibles con las reglas de la UE" ya que conceden a las compañías beneficiarias una "ventaja económica selectiva".

Ayudas fiscales estatales a devolver

Por otra parte, el Ejecutivo comunitario ha denunciado además que el Gobierno de Mariano Rajoy no le notificó este nuevo régimen fiscal, que data de 2012, pese a que estaba obligado a hacerlo.

La decisión de Bruselas no identifica a las empresas que deben devolver ayudas ni tampoco cuantifica la cantidad de subvenciones que tendrán que reembolsarse. Corresponde ahora a las autoridades españolas establecer la lista de empresas que se han beneficiado de este régimen y las ayudas que tienen que devolver.

El Ejecutivo comunitario ya declaró ilegal en octubre de 2009 y en enero de 2011 la versión original de este régimen y exigió la devolución de parte de las ayudas, las que se concedieron después del 21 de diciembre de 2007. España se comprometió entonces a no aplicarlo a nuevos demandantes, pero no suprimió las disposiciones porque algunas compañías podían seguir beneficiándose.

Sin embargo, en marzo de 2012, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy adoptó una nueva interpretación administrativa vinculante, que permite de forma retroactiva deducciones fiscales no sólo para las adquisiciones directas sino también para las adquisiciones indirectas.

Esta interpretación se adoptó para la adquisición de la compañía telefónica brasileña Vivo por parte de Telefónica. Precisamente, Telefónica ya se había beneficiado de estas deducciones para la compra de la compañía británica O2, aunque en este caso Bruselas decidió no solicitar la devolución de las ayudas por motivos de seguridad jurídica.

Las disposiciones españolas permitían la amortización del fondo de comercio financiero (la diferencia entre el coste de las participaciones de una empresa y el valor de mercado de sus activos) en la adquisición de participaciones en empresas extranjeras, lo que según Bruselas representa una clara excepción del sistema fiscal general español, puesto que permite la amortización del fondo de comercio incluso cuando las compañías adquirientes y adquiridas no estén unidas en una única entidad empresarial.

Montoro: "No es un problema demasiado importante para nadie"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha indicado que la posible devolución "no es un problema demasiado importante para nadie", a pesar de la orden la Comisión Europea.

Montoro, que hizo estas declaraciones antes de participar en la Junta Directiva de la CEOE, afirmó que el Gobierno aún no ha recibido el expediente de Bruselas y que lo analizará cuando lo reciba, pero añadió que "ni siquiera" para las empresas afectadas será un problema importante, a pesar de que, según reconoció, es un mecanismo "muy utilizado" por ellas para favorecer su internacionalización, lo que también "ha ayudado a salir de la crisis".

"Tenemos que recibir el expediente de Bruselas, que está llegando ahora, y estudiarlo y analizarlo. Esta es una figura de desgravación fiscal que ya, desde 2012, hemos reducido su utilización en los cambios que se hicieron en el Impuesto de Sociedades", subrayó Montoro.

En este sentido, dijo que la Secretaría de Estado de Hacienda ya realizó una consulta prejudicial para clarificar algunos extremos sobre la aplicación de esta figura y afirmó que, con todo ello, el Gobierno hará una valoración y tomará "las decisiones oportunas".

El ministro, que no quiso adelantar qué importe está en juego, recordó que estas deducciones fueron impulsadas por él, en su anterior etapa como ministro de Hacienda, para favorecer la internacionalización de las empresas españolas y que fue "censurada" por la Comisión Europea durante la etapa del gobierno socialista, "que aceptó esto sin argumentos de defensa".

La Comisión Europea ha ordenado este miércoles a España que recupere las ayudas fiscales concedidas a las grandes empresas españolas por comprar compañías de fuera de la UE. Bruselas considera que estas deducciones tributarias son "incompatibles con las reglas de la UE" ya que conceden a las compañías beneficiarias una "ventaja económica selectiva".


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