domingo,22 mayo 2022
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Casi paralizadas las políticas activas de empleo

La Junta de Andalucía acusa al Gobierno de usar el fraude en la formación para tapar el caso Gürtel

Redacción
La Junta de Andalucía acusó al Gobierno de utilizar el fraude en los cursos de formación para tapar el caso Gürtel. Ambos están siendo investigados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Mientras se cruzan las acusaciones, Andalucía y España encabezan las listas europeas con mayor paro juvenil y las políticas activas de empleo (basadas en gran parte en la formación) siguen casi paralizadas pese a los anuncios de miles de millones para ellas.

Las denuncias periodísticas provocadas por las investigaciones de la UDEF, dependiente del Gobierno, han llegado a estimar el fraude en los cursos de formación en casi 2.000 millones de euros, diciendo que superan al de los ERE. Pero la Junta de Andalucía limita a menos de 10 millones de euros toda la investigación  de la que dice tener noticias a través de la Administración central, sin que esta haya aportado cifras para evitar la confusión. "Si tienen datos, que no hagan filtraciones", declaró este jueves el Consejero de Educación de la Junta, en tanto el vicesecretario de Programas del PP y número dos para las elecciones europeas, Esteban González Pons, pedía a la presidenta andaluza que "abra una investigación" añadiendo que "lo responsable no es quejarse", si bien persiste la confusión sobre lo investigado por la UDEF y denunciado desde el Gobierno.

Mientras Andalucía y otras regiones españolas encabezan las listas de territorios con mayor paro juvenil de toda Europa, y tambien casi a los dos años de que la UE anunciara programas especiales contra esa lacra, tampoco se ha informado sobre la virtual paralización durante el último año en toda España de las políticas activas de empleo, basadas en gran parte en cursos de formación. Se ignora el reparto de los casi 1.000 millones presupuestos para ese fin durante el 2013 y aprobados por el Gobierno en noviembre último. Y también de los otros cerca de 1.000 millones que debería recibir España a partir de este año del programa de empleo juvenil europeo.

La confusión se extiende actualmente a cómo han de administrarse los cursos de formación en el futuro vinculados a dichas políticas activas de empleo. Aunque a finales del año pasado se filtrába que el Gobierno intentaba restar influencia a patronal y sindicatos en la gestión de tales cursos ahora sometidos a descrédito por los recientes escándalos de Madrid y Andalucía, a finales de marzo pasado se informaba que CEOE y sindicatos controlarán la formación casi como hasta ahora.  

Coincidiendo con el aumento de esta desinformación, las denuncias sobre los cursos de formacion basadas en informaciones de la UDEF se publicaron al mismo tiempo en que el juez Ruz ordenó investigar la relación entre las cuentas de Bárcenas y las del PP. Sin embargo, ayer la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía concluyó que "con la información disponible" en la actualidad "no es posible establecer una vinculación directa" entre las donaciones empresariales recogidas en los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones de administraciones públicas del PP a las empresas donantes. La UDEF señala que el conjunto de esas empresas han obtenido adjudicaciones de las administraciones públicas "de forma continua" y durante una serie "histórica", y apunta que las anotaciones de entradas de fondos en los documentos del extesorero del PP "no siguen una misma secuencia definida para el conjunto", sino que "cada persona vinculada a una de las empresas que figuran como aportantes de fondos presenta una evolución dispar".

Versión de la Junta

La Junta de Andalucía negó ayer la existencia de un "fraude masivo" en la gestión de las ayudas a los cursos de formación investigada por la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, y denunció la persecución que, a su juicio, está sufriendo del Gobierno. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, acusó al Ejecutivo de abrir una "causa general contra toda Andalucía" por la gestión de los fondos de formación y exigió al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que "dé la cara y datos y apellidos de las instituciones o empresas" implicadas en este supuesto fraude o, en caso contrario, que "pida disculpas y retire la acusación". "Es una vergüenza y un atropello a Andalucía y los andaluces", apostilló. Alonso exigió para Andalucía "el mismo respeto" que para otras comunidades e insinuó que detrás de todo hay una operación política del Gobierno para tapar el caso Gürtel.

Alonso criticó a Interior por dudar de la legalidad de las cantidades "que representan el presupuesto total de la formación profesional para el empleo en Andalucía en los últimos siete años", en alusión a los 2.000 millones que apuntan como la cantidad presuntamente defraudada. El consejero insistió en que el Gobierno de Mariano Rajoy "se alía con el PP andaluz en la causa general" de la formación profesional y "le da igual el coste de sus acusaciones para cientos de entidades honradas y eficientes".

Asimismo, admitió haber recibido una petición de información de la Seguridad Social en el marco de las pesquisas de la Fiscalía en la que se referían a un programa de contratación del año 2010, que cuenta con un presupuesto de 5,9 millones de euros en Málaga. Según Alonso, el Gobierno andaluz respondíó a la solicitud el 7 de febrero. En total, habría 17 expedientes bajo sospecha por un montante de 1,5 millones.

Por su parte, el Ministerio del Interior negó que hubiera filtrado datos sobre una investigación que se lleva a cabo "con absoluta discreción y máxima reserva, abierta a raíz de unos datos detectados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social"

El PP pide la comparecencia de Díaz

El presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pidió ayer la comparecencia de manera "inmediata" en el Parlamento de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para que explique las posibles irregularidades en los fondos de formación y abra una investigación. Moreno dijo esperar que el Gobierno andaluz "esté a la altura" y que Díaz comparezca, ya que si no se estaría "ante una crisis de liderazgo con consecuencias imprevisibles para el futuro de Andalucía". Se trata, dijo, de unos hechos "terriblemente graves y preocupantes para el conjunto de los andaluces" que vuelven a "empañar y ensuciar la imagen de nuestra tierra", por lo que insistió en reclamar al Ejecutivo autonómico que ofrezca su "total colaboración" a las instituciones que investigan los hechos.

El diputado de IULV-CA Ignacio García apuntó que su formación se encuentra "muy preocupada" por las informaciones sobre el supuesto fraude en las ayudas y pidió al Gobierno andaluz que comparezca en el Parlamento para dar explicaciones.

UGT y CCOO defendieron su actuación en la recepción y gestión de las ayudas destinadas a formación para desempleados, aseguraron que es "absolutamente legal" y se mostraron "tranquilos" por la investigación policial.

Bruselas pedirá explicaciones 

La Comisión Europea señaló ayer que pedirá explicaciones a la Junta de Andalucía sobre si alguno de los cursos investigados estaban financiados por el Fondo Social Europeo. La portavoz de Empleo de la Comisión, Emer Traynor, recordó que en enero contactó con el Gobierno andaluz tras salir a la luz las primeras informaciones sobre un supuesto fraude en cursos de formación. Al ser informados que las ayudas no correspondían al Fondo Europeo, Bruselas decidió desvincularse del caso.

El Gobierno andaluz no investigó unas declaraciones del principal imputado en el fraude de los ERE, Javier Guerrero, en las que aseguró ante la juez Mercedes Alaya que si él movía 54 millones de euros al año del fondo de reptiles, "era una parte muy pequeña del presupuesto comparada con la destinada a la Dirección General de Formación y Empleo, unos 290 millones", según destaca hoy EL MUNDO.

Por otra parte, ABC informa que la Junta pagó a profesores y empresas que teóricamente impartían cursos de formación para desempleados el doble de lo legalmente estipulado, según los datos de que dispone la UDEF.

Mientras, LA RAZÓN destaca que fuentes conocedoras del caso apuntan que la cantidad del presunto desvío de fondos será "enorme y llamativa", aunque lejos de los 2.000 millones de euros apuntados desde algunos ámbitos. A día de hoy, la UDEF tiene detectadas en torno a 1.000 irregularidades.

Gobierno inestable

Todo ello ha generado una oleada de opiniones y editoriales de casi toda la prensa española sobre Andalucía, y se produce también apenas una semana después de que el Gobierno de coalición en Andalucía entre PSOE e IU estuviera al borde de la ruptura, y cuando todavía las heridas no están del todo cerradas. Los de la prensa mundial sobre España son menos seguidos, pues el Gobierno de Zapatero dejó de facilitar su seguimiento y el de Rajoy ha secundado la misma política.

EL PAÍS opina hoy que "conviene que ambas partes se sienten a evaluar los daños y extraer las lecciones que el episodio encierra". "Lo ocurrido muestra la fragilidad de un Gobierno que no parece consciente de la gran responsabilidad que tiene: demostrar que las fuerzas de izquierda pueden entenderse y aplicar políticas sociales alternativas a las del PP". En un país con escasa tradición de Gobiernos de coalición, "es importante que la experiencia emprendida en Andalucía culmine los dos años que quedan de legislatura". Unas elecciones anticipadas serían "un gravísimo error, cuyas consecuencias no sólo repercutirían en Andalucía, sino en toda España". "Ni Andalucía ni España, que luchan por salir de una crisis devastadora, se pueden permitir episodios de inestabilidad política".

Asimismo, EL PERIÓDICO opina que Eurostat acaba de recordar a España que la reactivación del empleo "dista enormemente de ser la adecuada y que el Gobierno de Mariano Rajoy todavía debe acogerse a la prudencia en sus mensajes respecto a la situación económica". Los "triunfalistas" mensajes de las últimas semanas "deben atemperarse, y el Ejecutivo ha de centrarse en encontrar una política de empleo a corto y medio plazo que saque a España del pelotón de los torpes". "El Gobierno no puede hacer dejación de su responsabilidad y escudarse en que las grandes líneas de la política económica están marcadas por Bruselas". "Un mercado laboral activo y sano sigue siendo, en definitiva, la gran asignatura pendiente, y los ciudadanos españoles reclaman medidas que permitan superar la calamidad del paro. La mejora de ciertas cifras macroeconómicas no puede conducir de ningún modo a la autocomplacencia oficial cuando el país sigue siendo el farolillo rojo de los 28 de la UE".

También LA VANGUARDIA dedica su editorial al asunto, ya destacando el escándalo de la UDEF: "Andalucía es la región europea con más paro. Por ello, es receptora de ayudas, de procedencia estatal o europea, cuyo objetivo principal es revertir la tendencia. Estas políticas suelen ser muy cuantiosas, "en forma por ejemplo de concesión y desarrollo de cursos para la formación de desempleados. Por desgracia, dan lugar a distribuciones irregulares, cuando no fraudulentas, de tales recursos, lo cual es de todo punto inadmisible". Todavía asombrados por las revelaciones sobre los ERE, nos enteramos de un nuevo caso investigado por la UDEF. Este tipo de irregularidades "producen enorme perplejidad a todo ciudadano que se gana la vida honestamente y que cumple con sus obligaciones fiscales. Vivimos en un país con gran tradición picaresca, eso es bien sabido. Pero cuando esta se filtra en las instituciones oficiales, los sindicatos o las patronales, la gravedad del asunto es enorme. Estos fraudes tienen efectos muy perniciosos. Tanto por el quebranto monetario que conllevan, y que repercute en las arcas públicas, como porque minan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en sus gestores". La prioridad ahora es que "las investigaciones lleguen a su término cuanto antes, que el caso tenga su recorrido judicial y que, si hubiera lugar, caiga el peso de la ley sobre quienes la hayan vulnerado con la severidad necesaria para erradicar en el futuro toda conducta delictiva e insolidaria".

Los demás periódicos se centran casi exclusivamente en las investigaciones de la UDEF sobre los cursos, igualmente sin informar sobre su vinculación con las políticas activas de empleo.La Junta se equivoca si pretende escurrir el bulto, opina EL MUNDO, que en los últimos meses ha sacado diversas denuncias contra el papel de UGT en los cursos de formación andaluces: "Tarde o temprano el Gobierno andaluz tendrá que asumir responsabilidades". 

El fraude de los cursos llega a Europa, editorializa EL ECONOMISTA: "Ahora cuadran las cosas. Ahora se entiende por qué Andalucía es la región con más paro de Europa (36,3%), pese a ser uno de los territorios con más programas de formación para desempleados… que ahora se sabe que nunca se dieron".

Por su parte, ABC opina que "el escándalo de los ERE amenaza con quedarse pequeño en comparación con el fraude masivo que acaba de destapar la Policía Nacional en los cursillos de formación que gestiona la Junta de Andalucía". "La denominada operación Edu se convertiría en el mayor caso de corrupción política de la historia de España y uno de los más graves del mundo desarrollado". "En concreto, los investigadores han detectado que el Servicio Andaluz de Empleo otorgó financiación a muchas sociedades que no reunían los requisitos mínimos para organizar cursos y, lo que es aún peor, ni siquiera se preocupó de comprobar su realización. Como consecuencia, Andalucía habría destinado durante años una ingente cantidad de dinero a cursos fantasma que o bien nunca se celebraron o falseaban la asistencia de alumnos y la cualificación de profesores, entre otras irregularidades, sin que las autoridades regionales hicieran nada al respecto". "El escándalo es de tal magnitud que la investigación apunta, como es lógico, a la presunta colaboración de la Administración socialista. Todo ello demuestra que Andalucía se ha convertido en un pozo sin fondo en materia de corrupción, un agujero negro para malversar a espuertas dinero público". "La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya está tardando en dar las explicaciones pertinentes y, sobre todo, en adoptar todas las medidas a su alcance para depurar hasta la última responsabilidad política involucrada en este nuevo escándalo. No basta con declarar la guerra a la corrupción, ahora se demostrará si su compromiso para combatir esta lacra va o no en serio".

Igualmentem, LA RAZÓN editorializa: "Cuando el escándalo de los ERE está aún lejos de sustanciarse en los tribunales, irrumpe en la escena pública otro presunto fraude masivo con la Junta de Andalucía como epicentro. De nuevo con las partidas dedicadas al empleo de por medio, en esta ocasión las sospechas giran en torno a los fondos de formación para los parados". "El volumen de lo defraudado podría superar los 2.000 millones de euros, y sería el escándalo más importante de desvío de fondos públicos de la historia de la democracia, con el agravante además de que se trata de partidas procedentes de ayudas europeas. Los primeros datos conocidos apuntan a un entramado sistémico y continuado que podría remover aún más la ya debilitada estabilidad del Gobierno andaluz". "El escándalo agita el acuerdo de gobierno y alienta el desencuentro, con los comunistas dispuestos a explotar las debilidades del PSOE , como ya hicieran en el reciente episodio de los realojos ilegales". "Los hechos están claros y apuntan a quien apuntan. Parapetarse en un victimismo teatral para no asumir responsabilidades es una mala respuesta que alienta las sospechas. Los grandes perjudicados de la honda crisis institucional y política de Andalucía son los ciudadanos. La comunidad con mayor índice de paro de Europa no se merece una Administración bajo sospecha". "Toca regenerarse y eso pasa por que los andaluces voten". 

 

  

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