Estas jurisdicciones incluidas al final en la lista no se han comprometido a adoptar reformas en sus políticas fiscales durante el proceso en el que Bruselas ha realizado análisis a 92 territorios para comprobar si cumplen los criterios de los Veintiochos sobre la transparencia, fiscalidad justa, erosión de la base imponible y traslado de beneficios de un territorio a otro. En 2018 la Unión les enviará una carta para explicar la decisión de calificarlas de paraísos fiscales y cómo pueden abandonar esa lista negra.
De esta forma, estarán sujetos a sanciones comunitarias y nacionales, si bien los Estados miembros no aplicaron las medidas concretas que se aplicarán en cada país de la UE a las jurisdicciones, sino que han establecido una serie de medidas entre las que pueden elegir. Estas incluyen una mayor vigilancia de determinadas transacciones, exigencia de determinados documentos o retenciones a la fuente sobre los pagos a estas jurisdicciones.
El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovski, dijo que para el Ejecutivo comunitario "hubieran sido preferibles penalizaciones más fuertes", tras lo que instó a los Estados miembros a seguir trabajando en 2018 para adoptar "medidas defensivas más potentes".
En cuanto a los 47 países que sí han adoptado compromisos con los Veintiocho, forman parte de un listado denominado "gris", en el que figuran: Andorra, Perú, Uruguay, Marruecos, Turquía o Suiza. En un comunicado, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, señaló la intención de "aumentar la presión sobre los países de las listas para que cambien sus formas".
Una lista negra pero incompleta, editorializa por LA RAZÓN, único diario español que se pronuncia este miércoles: "La 'lista negra' de paraísos fiscales elaborada por la UE supone un avance notable frente a unas prácticas indeseables", pero hay que avanzar más: "faltan muchos territorios vinculados con Reino Unido (Gibraltar, sin ir más lejos) a los que hay que exigir trato recíproco".
Las criticas son mucho más amplias entre los técnicos del Ministerio de Hacienda, cuyo sindicato Gestha ha elaborado su propio listado de paraísos fiscales, en el que aparecen 130 territorios 'offshore' clasificados en una lista negra de 30 países, y otra lista gris de 100 paraísos, según la capacidad de dichos territorios para favorecer la evasión o la elusión fiscal.
Esta lista de los técnicos españoles incluye a aquellos países que se han comprometido a “adoptar un proceso de aprobación” de medidas de transparencia, a los que no han demostrado esa transparencia, a los paraísos situados en países en desarrollo, a los del Caribe asolados por los recientes huracanes, a los países de la propia Unión Europea que favorecen la elusión fiscal y a los territorios ‘offshore’ que igualmente pertenecen a algunos miembros comunitarios.
Además, los técnicos lamentan que las listas oficiales se elaboren incluyendo “criterios políticos”, como el precedente de la OCDE, cuyo listado incorpora a un solo país no cooperante, y creen que debería incluir también, tal y como estableció Bruselas al inicio del proceso, a todos los territorios con escasa o nula tributación y de apreciable opacidad en los ámbitos bancario, registral y mercantil, al tratarse de un fenómeno global.
A juicio de los técnicos, las sanciones contra las jurisdicciones no cooperativas que figuren en la lista de la UE tendrían que promover cambios en la legislación de dichos lugares, como la suspensión de los acuerdos de libre comercio, de los convenios para evitar la doble imposición, de la financiación de la UE, o la prohibición para todas las instituciones y entidades públicas de la UE de abrir cuentas u operar en las jurisdicciones de la lista común o contratar con empresas que operan en paraísos fiscales.
Los técnicos de Hacienda piden que las sanciones se apliquen también a las empresas, bancos, abogados, contables y asesores fiscales que hayan participado o promovido actividades o acuerdos empresariales fiscales de carácter ilegal, perjudicial o ilícito en dichas jurisdicciones, como la revocación de las licencias profesionales de trabajadores y empresas que hayan participado en el diseño de la planificación fiscal agresiva o evasión fiscal.
La Comisión Europea estima que la magnitud de la evasión y la elusión en Europa es de un billón de euros al año, mientras que la OCDE calcula que la pérdida de ingresos únicamente por la elusión de las multinacionales a nivel mundial se sitúa entre el 4% y el 10% del total de ingresos derivados del impuesto de Sociedades, lo que representa entre 75.000 y 180.000 millones anuales.
Gestha recuerda que el 75% de los casos de corrupción utilizan empresas radicadas en territorios opacos y de nula tributación, y que el 90% de las grandes compañías internacionales tienen presencia en estos lugares, de acuerdo a los datos facilitados por Transparencia Internacional y Oxfam Intermón, respectivamente.
La limitada lista negra europea: La lista negra de Gestha:
1. Samoa Americana
2. Bahrein
3. Barbados
4. Granada
5. Guam
6. Corea del Sur
7. Macao
8. Islas Marshall
9. Mongolia
10. Namibia
11. Paláu
12. Panama
13. Santa Lucía
14. Samoa
15. Trinidad y Tobago
16. Túnez
17. Emiratos Árabes Unido
“Refugio” para los corruptos
Una lista que actuara a gran escala ayudaría también a hacer frente a una de las grandes lacras de la política actual, como es la corrupción, pues los paraísos fiscales sirven como “refugio” para los corruptos. Las cifras así lo evidencian. La Comisión Europea estima que la magnitud de la evasión y la elusión en Europa es de un billón de euros al año, mientras que la OCDE calcula que la pérdida de ingresos únicamente por la elusión de las multinacionales a nivel mundial se sitúa entre el 4 y el 10% del total de ingresos derivados del impuesto de Sociedades, lo que representa entre 75.000 y 180.000 millones anuales.
Gestha recuerda que el 75% de los casos de corrupción utilizan empresas radicadas en territorios opacos y de nula tributación, y que el 90% de las grandes compañías internacionales tienen presencia en estos lugares, de acuerdo a los datos facilitados por Transparencia Internacional y Oxfam Intermón, respectivamente.
Los técnicos de Hacienda apoyan la propuesta del Parlamento europeo para que se adopten “antes de que finalice 2017” una serie de medidas para amparar y promover las actuaciones de los denunciantes o “whistle-blowers” que permitan aflorar casos de corrupción, delitos penales, incumplimiento de obligaciones jurídicas, abuso de autoridad y conflicto de intereses, uso irregular de fondos públicos, elusión fiscal y flujos financieros ilícitos, entre otros casos.
En este sentido, Gestha opina que los tribunales y los Estados miembros, con el pretexto de garantizar la protección de los secretos legítimos de las empresas, no deben impedir, obstaculizar ni limitar en modo alguno la capacidad de los denunciantes de irregularidades y de los periodistas para documentar y revelar prácticas ilícitas, ilegales o perjudiciales, sino que debería aprobarse una ley especÍfica que reconozca socialmente al denunciante y le proteja en su actividad laboral o profesional, su economía, seguridad personal y jurídica, incluso en su salud.
Evitar declaraciones complementarias sin sanción del 150%
Fueron precisamente esas revelaciones las que llevaron a Hacienda a abrir investigaciones a los implicados. Aunque el ministro, Cristóbal Montoro, cifró en 100 millones de euros la factura para los evasores de los papeles de Panamá, casi 90 millones se recaudaron mediante declaraciones complementarias, lo que significa que los implicados disfrutaron de una segunda oportunidad, en la que pagando un recargo del 20% esquivaron las sanciones tributarias y las condenas por los delitos fiscales cometidos.
En este punto, la AEAT ha tenido que cambiar su criterio, y ya no impone la sanción del 150% de la cuota defraudada por declarar “voluntariamente fuera de plazo” los bienes en el extranjero, algo de lo que ya avisó Gestha a finales de 2012 cuando se aprobó la ley antifraude.
Por ello, Gestha viene reclamando a la AEAT que, en estos casos de grandes evasiones en paraísos fiscales, se notifiquen de forma inmediata el inicio de las investigaciones para evitar que se presenten declaraciones complementarias que les ahorren las sanciones y las responsabilidades penales por los presuntos delitos fiscales que hubieran podido cometer. No obstante, indican que, como la AEAT asigna las comprobaciones preliminares a un número muy reducido y “escogido” de funcionarios, las inspecciones tienen que esperar varios meses para ser notificadas a los afectados, tiempo que aprovechan los evasores para presentar las complementarias.
