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POLÍTICAS
Por contratos de la empresa pública Divalterra,antes Imelsa

La mancha de corrupción en Valencia, extendida al PSOE:Detenidos 6 cargos de PSPV-PSOE y Compromís

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

El Juzgado de Instrucción número 9 de València coordinó este miércoles una operación contra la corrupción que ha detenido al presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y otros 5 cargos del PSPV-PSOE y Compromís, por realizar contratos de alta dirección en 2015 en la empresa pública Divalterra, antes conocida como Imelsa y que manchó igualmente a directivos del PP. Las denuncia fue realizada hace varios años por el PP y reafirmada hace meses por Ciudadanos.
Redacción 28 de junio de 2018 Enviar a un amigo
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Además del presidente de la Diputación, quien cesó por la noche, han sido arrestados el asesor Manuel Reguart, el jefe de gabinete, Ricard Gallego, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y los dos directores gerentes de esta empresa pública, Xavier Simó y Agustina Brines.

Está previsto que Rodríguez, sus dos asesores y el secretario-letrado asesor pasen el viernes a disposición del Juzgado instructor. Son investigados por beneficiar a siete militantes del PSOE y de Compromís, su socio de Gobierno, a través de contratos irregulares de alta dirección en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa. El juez le acusa de delitos de prevaricación administrativa y malversación.

El secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, instó a Rodríguez a dimitir y calificó los hechos de "muy lamentables y vergonzosos". "El daño en la imagen es tal que no puede seguir", dijo en el Senado. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, consideró que la detención del presidente provincial es "perjudicial" para el "esfuerzo" del PSPV por "levantar la hipoteca reputacional tras 20 años de gobiernos del PP".Rodríguez puso sus cargos a disposición del PSOE en la noche de ayer y la Ejecutiva regional, que convocó una reunión de urgencia, aceptó su dimisión. El PSPV propuso a Toni Gaspar como su sustituto.

Esta 'Operación Alquería' ha supuesto que el despacho del presidente haya sido precintado y también se estaría investigando dentro de las dependencias del departamento de informática. Ya el pasado mes de marzo la cúpula socialista se vio sacudida al revelarse que la financiación de su campaña de 2007 –junto a la del Bloc Nacionalista Valencià, el partido mayoritario de Compromís– estaba siendo investigada por posible financiación ilegal.

La empresa pública Divalterra se había visto envuelta en casos de irregularidades legales, afloradas con motivo de lo ocurrido en el caso Taula.  La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de València. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015. 

En el dispositivo, activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, participaron, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia. El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE y las de otros investigados.

El representante de Ciudadanos en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, ya presentó en abril una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección en la nueva Imelsa. Desde el partido informan que entonces ya había diligencias abiertas y la denuncia se sumó a la causa.Entre ellas figuran los dos cogerentes de la empresa pública, siete directores de área (tres militantes del PSOE y cuatro de Compromís) y otros dos directivos. La formación naranja cifrño en 2,5 millones el coste de estos contratos fraudulentos para las arcas públicas. El diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha reclamado la dimisión de Rodríguez y ha pedido explicaciones a Ximo Puig.

Es el primer gran caso de corrupción, junto al citado de presunta financiación ilegal, que afecta a una de la instituciones del cambio político que se produjo en las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Rodríguez, portavoz de la ejecutiva del PSPV-PSOE por decisión de Ximo Puig, a quien aspiraba a sucederme alcanzó la presidencia de la Diputación de Valencia con el respaldo de Compromís precisamente poner en orden en Imelsa, ahora Divalterra, cuando estaba en el ojo del huracán del caso Taula y era cuartel general de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'. La operación policial revela ahora la existencia de posibles nuevas irregularidades.


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