Así lo puso de manifiesto Rumí en una rueda de prensa tras la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, donde explicó que la rebaja se aplicará en las nóminas de los empleados de todas las administraciones públicas a partir del próximo 1 de junio y hasta diciembre –incluida la paga extra de Navidad, pero sin tocar la de junio–, para pasar a congelarse durante 2011.
Rumí quiso dejar claro que la rebaja salarial de los funcionarios es una medida «excepcional» para alcanzar el objetivo del 3% de déficit en 2013, y garantizó la «progresividad y equidad» de la medida. Ahora bien, se remitió al Consejo de Ministros de esta tarde para conocer más detalles sobre el real decreto ley y sobre si afectará o no a todas las empresas públicas.
La secretaria de Estado, que resaltó el «ambiente de responsabilidad» de los sindicatos en la reunión, descartó que el recorte salarial incumpla el Acuerdo de la Función Pública suscrito en septiembre con los sindicatos, al considerar que afecta «sólo parcialmente», ya que sólo toca el capítulo de las retribuciones.
Así pues, Rumí aseguró que la medida cuenta con el «sustento legal» del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, y se refirió a su artículo 38.10, en el que se contempla la suspensión de los acuerdos ante la «alteración» de la situación económica.
Sin embargo, los sindicatos mayoritarios de la función pública (CSI-CSIF, CC.OO. y UGT) no compartieron la visión expuesta por la secretaria de Estado, y confirmaron que estudian recurrir a la Justicia ante lo que consideran una «vulneración» del derecho individual.
«Burla» a la negociación colectiva
«Es una absoluta burla del proceso de negociación colectiva. El Estatuto del Trabajador no tiene ninguna excepción para suspender acuerdos», replicó el secretario general de la federación de servicios a la ciudadanía FSC-CCOO, Enrique Fossoul, quien avisó al Gobierno de que se está metiendo en una «lío profundo».
«Pase lo que pase seguiremos adelante con las movilizaciones y la huelga general convocada para el 8 de junio», indicó Lacuerda.
Sobre la reunión, las centrales la calificaron de «decepcionante», y criticaron la «falta de concreción» de la responsable de la función pública. «Nos ha remitido a la radio para conocer el detalle del decreto», denunciaron.
Decreto con modificaciones
Por su parte, el secretario general de la Función de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Julio Lacuerda, lamentó que la secretaria de Estado no aportara «nada de luz» sobre el recorte, y se resignó a desconocer qué decidirá sacar adelante el Consejo de Ministros. «Nadie sabe lo que el Gobierno va a aprobar. Hay cierta expectativa de que la medida tenga variables», afirmó, a lo que el presidente nacional de CSIF, Domingo Fernández Veiguela, agregó: «Nos vamos (de la reunión) más confusos que antes de venir».
«Sabemos cuándo nació el decreto, pero no sabemos cuándo va a hacer la mili», ironizó Lacuerda ante lo que consideró «una chapuza» del Ejecutivo para acelerar la reducción del déficit. «La medida puede cambiar en cualquier momento», concluyó.
