La reforma de la LOU entra en vigor y da tres años a las universidades para adaptarse

Entre otras fechas, fija un período de cuatro meses para que el Ejecutivo apruebe el reglamento que establezca el nuevo sistema de acreditación nacional necesaria para acceder al cuerpo de funcionarios docentes universitarios. En ella, se valorarán los méritos y competencias de los aspirantes para garantizar la calidad en la selección de la plantilla de profesores.

De hecho, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, anunció la semana pasada, tras presidir el último Pleno del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU), su intención de presentar a finales de mayo dos desarrollos de la reforma a discusión del nuevo Consejo de Universidades. Serán los decretos del nuevo sistema de acreditación del profesorado universitario y la nueva ordenación de las enseñanzas superiores.

Además, el Gobierno tendrá que aprobar en un año los futuros estatutos del personal docente o investigador universitario y del estudiante. El primero incluirá la regulación de una estructura de carrera funcionarial basada en la obtención de méritos, así como las condiciones en las que los funcionarios universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los resultados de su investigación.

También se fija un plazo de un año para que la nueva Conferencia General de Política Universitaria, previo informe del Consejo de Universidades, elabore un modelo referencial de costes que facilite a los poderes públicos el establecimiento de una financiación adecuada y favorezca su plena participación en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Novedades

Entre las novedades de la modificada LOU, destacan la sustitución de la habilitación del profesorado por una acreditación para el funcionariado y la creación de un Estatuto del Estudiante Universitario, un Consejo para estos alumnos, un Observatorio de becas, un rediseño del Consejo de Universidades y el establecimiento de una nueva Conferencia General de Política Universitaria.

Además de artículos relativos a la promoción del deporte, el impulso para la convergencia europea, el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, el respaldo a la investigación, el reconocimiento de derechos y deberes de los estudiantes y el aumento de la plantilla de doctores, la reforma incorpora la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en pública.

Por su parte, los rectores piden, entre otras cuestiones relativas a la puesta en marcha de las modificaciones de la LOU, un organismo de coordinación y cooperación entre las futuras instituciones de Consejo de Universidades y Conferencia General de Política Universitaria, que se crearán en desarrollo de la reforma universitaria y por lo que se disolvió formalmente el CCU el martes 24 de abril.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Juan Vázquez, adelantó también la pasada semana que este organismo de coordinación podría estar compuesto por cinco o seis rectores, así como el mismo número de representantes de las comunidades autónomas y la misma cantidad de personas por parte del Ministerio de Educación y Ciencia. A su juicio, es "factible" este instrumento en los reglamentos de ambos órganos.

De momento, el Consejo de Ministros aprobó recientemente un Real Decreto por el que se modifica la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia, con el fin de permitir que el CCU siga existiendo "de manera transitoria" hasta que se aprueben los reglamentos de los organismos por los que se sustituye en la reforma: el Consejo de Universidades, como órgano de coordinación académica, y la Conferencia General de Política Universitaria, como foro de coordinación con las comunidades autónomas.