El informe, publicado por la Fundación Primero de Mayo de CCOO, cita, a modo de ejemplo, que las jornadas no trabajadas por huelga en 2012 ascendieron a 1.290.114, prácticamente el triple de las registradas un año antes, cuando la cifra se situó en torno a 485.000.
Además, recalca que la reforma laboral "favorece la inaplicación de los convenios y la atribución a la parte social del riesgo del fracaso de las negociaciones".
En este sentido, el informe recuerda que en 2012 se inaplicaron 748 convenios, mientras que en 2013 se inaplicaron 2.512.
El informe, titulado "Represión penal y derecho de huelga. La vuelta a la España del siglo XIX", también se refiere a la "ofensiva penal" denunciada por CCOO y UGT contra el ejercicio del derecho de huelga y, en concreto, a los 260 sindicalistas afectados por procedimientos administrativos y penales por participar en la convocatoria y organización de huelgas generales.
El magistrado considera "preocupante" que para reprimir la protesta social se recurra al artículo 315 del Código Penal, que castiga a quienes coaccionan a otros para iniciar o continuar una huelga.
Domenech sostiene que el delito de coacciones a la huelga debería desaparecer del Código Penal y califica de "despropósito constitucional" que esta figura delictiva se mantenga.
El magistrado subraya en el informe que se trata de "una legislación claramente desproporcionada de origen tardo franquista, utilizada para reprimir conductas realizadas en el contexto del ejercicio de un derecho fundamental como el de huelga".
