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EMPRESAS Y RSC
Estrategia de RSE y polémico nuevo código de la CNMV

La Responsabilidad Social Empresarial será voluntaria, pero habrá planes contra la corrupción


El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) dio luz verde hoy a un documento llamado Estrategia Española de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que serán de carácter voluntario y dirigidas a todas las empresas. La noticia llega cuando el nuevo Código Unificado de Gobierno Corporativo que dirige la CNMV quiere obligar a las grandes empresas cotizadas a divulgar sus planes contra la corrupción, informando de ellos a sus juntas de accionistas.
Redacción 16 de julio de 2014 Enviar a un amigo
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La idea base de la Estrategia Española de RSE es apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de que constituyan un motor significativo de la competitividad y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora, asegura un comunicado.

Además de los cuatro grupos que componen el CERSE (administraciones públicas, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y sociedad civil organizada) en la elaboración de la Estrategia han participado diez ministerios, las comunidades autónomas, las entidades locales, responsables de RSE de empresas españolas, expertos académicos y también ciudadanos a través del proceso de información pública.

Entre las líneas de actuación destacan la promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles; su integración en la educación, la formación y en la investigación; el buen gobierno y la transparencia; la gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo y la inversión socialmente responsable e I+D+i.

Dentro de la promoción de la RSE, la ministra impulsora, Fátima Báñez, ha recordado la puesta en marcha del sello de adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, "cuyo objetivo es dar visibilidad a aquellas empresas y organizaciones que realizan actuaciones para que los jóvenes tengan más y mejores oportunidades laborales".

El nuevo Código, para después del verano

En cuanto a la propuesta de nuevo Código Unificado de Gobierno Corporativo que dirige la CNMV que amplia las lineas generales publicadas a finales del año pasado y desarrolla el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital (con más representatividad a los accionistas, ransparencia en remuneraciones, mayor presencia de mujeres en puestos directivos y lucha contra la morosidad),  ha sido contestada desde el grupo de representantes legales que participan en la comisión de expertos y cuya relación mercantil con las grandes entidades del Ibex genera muy especiales sensibilidades, según EL CONFIDENCIAL. Algo parecido ocurre con el debate abierto para que los presidentes que además actúan como consejeros delegados cedan la representación institucional ante la junta general de accionistas a sus flamantes consejeros independientes de coordinación.

La revisión del Código Unificado de Gobierno Corporativo se está demostrando como un campo minado y mucho más abierto a las discusiones que el propiciado por el Gobierno para la modificación de la Ley de Sociedades de Capital. Una vez más se pone de manifiesto que la autorregulación tiene razones que la razón no comprende o, lo que es igual, que el gobierno corporativo necesita en ocasiones un impulso decidido por parte de los poderes públicos.

La presidenta de la CNMV anunció  que los trabajos sobre el nuevo código se dilatarán hasta después del verano con el fin de adecuar su puesta en marcha a la entrada en vigor de las disposiciones legales que todavía se están tramitando en el Parlamento. Es lógico que los preceptos voluntarios se supediten a los mandamientos de obligado cumplimiento, pero lo cierto es que el comité de sabios tenía previsto dar carpetazo al asunto este próximo mes de julio. Está visto que las propuestas revolucionarias son inviables sin un debate acalorado y que todavía va a requerir un poco más de tiempo.

No obstante, el último informe de gobierno corporativo de la CNMV, publicado a principios de este año, solo incluye datos correspondientes a los tres últimos ejercicios que terminan en el 2012, entre ellos que las grandes empresas cotizadas tienen casi el doble de pérdidas que de beneficios en sus operaciones de autocartera: en la banca, Banco Santander ganó 85,3 millones de euros, el BBVA otros 80 millones de euros, el Banco Sabadell 3,1 millones y Bankinter un millón, mientras registraron pérdidas CaixaBank ( 94,4 millones) y Banco Popular (81 millones). Los sectores con mayor autocartera fueron construcción y energía, aunque con comportamientos dispares: Repsol ganó 49,9 millones, Técnicas Reunidas 3,8 y Red Eléctrica (REE) otros 3,1 millones, mientras que Abertis perdió 79,9 millones, ACS 51, Gamesa 19,5, Abengoa 13,7, SACYR 10,8, FCC 2,6 y Acciona otros 2,2 millones de euros, siendo menores de un millón las pérdidas de Obrascon y Ferrovial. Fuera de esos tres sectores, Telefónica perdió 39,9 millones e Indra 1,9, al mismo tiempo que ganaban 2,7 millones Ebro, 1,1, Grifols y 0,1 DIA. 

Principios, objetivos,  y 60 medidas para la RSE

La Estrategia Española de RSE parte de seis principios, marca cuatro objetivos estratégicos y 10 líneas de actuación. Los seis principios, tal y como se recogen en el borrador, son: 

1.     COMPETITIVIDAD. La puesta en marcha de actuaciones en materia de Responsabilidad Social se puede identificar también como una apuesta por la excelencia en la gestión de las empresas que redunda en la mejora de su posicionamiento en el mercado, en su productividad, rentabilidad y sostenibilidad. La Responsabilidad Social facilita la innovación al incorporar nuevas formas de gestión que favorecen la creación de nuevos productos y servicios dando respuesta a retos sociales y ambientales. 

2.     COHESIÓN SOCIAL. La RSE debe aumentar la eficacia de las organizaciones en la promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social.La valoración de la RSE por la sociedad, su mejor forma de promoción, requiere que los ciudadanos identifiquen la misma como un elemento de cohesión social para ayudar a reducir los efectos sociales de la crisis económica, principalmente la pérdida de puestos de trabajo, y con la creación de empleo. 

3.     CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO. La aplicación de los criterios y valores de la RSE, en colaboración efectiva con los grupos de interés, contribuye a generar y reforzar el impacto positivo. Debe, al mismo tiempo, contribuir a identificar, prevenir y eliminar los impactos negativos y crear más valor no sólo para la propia organización que los aplica, sino también para aquellos con los que lo comparte que son los principales grupos de interés involucrados en su actividad y la sociedad en general. El objetivo de dicha aplicación debe ser maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios y/o accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio, con el fin de identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. 

4.     SOSTENIBILIDAD. La RSE se constituye como un instrumento para desarrollar organizaciones conscientes de su papel principal en el logro de un desarrollo humano, económico, y medioambiental sostenido en el tiempo para las sociedades en las que se integran. Es posible una evolución justa y responsable hacia una economía más competitiva que dé lugar a un desarrollo sostenible y logre progreso social. 

5.     TRANSPARENCIA. La RSE contribuye a promover organizaciones ejemplares y transparentes, lo que redunda en un aumento de la credibilidad y de la confianza. Las empresas y organizaciones socialmente responsables dialogan con sus interlocutores y adquieren compromisos con sus grupos de interés, lo que facilita que éstos puedan tomar decisiones mejor  informadas. Ello repercute de manera directa en su reputación de cara al resto de la sociedad. Una organización socialmente responsable debe considerar todos sus aspectos (económicos, sociales, laborales, medioambientales, buen gobierno…). Una buena práctica en uno de los aspectos no puede ser considerada como un aval de RSE sin conocer y tener en consideración el resto de los aspectos. 

6.     VOLUNTARIEDAD. La adopción de políticas de responsabilidad social es voluntaria, y supone un valor añadido al cumplimiento de la normativa vigente. El compromiso asumido voluntariamente con las partes interesadas, debe ser la base del cumplimiento de las expectativas que generen las organizaciones.

Los objetivos en torno a los cuales se vertebran las 10 líneas de actuación son:

·        Impulsar y promover la RSE, tanto en las empresas, incluidas las PYMES, como en el resto de organizaciones públicas y privadas, en sus actuaciones en los diversos ámbitos geográficos en los que operan.

·        Identificar y promover la RSE como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social.

·        Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la sociedad.

·        Crear un marco de referencia común para todo el territorio en materia de RSE, que garantice el cumplimiento y respeto de los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía dela Unidad de Mercado y permita una mayor coordinación y sinergias en esta materia.

Y las 10 líneas de actuación en las que se enmarcan las 60 medidas concretas son:

 1.     Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles: el objetivo es extender la cultura de la RSE al conjunto de la sociedad a través de actuaciones como la promoción de sus principios, de las recomendaciones de consenso internacional en esta materia y la difusión de buenas prácticas en este ámbito.

2.     Integración de la RSE en la educación, la formación y en la investigación: la educación en el valor del comportamiento responsable, la formación especializada en técnicas de gestión socialmente responsable y la investigación orientada a la aplicación efectiva de sus criterios, son pilares fundamentales para acelerar cambios en la forma de pensar y el actuar sostenible de las actuales y futuras generaciones. “Porque introducir la RSE desde edades tempranas es la palanca más potente con la que podemos contar para lograr que sus criterios, principios y valores calen en el conjunto de la sociedad y fortalezcan de manera definitiva la Responsabilidad Social en España”, ha asegurado la ministra de Empleo durante su intervención en el pleno. 

3.     Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza: las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia deben ser señas de identidad de las organizaciones socialmente responsables.

4.     Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo: las organizaciones socialmente responsables deben prestar atención especial a la creación de empleo de mayor calidad y tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. Además, deben poner en marcha prácticas que impulsen la diversidad en las plantillas para que éstas sean un reflejo real de la sociedad en la que se desarrollan, así como garantizar, en todo caso, el cumplimiento de los derechos humanos y laborales.

5.     Inversión socialmente responsable e I+D+i: la responsabilidad social empresarial puede constituirse como un elemento de atracción de la inversión de largo plazo e incentivadora de un crecimiento responsable y sostenible. Además, debe promoverse el desarrollo de la cultura innovadora en nuestro país como seña de identidad, especialmente aquellas que impulsan el desarrollo de las nuevas tecnologías y las que están orientadas a promover el desarrollo sostenible de la sociedad, tanto desde el punto de vista económico, social y ambiental. Se debe involucrar a las Administraciones públicas en dicho proceso. 

6.     Relación con los proveedores: el desarrollo de sistemas de relación socialmente responsables por parte de las organizaciones con cada uno de los componentes de la cadena de suministro, y la puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a extender las buenas prácticas que éstas llevan a cabo en materia de responsabilidad social entre sus distintos proveedores, deben ocupar un lugar prioritario en los planes estratégicos de las empresas y de las administraciones públicas.

7.     Consumo responsable: se introducen medidas para sensibilizar, concienciar y hacer partícipe al consumidor en su toma de decisiones, lo que contribuirá, por un lado, a extender las prácticas de responsabilidad empresarial como requisitos de negocio; y, por otro, a la promoción de una sociedad más sostenible, ecológica  y solidaria.

8.     Respeto al medio ambiente: el respeto al medio ambiente es un requisito indispensable de toda organización con vocación sostenible, ya que tiene que conciliar el cuidado del entorno con el desarrollo económico y de las personas. En esta línea de actuación se incluirán medidas dirigidas a fomentar el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias, entre otras.

9.     Cooperación al desarrollo: esta línea estratégica trata de promover la coordinación y la participación de los distintos agentes implicados en el objetivo de poner en valor el desempeño responsable de empresas españolas para favorecer la cohesión social y destacar su papel como aliadas en el desarrollo de la cooperación española con actuaciones encaminadas a cumplir los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible y, especialmente, a la defensa y protección de los derechos humanos de las comunidades.Se pretende también fomentar la incorporación de los principios establecidos en Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y empresas transnacionales, a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo y fomentar la gestión socialmente responsable de las empresas españolas en el exterior, con objeto de relacionar los esfuerzos de las organizaciones por ser más responsables con el legado que recogerán las generaciones futuras a largo plazo.

10.      Coordinación y participación: en esta línea de actuación se pretende articular mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como local, con objeto de promover los principios y criterios de la RSE, así como fomentar el intercambio de experiencias con otros países y poner en marcha, en el seno del CERSE, el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas.

Seguimiento y Evaluación 

El documento incluye, además, en su parte final, una clasificación de las 60 medidas que contempla según su prioridad (12 son de prioridad muy alta, 18 son de prioridad alta y 30 son de prioridad media) y determina qué entidades son las encargadas de impulsar y poner en marcha cada una de las actuaciones. “Se marca así una hoja de ruta que nos compromete a todos y que ha de dar lugar a que cada uno de los agentes implicados realicemos, en el ámbito de nuestras competencias, planes de acción que desemboquen en el desarrollo y cumplimento de cada una de las medidas que contempla el documento”, ha indicado Báñez.

Además, y con el objeto de hacer un seguimiento de cada una de las medidas, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas realizará un informe anual que se presentará al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para su posterior evaluación

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