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UGT, AECID, ICEX y Gobierno Sánchez afrontan el escándalo

La saga Fernando Valdés:padre dimite del Constitucional por maltrato, hijo imputado lideraTurismo

Domicilio familiar de los Valdés en Majadahonda (Madrid). Majadahondamagazin.es

La saga familiar de los Fernando Valdés pasa casi inadvertida en una España a la que la crisis sanitaria del COVID y la económica ha precipitado en otra institucional.El padre renunció el pasado miércoles como magistrado del Constitucional al ser investigado por maltrato. El hijo sigue al frente del Turismo de España un mes después de ser imputado por un caso de corrupción que salpica a Gobierno, AECID e ICEX por una decena de cargos y empresarios vinculados con el dinero de Exteriores en 2011
Redacción 20 de octubre de 2020 Enviar a un amigo
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En plena batalla del PP y el Gobierno de coaliación del PSOE y Unidas Podemos por el control del Consejo General del Poder Judicial y la consiguiente influencia de cada partido en los diversos tribunales, Fernando Valdés Verelst, magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE luego de décadas como abogado de referencia en UGT, fue detenido y puesto en libertad antes de dimitir en la causa judicial abierta en el Tribunal Supremo por maltrato, tras una discusión con su mujer el pasado mes de agosto. Al dimitir dejó de ser aforado, por lo que su causa ha vuelto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid), especializado en Violencia Sobre la Mujer. Este se había inhibido ante el  aforado tras ser detenido a raíz de  una llamada de vecinos que habían oido gritar a su mujer desde el balcón pidiendo socorro, aunque tras tomarle declaración le dejó en libertad por su delicado estado de salud y por la situación de alerta sanitaria madrileña. 

La saga llega a uno de los hijos del matrimonio  Fernando Valdés Verelst, un mes antes nombrado secretario de Estado de Turismo, dos años después de la denuncia del caso de corrupcion y casi al mismo tiempo que era imputado por este junto a una quincena de cargos y empresarios vinculados con el dinero de la cooperación internacional de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores en 2011, aunque levantado por la Intervención General del Estado tras casi 8 añoa del relevo del Gobierno Zapatero por el de Mariano Rajoy. La denuncia llegaba apenas 5 meses antes de caer el Gobierno del PP por la moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez con el apoyo de Unidas Podemos y diversos grupos regionales, algunos de ellos independentistas.

Esta imputación del hijo tambien del PSOE del magistrado del Tribunal Constitucional se produjo porque la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra él, aunque al mismo tiempo era nombrado secretario de Estado de Turismo por la ministra Reyes Maroto, junto al actual embajador de España en México, Juan Antonio López Doriga, por su gestión en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La jueza instructora acordó citar como investigados al secretario de Estado, al embajador y a otra docena de altos cargos y empresarios, según transcendia el pasado 22 de septiembre.. La Intervención General de la Administración del Estado habia revisado previamente las cuentas de la Aecid y detectó irregularidades en la época en que Valdés era subdirector general de la Agencia y jefe de contratación.

La querella de la Fiscalía se presentó unos días después de que el BOE publicara el nombramiento de Valdés hijo como secretario de Estado, al reorganizar la profesora universitaria y ministra Reyes Maroto su equipo de Turismo en plena crisis del sector por la covid-19, para «abordar los retos de la recuperación», en sustitución de Isabel Oliver, que se incorporó a la Organización Mundial de Turismo (OMT).

El Ministerio de Maroto defiende y mantiene a Valdés

El Ministerio de Industria Comercio y Turismo que dirige la exprofesora universitaria y exdiputada del PSOE ( Maroto estudió económicas en la Universidad de Valladolid y realizó un posgrado en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado en la Universidad Carlos III de Madrid, donde fue profesora del departamento de Economía y miembro del Instituto de Estudios de Género) defendió a Valdés tras conocerse su imputación. DIjo que  «no tenía capacidad de decisión» y que «como jefe de departamento no firmó ninguno de los actos administrativos que son parte de la causa». También  que la querella va «en sentido amplio, dirigida contra todos los que estaban en ese momento en la Aecid, incluidos funcionarios que han ejercido la función de alto cargo con gobiernos de distinto signo político».

La querella cita la participación de Fernando Valdés Verelst, que era subdirector general de la Aecid y actuaba como jefe de contratación. La Fiscalía lo incluye en el grupo de los que "indiciariamente conocían y ampararon la maniobra arbitraria tendente a eliminar competidor". Pero el Ministerio de Maroto añadió que el secretario de Estado se pone «a disposición de la Justicia para colaborar en esta investigación» y que «dará cumplida información de todo lo que se le requiera», con el fin de que se aclare esta situación en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, que acordó citar como investigados al secretario de Estado, al embajador y a otras diez personas involucrads en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.En esta querella y subsiguiente investigación judicial se cuestiona si ciertos contratos adjudicados terminaron en una prestación de servicios real o ficticia ,así como la existencia de contratos duplicados e incluso triplicados bajo el mismo nombre.

Esta investigación a Valdés hijo afecta también al Instituto de Comercio Exterior (ICEX), del que dependen los responsables de la promoción del comercio español en todo el mundo. Anticorrupción lo cita como responsable civil por haber, presuntamente, colaborado con la Aecid para que un contrato informático acabase en manos de una empresa sin cumplir las reglas de transparencia. Según la Fiscalía, "fueron orquestadas por los entonces máximos responsables en la estructura orgánica de la Aecid y el ICEX".

La ministra Maroto posa con Fernando Valdes y el relevado

El 31 de enero de 2018, cinco meses antes de que Pedro Sánchez llegara al Gobierno por la moción de censura  presentada contra Rajoy por la primera sentencia del caso  Gürte que involucraba al PP por la existencia de una caja B, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) denunció en Anticorrupción las irregularidades que había detectado la Intervención General del Estado en las cuentas entre 2010 y 2012 en ese organismo. En 2010, aprobó un "plan de sistemas de información para la gestión unificada y estratégica [Plan Sigue], cuyo objetivo era dotar la institución de un sistema informático o ERP que integrase todos los flujos de información y procedimientos de trabajo". Para ello, optó por un sistema SAP ('system applications products in data processing'), segun informaba Rafael Méndez en ElConfidencial.

Para ello, empezó a tramitar contratos menores y encomiendas de gestión de forma que, según la Fiscalía Anticorrupción, "todo el procedimiento relativo al estudio, implantación, desarrollo y mantenimiento del nuevo Sistema Integrado de Gestión Informático en la Agencia adolece de serias irregularidades". La Fiscalía enumera "desviaciones aparentemente menores" que finalmente iban a favorecer a dos empresas: Roadmap Consulting y Fiables IT Outsourcing Services de España, con la mediación del ICEX, el instituto público de comercio exterior. Va también, entre un total de 15 personas,  contra la exsecretaria de Empresa con el PP Begoña Cristeto o el actual presidente de Cesce, Fernando Salazar Palma.

Según ese relato de la querella, la Aecid quería contratar sí o sí a Roadmap y a otra empresa, Sopra Group, para su sistema informático. Para eso firmó con el ICEX un contrato de dos millones de euros para que este la asesorara en la implantación de los sistemas informáticos. El ICEX, que no tenía experiencia, contrató a dos personas, una de Roadmap y otra de Sopra Group.Eso hizo, según Anticorrupción, que Roadmap tuviese "una ventaja competitiva" respecto a la competencia: T Systems, El Corte Inglés, Consultia, Everis... Roadmap, prosigue Anticorrupción, "conocía de primera mano, al haber intervenido, directa o indirectamente [a través de uno de los contratados] en los estudios técnicos previos y en la elaboración de la documentación preparatoria, lo que se plasmó en la redacción de una oferta técnicamente superior al resto".

La Fiscalía incluye al actual secretario de Estado en el grupo de los que "indiciariamente conocían y ampararon la maniobra arbitraria tendente a eliminar competidor". Anticorrupción enumera que las ofertas que competían con la de Roadmap se presentaron con un minuto de diferencia el mismo día: dos a las 13:18 y una a las 13:19 del 19 de julio de 2011, aún con el Gobierno de Zapatero.

Exteriores tambien defiende al embajador en México

El actual embajador en México, Juan López Dóriga, firmó una de las encomiendas de gestión al ICEX que la Fiscalía considera irregulares, por lo que también está siendo investigado. La querella relata correos electrónicos entre los investigados. Entre ellos, uno de Carlos Antonio González Álvarez a la jefa de la asesoría jurídica del ICEX: "¿Por qué son 37 días? Porque así lo ha pedido la Aecid. ¿Por qué Roadmap? Porque la Aecid necesita que sea Roadmap, ya que son los únicos que pueden dar el servicio que pide Aecid sin interrupciones".

Exteriores también defendió al embajador en México. "El asunto está bajo instrucción judicial, con lo que manifestamos nuestro absoluto respeto a los procedimientos y a los tiempos, sobre los que debemos guardar la debida confidencialidad. Como no podía ser de otra manera, colaboraremos con la Justicia en todo lo que se nos requiera para el esclarecimiento de los hechos". El departamento que dirige Arancha González Laya reclamó la presunción de inocencia.

La saga de los Valdés, contada en Majadahonda

Pese a la atención que prestan los grandes medios de comunicación en pleno rebrote de la pandemia a esa batalla judicial entre el PP y el Gobierno de coalición y  la inmediatez de la moción de censura presentada por Vox para ganar terrerno al PP, la saga familiar ha quedado relegada al relato de la prensa digital local, donde el caso del padre ha causado consternación entre los vecinos del Parque Clamart (Majadahonda), el mismo barrio donde tenía su casa (hoy en venta) y vivía la cantante Malú antes de marcharse al cercano barrio de La Florida con Albert Rivera (Cs) y donde convivió también con Gonzalo Miró, hijo de la cineasta Pilar Miró, según  cuenta J. Federico Marínez en Majadahondamagazin.es  

El matrimonio tiene tres hijos, uno de ellos  Su hija Laura es una discreta médico y epidemióloga en Bélgica y su otra hija Reyes está en el equipo de KPMG Abogados como experta laboralista tras ser licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado, de 75 años, está muy arraigado en Majadahonda, su hijo Fernando está muy vinculado al PSOE de Majadahonda y sus nietos iban al Colegio Público Santa Catalina. En definitiva, una familia socialista “ejemplar“, según sus vecinos. Sin embargo, esa imagen idílica estalló la noche de este caluroso lunes 10 de agosto de 2020. La ministra Reyes Maroto renovó parte de su equipo y nombró este 14 de julio a Fernando Valdés como secretario de estado de Turismo. Esa fue la noticia de mayor impacto que alcanzó esta familia durante el mayor tiempo de su existencia.


Fernando Valdés Verelst, experto en seguridad y relaciones internacionales y colaborador del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas cercana al PSOE, escribió 2014 que había sido “un año marcado por la corrupción. Han sido tantos los casos de corrupción en nuestro país, que resulta complicado relacionarlos todos de una vez. Así lo ha constatado el prestigioso centro de investigación estadounidense Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) en su informe “Corruption The Unrecognized Threat to International Security“. Este documento de trabajo pone de manifiesto que tanto gobiernos como multinacionales han subestimado la corrupción en sus políticas y operaciones de inversión. debe entenderse no como un fracaso o distorsión de las instituciones gubernamentales, sino como un sistema plenamente funcional en el que los gobernantes utilizan todos los instrumentos a su disposición para secuestrar los flujos económicos existentes, es decir, autenticas cleptocracias”. Y señalaba que la corrupción “provoca indignación en la población, siendo un factor que sin duda contribuye al malestar social y en ocasiones a la insurgencia; Con referencia a España, si es cierto que la lucha contra la corrupción se va a convertir en prioridad nacional para las principales formaciones políticas de nuestro país, ésta debería ocupar también un lugar destacado en su política exterior.

El nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés Verelst, había desempeñado las funciones de subsecretario de Industria, Comercio y Turismo desde junio de 2018. Anteriormente, había ocupado diferentes puestos de dirección en la Administración General del Estado. En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Valdés es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado diferentes programas de posgrado en relaciones internacionales y completado, igualmente, diversos programas formativos como el programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI. Ex alumno de la Universidad Carlos III, ha desempeñado el cargo de subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos en la Dirección General de Industria y de la PYME. Además de haber dirigido el departamento de Gerencia en la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), ha sido vocal asesor en el gabinete del secretario de Estado de Administraciones Públicas y subdirector general adjunto de la Oficina Presupuestaria en el Ministerio de Economía y Competitividad.


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