A la Comunidad de Madrid le cuesta hasta seis veces más el mismo tratamiento en un hospital concertado que en uno público
La Cámara de Cuentas insta al Gobierno de Garrido a renegociar el convenio con la Fundación Jiménez Díaz para ahorrar decenas de millones de euros
Una biopsia de mama o una operación de varices cuestan el triple en el centro concertado y hay "desviaciones del 743%" en otras operaciones ambulatorias
La Cámara de Cuentas urge al Gobierno regional a cambiar el convenio para "contribuir a asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario"
Sanidad detectó en 2012 que se estaba pagando más pero el órgano fiscalizador no halla evidencias, con los datos finales, de ese supuesto reajuste
3.000 euros por una biopsia de mama. Más de 5.000 por una intervención de fimosis. 3.500, por quitar unas varices. La asistencia sanitaria en un hospital concertado le cuesta a las arcas de la Comunidad de Madrid hasta seis veces más que en uno público. Los datos son de la Cámara de Cuentas, el organismo responsable de fiscalizar los fondos de las Administraciones públicas en Madrid. En su último informe este órgano destaca, tras analizar el gasto sanitario entre 2011 y 2015, que lo que se paga a la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, con la que la administración tiene suscrito un Concierto Singular, supone un coste "considerablemente más elevado del que resultaría de aplicar el precio público o una financiación en base a la cápita media de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud".
Esta conclusión está recogida en el anteproyecto del órgano fiscalizador sobre el gasto sanitario y farmacéutico entre 2011 y 2015, al que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón anónimo y seguro Fíltrala. Ese dictamen cuantifica ese exceso de coste en "desviaciones de hasta el 743%", especialmente en las cirugías ambulatorias, las operaciones más frecuentes que no requieren ingreso (intervenciones menores de rodilla, de pie, de ojos, de varices…). En cinco años la administración pública ha pagado a la fundación más de 1.721 millones de euros, a razón de una media de 350 millones al año, según los datos recogidos por la Cámara de Cuentas.
El anteproyecto, un texto aún no definitivo sobre el que ha presentado alegaciones la Comunidad de Madrid, refleja que en 2012 la propia Consejería de Sanidad detectó que era posible ahorrar hasta 37 millones de euros anuales de más de 312 si se renegociaba el convenio y planteó varios escenarios para hacerlo: con "financiación capitativa (considerando lo que se paga por cápita, es decir, por paciente)" o teniendo en cuenta "las tarifas medias (precios públicos)". En este segundo caso el ahorro ascendería a 58 millones, según recoge el órgano fiscalizador. La Consejería de Sanidad confirma a eldiario.es que ya ha presentado sus alegaciones al informe y declina "entrar a valorar su contenido" porque no es el "proyecto definitivo".
El órgano fiscalizador focaliza parte del problema en las "cláusulas adicionales", que comprenden los pagos que se hacen a la Fundación Jiménez Díaz, al margen de la actividad básica (llamada sustitutoria) en concepto de facturación extra por la actividad complementaria, la lista de espera y la libre elección. Esto es, los pacientes de fuera de zona que acuden libremente a la Fundación o son derivados de otros centros a este para aligerar la lista de espera en caso de intervenciones o de otros hospitales con carteras de servicio inferiores. Las cuantías por estos conceptos se han multiplicado entre 2011 y 2015: de 7,6 millones de euros a 58.
En el texto provisional, la Cámara de Cuentas refleja cómo el SERMAS midió ese exceso de gasto en 2015 comparando el coste de algunas operaciones ambulatorias y de la hospitalización en la Fundación Jiménez Díaz con otros centros públicos del mismo grupo (con una cartera de servicios similar). Esta comparación se ha hecho sobre la base de un ítem, los Grupos Relacionados por el Diagnóstico, que es el método de los hospitales para medir su actividad.
El resultado es que una biopsia de mama multiplica por tres el coste (de 1.000 a 3.000), una operación de fimosis por cinco (5.000 euros frente a 1.000) o una intervención de ojo alcanza los 3.737 euros cuando en un hospital público similar se sitúa en 510 (más de siete veces más). Las operaciones de varices o extraer un lunar o un lipoma cuestan en la Fundación a unos 3.500 euros frente a los 1.000 de media en los públicos. Y lo mismo pasa con las operaciones de pie (juanetes o dedos martillo), que cuestan tres veces más con este concierto, según los datos recabados por la Cámara de Cuentas.
"De los 25 GRD más frecuentes en Cirugía Mayor Ambulatoria, se verifica que en todos los casos la tarifa de la fundación es muy superior a la media y a la de otros hospitales", concluye el órgano fiscalizador. Estas intervenciones no requieren hospitalización y es frecuente que los pacientes procedan de otros hospitales dentro los planes para reducir las listas de espera.
Tratar un ictus cuesta el doble
El SERMAS también hace la misma comparación pero con los costes de hospitalización por patologías y, con ese análisis, la Cámara de Cuentas llega a una conclusión parecida: "de los 25 GRD más frecuentes en hospitalización, únicamente en cinco procesos la tarifa de la fundación es inferior". Tratar una insuficiencia cardiaca o un ictus cuesta el doble, mientras los costes están más equilibrados en procesos como psicosis o cesáreas.
Si el correlato se hace con los precios públicos –lo que costaría si fuera un servicio privado– la diferencia es aún más pronunciada: se han detectado desviaciones que alcanzan hasta el 1.000%, es decir, un coste multiplicado por diez, con datos de la liquidación del gasto de 2014. De haberse aplicado las tarifas del precio público los ahorros anuales habrían ascendido, según el órgano fiscalizador, a más de 55 millones en 2014 y 61 en 2015. Para la Cámara de Cuentas, además, es llamativo que mientras "los gastos reales de la mayoría de hospitales públicos del grupo 3 (al que pertenece la Fundación)" disminuyeron "en torno al 10%" entre 2010 y 2014, "los de la Fundación Jiménez Díaz se incrementaron un 23%".
Este hospital concertado, de 600 camas, atiende a una población de 430.000 personas en Madrid y funciona con este modelo desde 2006. Desde entonces, el concierto se ha revisado en dos ocasiones. La primera fue en 2011, cuando se firmó un Acuerdo de Novación que amplió el número de pacientes que corresponden al centro por zona (de 402.000 a 434.754) y triplicó los años de duración del contrato (de 10 a 30). La segunda, en 2015, cuando se introdujo un cambio de financiación que, sin embargo, no ha dado lugar al descenso de costes, como acredita la Cámara de Cuentas.
En este sentido, el órgano fiscalizador revela que la Comunidad de Madrid redujo en 2013 en 20 millones de euros la financiación básica recogida en los Presupuestos Regionales para "homogeneizar los criterios de financiación de la FJD a la del resto de Hospitales del Servicio Madrileño de Salud" (de 216 millones a 193). Un cambio en la forma de retribución que la Cámara de Cuentas no ve reflejado en los costes finales, por lo que concluye que no se está aplicando.
La Consejería de Sanidad tampoco ha aportado al órgano ninguna "resolución en la que se acuerde la no aplicación del régimen económico por financiación capitativa contemplado en la referida ley de presupuestos ni los motivos para seguir retribuyendo" del mismo modo, que "supuso un mayor gasto".
Por eso, la Cámara de Cuentas conmina ahora a la Comunidad de Madrid a "renegociar el convenio singular marco en aras de adecuar el coste de los servicios sanitarios al precio público y así reducir el gasto de la actividad sanitaria sustitutoria". El órgano fiscalizador remata que de este reajuste depende también la "sostenibilidad del sistema sanitario madrileño" al reducirse "un coste considerablemente más elevado".
Un gigante del negocio sanitario, detrás del hospital
La Fundación Jiménez Díaz pertenece al grupo Quirónsalud, que también gestiona tres hospitales de la red pública de Madrid (Villalba, Móstoles y Valdemoro). Quirónsalud es la antigua Capio y fue comprada en 2017 por 5.760 millones de euros por el gigante alemán Fresenius, un gran grupo europeo de sanidad privada que admite que el negocio más rentable de la adquisición de Quirónsalud procede de los conciertos que tiene firmados con la sanidad pública, especialmente, la madrileña.
"Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado", dijo públicamente Stephan Sturm, consejero delegado de Fresenius, tras anunciar la compra de Quirónsalud por 5.760 millones de euros al fondo de capital riesgo CVC. Además de la Fundación, el grupo gestiona tres de los cuatro hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid.
La Cámara de Cuentas, además de entrar a analizar los costes desorbitados de la asistencia sanitaria en la Fundación Jiménez Díaz, desmonta con estos y otros datos y afirmaciones que la privatización sanitaria sea más eficiente en el gasto público, la principal tesis de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González (PP) para justificar ante los madrileños los planes, interrumpidos parcialmente por los tribunales, para dejar una gran parte de la sanidad pública en manos privadas. El asunto también está en manos de la Fiscalía, pendiente de admitir la denuncia de Podemos por supuestos sobrecostes de 300 millones de euros en siete hospitales construidos por Esperanza Aguirre.
Una farmacéutica cuadruplica el precio de un antibiótico esencial y reaviva el debate sobre los excesos del mercado
El antibiótico, calificado como esencial por la OMS y que ha pasado de 475 dólares a casi 2.400, se una a una larga lista de medicamentos cuyos precios se han disparado durante los últimos años
"Esta es una economía capitalista y quien no sea capaz de hacer dinero no puede seguir en el negocio", aseguró un directivo de la compañía
"Se trata a los fármacos como si fueran un producto de consumo cualquiera, en lugar de un bien público del que depende la vida de las personas", afirma Vanessa López, directora de Salud por Derecho
"Creo que es un requisito moral vender un producto al mayor precio posible". Con estas palabras al Financial Times justificaba Nirmal Mulye, director ejecutivo de la farmacéutica Nostrum, la última gran subida de precio de un medicamento. El fármaco en cuestión es la nitrofurantoína, un antibiótico para las infecciones de orina calificado como esencial por la Organización Mundial de la Salud y que ha pasado de costar unos 475 dólares a casi 2.400. "Esta es una economía capitalista y quien no sea capaz de hacer dinero no puede seguir en el negocio", concluyó.
El caso de la nitrofurantoína es el enésimo episodio de las grandes subidas de precio de algunos medicamentos en los últimos años. Una tendencia a la que aún no se ha puesto freno a pesar de las
advertencias de varias organizaciones. "La escalada de precios de medicamentos que son esenciales para la vida o destinados a enfermedades graves es clara", explica a eldiario.es la directora de la plataforma Salud por Derecho, Vanessa López. "Los altos precios de los medicamentos están dificultando el acceso a los mismos y hay gente que muere por este motivo".
Según López, las palabras de Mulye "son una inmoralidad" y señala a los gobiernos por no tomar las medidas necesarias. "El problema es que se trata a los fármacos como si fueran un producto de consumo cualquiera", asegura esta activista, que reclama que los medicamentos sean "tratados como un bien público, ya que de ellos depende la vida de las personas".
Daraprim, el primer gran escándalo
El intento de Nostrum de obtener grandes beneficios de un viejo producto farmacéutico está lejos de ser el primer o único ejemplo de esta práctica. Durante la última década otras compañías han estado adquiriendo los derechos de medicamentos de bajo coste, sin protección de patentes y revendiéndolos a un costo mucho más alto.
Uno de los casos más sonados de los últimos años se produjo en septiembre de 2015, cuando la empresa Turing Pharmaceuticals compró los derechos de un viejo medicamento, el Daraprim, utilizado para tratar las infecciones parasitarias en pacientes con VIH y mujeres embarazadas, y subió el precio más de un 5000%, pasando de poco más de 13 dólares a 750.
El caso de Daraprim resultó especialmente polémico por el carácter del CEO y fundador de la compañía, Martin Shkreli, al que algunos medios norteamericanos bautizaron como "el hombre más odiado de América". Sin embargo, no fue el único caso que desató la polémica ese mismo año.
Un mes antes de la subida del Daraprim, la farmacéutica Rodelis Therapeutics compró los derechos de un medicamento para la tuberculosis y multiplicó su precio por veinte, pasando de 480 dólares a más de 10.000. Tras las protestas, la compañía dio marcha atrás y devolvió los derechos a la Purdue Research Foundation, que vende el tratamiento por un precio aproximado de 1.000 dólares.
Martin Shkreli, subió un 5000% el precio de un medicamento para pacientes con VIH EFE
Unos meses antes, en febrero de ese mismo año, fue Valeant Pharmaceuticals International quien compró los derechos de dos medicamentos para el corazón, Nitropress e Isuprel, y el mismo día subió los precios en un 200% y 500% respectivamente.
Antes de estas acciones, otras empresas del sector ya habían realizado prácticas similares. En 2014 Mallinckrodt Pharmaceuticals compró la empresa que fabricaba Ofirmev, una inyección de acetaminofén utilizada para aliviar el dolor y la fiebre, y multiplicó el precio por 2,5. Ese mismo año, AstraZeneca vendió un medicamento para la artritis, Vimovo, a otra compañía que aumentó su precio un 500%.
Esta práctica se hace habitualmente con medicamentos para los cuales no hay competencia de genéricos, como el caso de las inyecciones de epinefrina, EpiPen, que se utilizan para casos graves de reacciones alérgicas y cuya propietaria, la farmacéutica Mylan, ha multiplicado su precio por cinco en apenas 9 años, hasta los casi 600 dólares por cada pack de inyecciones.
Los medicamentos contra el cáncer duplican su precio
Tampoco se han librado de sufrir importantes subidas de precio los medicamentos contra el cáncer, que en los últimos años han duplicado su precio, especialmente los nuevos fármacos dirigidos. Entre los casos más sonados destacan los relacionados con el Gleevec y el Campath.
La aprobación de Gleevec en 2001 marcó el comienzo de una nueva era de medicamentos oncológicos dirigidos, que apuntan a las células cancerígenas y son menos lesivos para el resto, y su precio de salida fue de 26.000 dólares por año de tratamiento. Sin embargo, Novartis, compañía propietaria de la patente, ha ido subiendo progresivamente el precio hasta superar los 120.000 dólares anuales.
El Campath es un medicamento contra la leucemia que en 2012 fue retirado y convertido, un año más tarde, en otro contra la esclerosis múltiple llamado Lemtrada. Tras el cambio de nombre y sin apenas modificaciones, el medicamento pasó de costar unos 400 euros a más de 7.000. "Es una práctica habitual", explica López, "retirar medicamentos del mercado para luego volver a introducirlos con otro nombre y a un precio muy superior".
Este tipo de movimientos agresivos en el mercado farmacéutico no son habituales, pero diversas organizaciones alertan de que se está estableciendo una tendencia que ejerce una presión excesiva en los sistemas públicos de salud. "En países como España, en los que el sistema público asume el precio de los tratamientos, esta tendencia está esquilmando los presupuestos de salud y quitando recursos que tendrían que invertirse en otras necesidades", explica López.
Con el fin de evitar este tipo de acciones abusivas, diversos colectivos están planteando alternativas sobre el tipo de licencias que se concede a los nuevos fármacos e incluso un consorcio de hospitales de EEUU ha anunciado recientemente su intención de crear una empresa farmacéutica sin ánimo de lucro para fabricar medicamentos genéricos y luchar así contra los elevados precios que impone parte de la industria.
