Hace dos años un barómetro del CIS incluyó detalladas opiniones de los españoles sobre la justicia y su deterioro, al considerar una cuarta parte que funcionaba peor que en años anteriores, aunque solo un 2,5% lo consideraban el principal problema español, frente a casi un 84% el paro y más del 51% la economía. Ya entonces más del 11% no tenían ninguna confianza en los tribunales, frente a solo el 3,2% que expresaba total confianza y apenas un 20% que optaba por acudir a los tribunales frente al intento de acuerdo o el arbitraje. Tambien apenas un 18% indicaba que la justicia funciona bien. Pero la gran mayoria (superior al 61%) apuntaban como causa la falta de medios, y un 77% pedía procedimientos más ágiles y modernos, si bien apenas el 15% estaba muy de acuerdo o de acuerdo con la opinion de que la justicia trata. Y solo un 19% aseguraba que carece de corrupción.
La noticia fue ayer que la Audiencia Provincial de Málaga rebajó sustancialmente las penas a los procesados respecto a las acusaciones de la fiscalía y absolvió a casi la mitad de 95 acusados. Los magistrados muestran en el fallo su "firme convicción" de que en el Ayuntamiento de Marbella se había instaurado un "sistema de corrupción generalizada" por parte de los procesados y "bajo el poder de hecho ejercido" por el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, exasesor urbanístico al que han condenado a 11 años de prisión y 240 millones de euros de multa, frente a los 30 años de cárcel y 910 millones de euros de multa que pedía la Fiscalía Anticorrupción.
La exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe fue condenada a seis años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de los concursos. Para Yagüe la Fiscalía había solicitado una pena de 16 años de cárcel. Al también exalcalde marbellí Julián Muñoz, condenado por fraude y prevaricación, se le impuso una pena de 2 años de prisión, aunque el fiscal había solicitado 10 años.
La exteniente alcalde de Marbella Isabel García Marcos vio rebajada su pena a 4 años de prisión, por cohecho pasivo y alternación de precios de concursos, frente a los 12 pedidos inicialmente.
La Audiencia de Málaga también condenó a Pedro Román, exteniente alcalde, a cuatro años y una multa de 2,5 millones de euros, y a Monserrat Corulla, asesora de Roca, a cuatro años y una multa de 30 millones.
Los empresarios también vieron como las penas pedidas por la Fiscalía se rebajaban en la sentencia. Así, Carlos Sánchez y Andrés Liétor fueron condenados a 6 años y un día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros. Al promotor granadino José Ávila, que ya se encuentra en prisión por otra causa, se le impuso una pena de tres años y ocho meses y multa de 11,5 millones de euros, mientras que el constructor Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokan, fue condenado a seis meses de cárcel.
Aunque Roca trató de convencer al tribunal de que el dinero que recibía de empresarios era para financiar la campaña electoral del tripartito, los magistrados insisten en que la finalidad era "la de comprar voluntades de políticos para garantizar resoluciones administrativas afines a sus intereses". La sentencia avala las pruebas recopiladas durante la instrucción, siendo determinante la contabilidad paralela de Roca hallada en sus archivos. Asimismo, los jueces avalan las escuchas telefónicas y consideran "sumamente significativas" las que se intervinieron a García Marcos.
No obstante, el tribunal considera irregulares las detenciones de varios de los procesados al considerarlas "excesivamente mediáticas", y apunta que en algunos casos las estancias en calabozos fueron "un tiempo superior al legalmente establecido".
El tribunal acordó que los bienes y el dinero decomisados sean utilizados para abonar las deudas del Ayuntamiento por los "perjuicios morales y económicos" derivados de ese "ambiente generalizado de corrupción".
Primeros editoriales
EL PAÍS: La justicia necesita más medios.
De la sentencia del caso Malaya, la primera condena judicial de un esquema de corrupción urbanística "generalizada", se deduce "que la actuación policial y la instrucción judicial tuvieron todas la deficiencias de una primera experiencia, incluidas detenciones más prolongadas de lo permitido por la ley y autos judiciales poco justificados". Pero de esa experiencia proceden el reforzamiento de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía: la UDEF ha multiplicado sus efectivos desde entonces. También se ha demostrado la complicación de llevar estos procesos a macrojuicios, muy difíciles a la hora de deslindar las responsabilidades penales de cada imputado. La Operación Malaya enseña que los procedimientos deben ser aligerados y que la justicia necesita más medios. "Bien está el primer golpe que representa la condena de un grupo de políticos y de los que les manejan en la sombra, pero faltan otros para destruir las estructuras de la corrupción, demostrar que no hay impunidad y acabar con la muy compartida pretensión política de escurrir las responsabilidades a base de remitirse a una justicia que tarda en resolver".
EL MUNDO: Penas demasiado leves. Todo en la Operación Malaya "ha sido macro, menos las condenas". El tribunal ha dejado en 125 años los 509 que la Fiscalía solicitaba para los procesados. Y ello a pesar de que el tribunal expresa en la sentencia su "firme convicción" de que en el Ayuntamiento marbellí se instauró un "sistema de corrupción generalizada". Los jueces definen con claridad el modus operandi de la trama corrupta creada por Jesús Gil y continuada por sus sucesores, por lo que "no es fácil de entender que estas gravísimas conductas de funcionarios públicos sustancien con penas muy inferiores a la petición de la Fiscalía". Casi la mitad de los 84 procesados han sido absueltos, entre ellos promotores y abogados acusados de blanquear el dinero. La levedad de las condenas ha venido motivada por la elección benévola, y discutible, del tipo de cohecho que el tribunal considera probado. "No se ha podido establecer a lo largo de la instrucción la relación causa efecto entre los sobornos y las adjudicaciones de obra o recalificación de terrenos concretos. Como si los corruptores pagaran a cambio de nada y los corruptos no supieran a cambio de qué cobraban".
ABC: La justicia siempre llega tarde. La sentencia del caso Malaya "puede calificarse como decepcionante si las condenas impuestas a los principales implicados se comparan con las que había pedido el Ministerio Fiscal". Políticos y empresarios "han salido mucho mejor parados de lo que daban a entender las acusaciones de la Fiscalía y la propia magnitud de este macroproceso". "Es evidente que existe una desproporción entre el resultado que refleja la sentencia y la dimensión de las operaciones policiales desarrolladas al inicio de las investigaciones, el elevado número de acusados y la apuesta de la Fiscalía por condenas muy altas". Esta disparidad entre la sentencia y las expectativas creadas "obliga a reflexionar sobre si estos macroprocesos son eficaces y si la Administración de Justicia dispone de los medios necesarios para investigar con diligencia y en su integridad delitos tan complejos como los que se engloban genéricamente en la corrupción". Hay una lección que sacar de este proceso: la Justicia siempre llega demasiado tarde para combatir los delitos de corrupción y eso es porque el Estado "no garantiza el funcionamiento de las instituciones que deberían intervenir y fiscalizar las cuentas públicas en plazos razonables". Es urgente que "España sea un país con instrumentos disuasorios y preventivos de la corrupción". Nuestra imagen exterior, la necesaria Marca España, también depende de esto.
LA RAZÓN: Sentencia agridulce. El hecho de que la rebaja de las penas y la absolución de la mitad de los 95 imputados susciten suspicacias y frustración en la ciudadanía "debe llevarnos a una reflexión sobre algunos aspectos poco edificantes de una investigación policial y una instrucción que vulneró derechos fundamentales de los detenidos, sometidos al escarnio público innecesario y en algunos casos con transgresión del límite constitucional de detención judicial, sin motivación de una medida tan grave como la privación de libertad". La raíz de las "decepcionantes" condenas hay que buscarlas en la "ambigüedad y falta de precisión de los escritos de acusación", lo que ha llevado a una sentencia "agridulce".
Las amables condenas del caso Malaya, opina F.J. Losantos en EL MUNDO: "El político llamado Alberto quiere condenar a seis años al que cree un portal pirata en Internet. Tiene menos riesgo robar Ayuntamientos".
La servilleta, titula I. Camacho en ABC: Autoridades de los tres poderes del Estado consintieron el latrocinio marbellí. "Todo ocurrió delante de una Agencia Tributaria inmóvil, una Junta de Andalucía impasible, una Cámara de Cuentas inútil y una justicia impávida".
