El cambio hecho a la Ley 16/2003 de “Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud” explica que “tendrán la condición de asegurado” quienes se encuentren en la situación de “haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”.
Esta última frase referida a la residencia en el país es la que afecta a los exiliados por motivos laborales, junto con la nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que determina la “pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social” y donde se indica que “el beneficiario de dichas prestaciones tiene residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que estas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural”.
Esta medida afecta a los miles de inmigrantes que han sido empujados fuera de la fronteras a buscar una oportunidad laboral. Tras estas enmiendas, aprobadas con la mayoría absoluta del PP, se darán de baja de la Seguridad Social cientos de miles de emigrantes españoles. Entre ellos se encuentran muchos jóvenes recién titulados que han ido a otros países a buscar una oportunidad para comenzar su carrera. Una de ellas es Pilar Díaz. Es periodista y desde hace un par de meses trabaja para Helsinki Times, en Finlandía. Cuando estuvo de erasmus hace tres años se enamoró de la forma de vivir y de pensar de los habitantes del país, pero sin duda lo que más le gustó fue lo bien que funcionan las cosas allí.
Ahora le ha motivado para volver es que le han dado una oportunidad para trabajar en uno de los periódicos más leídos del país. Sobre la nueva medida opina que es "una falta de respeto para los jóvenes que se marchan. Es una forma de decir… ´qué alivio, uno menos´ y quitarse la responsabilidad de cuidar de los ciudadanos, que es una obligación del estado. Eso aquí en Finlandia suena a imposible. Eso aquí no podría pasar", asegura
Explica que el problema que está viviendo ahora la sociedad España es que se permite todo: "Nos hemos acostumbrado a todo y cuando vemos con normalidad este tipo de cosas es cuando estas medidas son más peligrosas, porque el Gobierno decide sin culpa ni repercusiones en su contra", comenta.
No obstante, ¿es lícito seguir pagando a aquellos que no aportan económicamente al Estado y que los beneficios de su consumo diario se repercutan en otros países? Díaz opina que es necesario cuidar a los ciudadanos, ya de lo contrario de produciría una desarragamiento que los llevaría a ser de ninguna parte. "Cuando llevan tres meses viviendo fuera muy seguramente no tienen el trabajo de sus vidas, es decir, no tienen un sueldazo con el que mantenerse y que les asegure una posición decente durante un tiempo. Muchos vuelven a los tres meses o a los cinco meses o cuando llevan poco tiempo… ¿y entonces qué? No son de ninguna parte, nadie responde por ellos incluso después de tener que haber arriesgado todo para irse no por gusto sino por obligación a otro sitio a buscarse la vida", explica Díaz.
Esta joven periodista no es la única que considera que esta medida va encontra de los derechos de los ciudadanos españoles. Barbara Jerez ha creado una petición en Change.org pidiendo al Gobierno la retirada de dicha norma. Ella es una española inmigrante en Bolovia que tras un poco más de un año en paro cruzó el charco para buscar trabajo en Sudamérica. En ella argumenta que esta medida les empuja a la a "buscar asistencia sanitaria privada", y que quizá "no todo el mundo pueda pagarla". "Parece que ustedes ya no se conforman con vernos sin trabajo en España, sino que también nos quitan uno de los derechos que recoge nuestra Constitución (sí, esa que tanto defienden ustedes) y nos obligan a buscar asistencia sanitaria privada", opina la instigadora de la petición.
La petición ya tiene más de 6.200 firmas desde que el pasado 26 de diciembre el Gobierno aprovechase las fiestas para la publicación de dicha norma y Jerez realizase la petición. Entre sus seguirdores destacan comentarios y argumentos como el que Rocío Fernández escribe desde Birminghan, Inglaterra. Ésta asegura que "están quitando todos nuestros derechos los que con tanto sufrimiento nuestras generaciones anteriores consiguieron para nosotros, porque esto se está convirtiendo en una dictadura, porque no sólo se nos quita el derecho a quedarnos en nuestro país, porque han suplido todas las oportunidades habidas y por haber que tambien nos oprimen quitandonos un derecho fundamental como es la sanidad, derecho a la salud, derecho a una ayuda, que no es gratuita que nuestros padres han tenido que crear durante toda una vida, pagando impuestos, pagándose seguros, quitándose para comer, para que una pandilla de ladrones como los que están en nuestro gobierno que son bochornosos no sólo roben de las arcas públicas."
Begoña Díez, otra seguidora de la petición, explica que está en contra de esta ley porque su marido "lleva en belgica 2 meses, en la construcción intentando ganarse la vida, despues de estar 3 años parado aqui en España".
La noticias también se ha incendiado en Twitter, donde los usuarios comentan irónicamente la desproporción de los ajustes y las normas del Gobierno de Mariano Rajoy. Así, Miri Neuch (@lentejutavalent) destaca que mientras se excluyen a los inmigrantes los políticos "se suben las subvenciones de sus partidos un 28%".
Los inmigrantes españoles se quedan sin seguridad social 3 meses de marcharse, pero ellos se suben las subenciones de sus partidos un 28%
— Miri Neuch (@lentejitavalent) enero 3, 2014
O en Facebook donde los jóvenes se apresuran a defundir la petición de de Jerez para evitar que se queden se seguridad social.
Los afectados solo el último año son 600.000 personas que han abandonado el país, entre ellas los “jóvenes aventureros”, como son considerados los exiliados por la ministra de Empleo Fátima Báñez; 700.000 entre 2008 y 2012. Ahora, a las dificultades de la “aventura”, se suma también el riesgo a perder la sanidad pública en su país de origen. Una nueva traba para la juventud española forzada a la “Movilidad Exterior” por la difícil situación de crisis en España y las políticas de empleo del Gobierno del Partido Popular.
Médicos del Mundo recuerda que, ya antes de esta ley, España excluía diariamente a casi 2.500 personas del sistema público de salud, cuando la excepción a recibir la prestación médica solo se aplicaba a inmigrantes de otros países en España. Ahora, con esta nueva medida, el sistema público dejará de proteger también a los expatriados aun cuando vuelvan a España si han pasado más de tres meses desde su marcha.
