lunes,17 enero 2022
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En libertad los detenidos, sigue el desfile de investigados

La trama Taula cobró de 600 colegios, parte para PP

Redacción
La trama Taula cobró de 600 colegios y parte fue al PP valenciano, que quedara en manos de una gestora y cuyos directivos investigados han quedado en libertad. Hay constancia porque Marcos Benavent, el ex alto cargo que grabó a sus compañeros durante años y cuyas cintas fueron entregadas a la Fiscalía por Esquerra Unida dando pie a la investigación, era el "recaudador" de la organización. Y lleva meses colaborando con el ministerio público y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Habia una especie de “puja” pensada para estimular a pagar a los aspirantes a contratar con la Administración autonómica, provincial y local de Valencia. El sistema funcionaba, explicaron las fuentes a EL PAÍS, porque casi todas las empresas acababan aceptando. El dinero era entregado en metálico. El importe recibido, generalmente un 3% del importe total, se dividía de manera “sistemática” entre el beneficio personal y una parte que correspondía al partido.

Los receptores de buena parte de los fondos eran Juan José Medina y Máximo Caturla, que estaban al mando de órganos de contratación. El juez les ha impuesto fianzas civiles de un millón y dos millones de euros respectivamente. Medina fue vicepresidente de la Diputación de Valencia y vicesecretario de Organización del PP provincial. Caturla también fue vicepresidente de la Corporación provincial y consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa). Esta última, dedicada a construir centros educativos, fue la principal mina para los miembros de Taula. Unas 600 actuaciones en colegios e institutos —entre nuevas construcciones y reformas— se vieron sometidas al pago del peaje. El sobrecoste de Ciegsa ha sido cifrado en más de mil millones de euros por el nuevo Gobierno autonómico.

La Fiscalía empezó a investigar los hechos en julio de 2014 junto a la UCO. En marzo de 2015 el asunto pasó a manos del magistrado Víctor Gómez, del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Justo después, los teléfonos de unos cinco presuntos cabecillas de la red fueron intervenidos. El del expresidente de la Diputación y del PP provincial Alfonso Rus no se contó entre ellos. A pesar de que en mayo salieron a la luz las grabaciones de Benavent, según los investigadores los implicados siguieron manteniendo conversaciones comprometedoras.

El PP niega los hechos pero prepara una gestora valenciana

El juez del caso Imelsa por la operación Taula ha citado a declarar a Alfonso Novo, presidente del PP de Valencia y concejal en el ayuntamiento de la ciudad. Según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, el magistrado imputa a Novo un delito de blanqueo de capitales.  El PP niega. Pero la Fiscalía centra en la concejalía de Cultura del ayuntamiento parte de sus investigaciones sobre la operación Taula y se extiende la impresión de que el PP creará una gestora en Valencia, tercera ciudad de España, feudo histórico de la ahora ex alcaldesa y senadora, Rita Barberá. La decisión formal de Génova se tomará según EL MUNDO en los próximos días, y ha sido consensuada entre Génova y la dirección autonómica, que dirige Isabel Bonig, aunque el movimiento ha partido de ella. Se trata de una competencia de la dirección regional que Génova respalda.

Con su aval, la cúpula nacional muestra su intención de no poner cortapisas a la regeneración del partido en la Comunidad Valenciana, después de años en que se permitió que dirigentes como Barberá o Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia, imputado en el caso Imelsa y a quien el juez ha puesto una fianza de 2 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil, criticaran las líneas rojas contra la corrupción impuestas por el ex presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

La idea de la gestora ya había sido analizada por la dirección regional del Partido inmediatamente después de que Alfonso Novo, la persona que Barberá puso al frente de la dirección local, resultara imputado a raíz de la operación Taula. La presidenta regional, Isabel Bonig, matizó, no obstante, que la decisión final dependería del resultado de la declaración ante el juez de Novo. No obstante, la citación hoy ante la Guardia Civil de cerca de 50 concejales y asesores del equipo de Gobierno de Rita Barberá para declarar por la supuesta financiación ilegal ha adelantado los acontecimientos.

Durante casi tres décadas el PP de Valencia ha estado siempre controlado por Barberá, de quien dice EL MUNDO que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que la acrual senadora estaba al corriente de todos los métodos de blanqueo de dinero de su equipo. Pero la exalcaldesa Rita Barberá ha subrayado este viernes que durante sus 24 años al frente del Ayuntamiento no se ha "amañado ningún contrato" que ella sepa, ni tampoco hubo "ninguna mordida para financiar ilegalmente nada" y ha asegurado que está dispuesta a colaborar con la Justicia. Barberá ha reaccionado así a las informaciones de la Operación Taula, en la que, según los investigadores, existen indicios de que la exalcaldesa participó en las irregularidades. El expresidente de la Generalitat valenciana Alberto Fabra ha declarado, por su parte, en la misma emisora que no pone "la mano en el fuego por nadie".

Las irregularidades en Imelsa -una empresa de la Diputación de Valencia-, Ciegsa -la empresa de la Generalitat que construía colegios- y la Fundación Jaume II El Just ocupan las demás. Y en el fondo se persigue un supuesto delito de financiación ilegal del PP. La Fiscalía investiga tambi´´en desvío de fondos a Brasil y mordidas en colegios, después de que Anticorrupción se lleva un servidor de la empresa pública Ciegsa, que registró 1.000 millones de sobrecostes en la construcción de centros escolares, según un informe de la Intervención General. La corrupción valenciana llevó a barracones a cientos de escolares, mientras según EL ESPAÑOL los agentes registraron las conversaciones del jefe de la empresa relacionada con las desviaciones de precios. 

Padres pintan barracones en el colegio de Cremona. Plataforma Todos Somos Cremona.

En un comunicado, el PP de Valencia niega cualquier irregularidad y asegura su voluntad de colaborar en la investigación. "En todo momento hemos tenido y tenemos total disposición y voluntad de colaborar con la Justicia y con las instituciones del Estado de Derecho". El miércoles seis de febrero, Novo podrá demostrar ese afán por cooperar.

En libertad los detenidos

El juez ordenó el jueves por la noche libertad provisional para el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, así como para otros cuatro exdirigentes del PP valenciano, últimos de los 24 detenidos en la operación Taula en comparecer en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Para Rus y para el exvicepresidente de la Diputación, Máximo Caturla, impuso fianzas de responsabilidad civil de dos millones de euros. Para el exvicepresidente de la corporación provincial y exalcalde de Moncada, Juan José Medina, y para el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, las fianzas fueron de un millón de euros. El juez no aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, aunque acordó como medidas cautelares la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

Rus, que se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, aseguró a los periodistas a su salida del juzgado que en la investigación "todo es un montaje" y que es "inocente totalmente". Dijo que desconoce de qué se le acusa y señaló que lo que ocurre "no es normal", achacándolo a "una trama radiada desde hace un año" para "apartarle" del partido y a una "puesta en escena de maravilla". Sobre la posible financiación irregular del PP valenciano, aseguró no tener "nada que ver". "De los billetes de 500 no tengo ni idea", dijo y apostilló que "un partido no puede tener 2.000 millones de euros de facturas en los cajones sin que salieran a final de año".

La UCO confirma que comisiones del 3% al 5%

Según la investigación de la operación Taula, la trama dirigida por Alfonso Rus utilizó la sede central del Partido Popular valenciano para blanquear las comisiones ilegales, según destaca hoy EL MUNDO. Así se desprende de las pesquisas de la brigada de delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes sospechan que el expresidente provincial compensó a uno de los propietarios del local, Vicente Cuquerella, con un contrato de 32 millones de euros en césped artificial. Con el alquiler se equilibraban las comisiones que exigían al contratista, según el diario. Además, Rus presionaba a las constructoras para que compraran los productos de Cuquerella si querían seguir trabajando para la Diputación.

Fuentes de la investigación consideran que la trama se repartía entre un 3% y un 5% por cada contrato público amañado y una parte de ese dinero habría servido para financiar al partido. La exigencia de sobornos fue "generalizada" y se extendió a "centenares de contratos". Según destaca ABC, la tramatambién blanqueó con lotería y hasta 50.000 euros en donativos.

Por otra parte, varios asesores del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia que se negaron a hacer las donaciones que les pidió el partido durante la última campaña para las elecciones municipales no vieron renovados sus contratos. La portavoz adjunta del PP en el consistorio, María Angel Ramón-Llin, consideró "absolutamente normal" que se pidieran mil euros para contribuir a la campaña.

El PP valenciano demandará a sus condenados

La presidenta regional del PP valenciano, Isabel Bonig, anunció ayer que el partido demandará por la vía civil a los militantes y cargos populares que hayan sido condenados por casos de corrupción en sentencia firme y reclamará indemnizaciones por "daños y perjuicios a la imagen del PP". Ese dinero se destinaría a "los fines sociales que se considere", explicó.

Además, los populares valencianos llevarán al próximo congreso nacional del partido una propuesta en la que pedirán que se amplíen las competencias del Comité de Derechos y Garantías para que "las denuncias de militantes que lleguen al partido por conductas irregulares sean investigadas por profesionales independientes" que "no estén vinculados al partido". Bonig abogó por "establecer un control que funciona en muchas empresas privadas y que hay que extender a los partidos políticos y las instituciones para garantizar la eficacia y transparencia en el funcionamiento".

Por otra parte, Bonig anunció que se nombrará una gestora si se confirman las imputaciones contra los miembros del grupo municipal y la dirección local del partido en Valencia.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, defendió ayer que el mensaje del PP sobre la corrupción es "muy claro". "Nos asquea cualquier caso de corrupción", insistió. "El PP es un partido íntegro, honesto y cualquier conducta que se aparte de esa integridad y honestidad tiene nuestro desprecio y reproche", afirmó.

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