El Informe sobre la Justicia Administrativa 2015 ha sido realizado porel Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid, con el patrocinio de la Fundación “La Caixa”, y sus autores son los profesores de la UAM Silvia Díez Sastre, directora del Centro, Alfonso Egea de Haro, César Martínez Sánchez y Fernando Pastor Merchante.
En un acto presidido por Lesmes, titular del Supremo y CGPJ
La UAM presenta el Informe sobre la Justicia Administrativa 2015
Redacción
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha entregado a jueces, magistrados y mundo jurídico el y Informe sobre la Justicia Administrativa 2015, en un acto celebrado en CaixaForum Madrid. El documento recoge y analiza datos relacionados durante los diez últimos años con la suma de los mecanismos administrativos y jurisdiccionales que permiten revisar y corregir las decisiones de las autoridades públicas en España.
El acto, presidido por Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, contó con la asistencia de numerosos magistrados, vocales de tribunales administrativos, abogados, profesores y otros profesionales del mundo jurídico.
Participaron en la presentación del Informe, Alejandro García-Bragado, vicepresidente de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa”; Sonia Gumpert, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Yolanda Valdeolivas, decana de la Facultad de Derecho de la UAM, y Silvia Díez, directora del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa.
Esta edición del Informe se centra en tres sectores concretos de actividad administrativa: tributos, contratos públicos y responsabilidad patrimonial. En sucesivas ediciones, la metodología elaborada por sus autores podrá extenderse a otros ámbitos. En este sentido, la directora y los autores del Informe anunciaron su intención de publicar un informe similar con carácter anual, teniendo en cuenta la importancia de contar con datos fiables y actualizados acerca del funcionamiento de la justicia administrativa en España para poder corregir deficiencias y garantizar, de esta forma, un funcionamiento adecuado de las instituciones públicas.