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La UE actúa contra noticias falsas y por la calidad democrática


Redacción 2 de abril de 2019 Enviar a un amigo
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La Unión Europea ha dado un impulso político a la creación de un mecanismo de vigilancia que frene el deterioro de las libertades y del Estado de derecho apreciado en algunos de sus países miembros. Alemania y Bélgica lanzaron un plan para un Pacto de Calidad Democrática que aspirará a imponer una disciplina similar a la que ha logrado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el terreno presupuestario. Los dos Gobiernos sostienen que cuentan con un amplio respaldo de los socios para desarrollar la iniciativa y precisar su funcionamiento.

 El plan llega tras la deriva autoritaria de países como Hungría o Polonia. Pero pretende ir mucho más lejos y redoblar la presión sobre todos los socios tras un período aciago que ha visto el aumento del antisemitismo y antislamismo en países como Francia o Alemania, el asesinato impune de periodistas en Malta o Eslovaquia o el dudoso trato de refugiados y emigrantes en Italia o Croacia. Hoy mismo el Partido Popular Europeo (PPE) analiza la suspensión o expulsión del partido Fidesz, del primer ministro húngaro Viktor Orbán, por su presunta violación de derechos fundamentales y sus campañas antieuropeas.

El nuevo instrumento, basado en la revisión periódica de parámetros como la independencia judicial o la seguridad jurídica, parte de una iniciativa impulsada por Alemania y Bélgica. 'Pero ya cuenta con el respaldo de 20 países', aseguró ayer el ministro belga de Exteriores, el liberal Didier Reynders, durante la presentación del proyecto en Bruselas. En paralelo, la Comisión Europea también trabaja sobre su propia propuesta para endurecer la vigilancia de los valores fundamentales. Y tras un período de consulta, espera aprobarla en junio o julio.

 'El Estado de derecho es crucial para la libertad y el bienestar de los ciudadanos europeos y para el buen funcionamiento del ordenamiento legal europeo', asegura la propuesta conjunta de Bélgica y Alemania. Ambos países anuncian el establecimiento de 'una revisión periódica de unos países a otros (peer review) sobre el Estado de derecho en la UE'.

El sistema arrancará con la participación voluntaria de los países que lo deseen, aunque aspira a integrar a todos los socios de la UE. Expertos de los países involucrados desarrollarán la metodología en los próximos meses. El proyecto pasa por utilizar las fuentes de información ya disponibles,tanto a nivel nacional como internacional (a través de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, por ejemplo). Y aglutinarla en un 'informe factual' que serviría para iniciar un proceso de diálogo político 'en el marco intergubernamental' con los países donde se descubriesen carencias o lagunas en el respeto a los valores fundamentales de la UE.

 Reynders añadió que Finlandia, que ostentará la próxima presidencia semestral de la UE, también se ha comprometido a desarrollar la propuesta durante su mandato. Alemania, que tomará el relevo de Helsinki, continuará los trabajos, según el ministro alemán de Asuntos Europeos, Michael Roth, en una rueda de prensa conjunta con Reynders.

 A diferencia del Pacto de Estabilidad presupuestaria, el nuevo marco no incluye sanciones económicas. Pero la negativa de un país a enmendar las deficiencias o a seguir las recomendaciones que emanen del diálogo político podría llevar a la apertura de procedimientos disciplinarios, a denuncias ante el Tribunal de Justicia europeo o, en casos extremos, a la aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE, que permite privar a un socio de su derecho de voto en el Consejo Europeo.

Reynders, que como antiguo ministro de Finanzas asistió en primera persona al progresivo endurecimiento del Pacto de estabilidad, cree que en este caso se seguirá la misma evolución.

 En el nuevo pacto, el castigo económico a los infractores también podría introducirse más temprano que tarde. La presidencia alemana (primer semestre de 2020) tiene previsto rematar el nuevo marco presupuestario de la UE (2021-2027), lo que ayudaría a Berlín a aunar sus dos objetivos:endurecer la vigilancia del Estado de derecho y recortar fondos estructurales a los países que violen los valores fundamentales de la UE. 'Ese vínculo sigue siendo uno de nuestros mayores objetivos de cara a la negociación del marco presupuestario', advertía ayer Roth.

En la actualidad, la Comisión Europea apenas dispone de instrumentos para velar por la calidad democrática. Solo en el caso de Rumania y Bulgaria, que ingresaron en el club en 2007, se estableció un mecanismo de verificación que cada año comprueba la evolución de esos dos países en áreas como la lucha contra la corrupción o la independencia del sistema judicial.

Para el resto de socios, Bruselas tiene que recurrir a la llamada 'arma nuclear' del artículo 7 cuyos efectos políticamente devastadores hacen casi imposible su utilización hasta las últimas consecuencias. La Comisión activó el artículo contra Polonia y el Parlamento Europeo contra Hungría. Pero el expediente no ha avanzado en ninguno de los dos casos, porque la mayoría de las capitales, sobre todo las de Europa Central y del Este, se resisten a respaldar el castigo.

La inversión y el comercio exterior serían los sectores más afectados Una salida pactada reduciría el coste a 240 millones, según el Banco de España

España perdería 9.600 millones por un Brexit duro

 A tan solo nueve días para que culmine la fecha de salida de Reino Unido de la UE, y sin un acuerdo todavía ratificado, el Banco de España estimóayer que un Brexit duro restaría ocho décimas al PIB español en los próximos cinco años, el equivalente a 9.600 millones de euros. Al año, ello se traduciría en una pérdida de entre una y dos décimas. En cambio, una salida acordada que incluyera tratados comerciales apenas tendría efectos,según destaca el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos.

Por ello, el Banco de España sostiene que los costes del Brexit para la economía española podrían llegar a ser 'significativos' aunque 'no desmesurados'. Además de ponerse en el peor de los escenarios, el organismo analiza el impacto que tendrían otras dos situaciones más suaves y favorables.

En el caso de lograr un Brexit acordado con un periodo transitorio en el que se estableciera que la futura relación comercial con Reino Unido estaría sujeta a tratados comerciales similares a los que la UE ya mantiene con otros socios (por ejemplo el CETA con Canadá), el impacto para el PIB español sería tan solo del 0,02% hasta 2024. Ello supondría una pérdida de 240 millones, un efecto 'muy reducido', según el organismo, ya que la apreciación de la libra mitigaría, en parte, los efectos de una menor demanda británica.

 Otro escenario algo menos optimista en el que se diera un Brexit con acuerdo pero en el que no se lograra sellar acuerdos comerciales conduciría a la imposición de aranceles y otras barreras al comercio sujetas a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En esta situación, el impacto para España sería bastante más importante: una pérdida de 6.000 millones de euros (o cinco décimas del PIB) en los próximos cinco años.

Volviendo al peor escenario de un Brexit a las bravas, el informe revela que cerca del 70% del impacto se produciría por las relaciones comerciales directas entre España y Reino Unido, mientras que el 30% restante se debería al efecto causado en el resto de los socios comerciales de la UE. Una salida abrupta causaría por tanto mayores daños pero también más bruscos. El 80% del coste se daría durante los tres años posteriores al divorcio,frente al 60% en el caso de que la salida viniera acompañada de un acuerdo comercial entre ambas áreas.

El comercio exterior sería, con diferencia, el sector más afectado por una ruptura no pactada con la UE. En concreto, el mayor efecto se daría del lado de las exportaciones españolas, con un impacto acumulado que supondría una reducción del 2,6% en cinco años, mientras que en el caso de las importaciones la pérdida sería del 1,78%. A ellas les seguiría la inversión, que sufriría una pérdida del 1,15% y, en menor medida, el mercado laboral que vería el empleo reducirse en un 0,77% en cinco años, una magnitud similar a la del conjunto de la economía. Respecto a la inflación, el efecto máximo sería de una caída del 0,47% como consecuencia de la menor demanda interna, mientras que el consumo descendería un 0,4%.

 El Banco de España remarca que los efectos estimados son algo superiores a los ya calculados por el Fondo Monetario Internacional el pasado año,debido a que se apoya en las estimaciones más recientes del Banco de Inglaterra, que esbozan un panorama económico para Reino Unido más sombrío del considerado por el organismo que dirige Christine Lagarde. El informe indica además que los resultados deben tomarse con 'cautela' ya que no se han tenido en cuenta 'potenciales elementos mitigantes' por la acción compensatoria de las políticas monetaria y fiscal que podrían adoptarse, ni incorpora las medidas de contingencia que los Gobiernos han aprobado para aminorar los costes de una salida sin acuerdo.

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