El Ejecutivo comunitario sopesa introducir una tarjeta profesional, que estaría expedida por el país de origen, y que permitiría que el trabajador demuestre a los consumidores, empleadores y autoridades de otro Estado miembro que posee las cualificaciones necesarias y la facultad para ejercer.
Esta tarjeta profesional serviría para profesiones como ingenieros, fisioterapeutas, guías turísticos o profesores de esquí, según ha dicho Barnier.
La Comisión pretende además facilitar la creación de plataformas comunes que definan criterios compartidos para determinadas profesiones.
El objetivo es superar las diferencias de formación entre los Estados miembros, y suprimir la necesidad de exámenes adicionales.
En el caso de los profesionales sanitarios, Bruselas pretende dejar claro que los trabajadores que estén en contacto con los pacientes deberán conocer la lengua del país donde trabajan. También pretende introducir un sistema de alerta rápida para evitar que los médicos que pierden la autorización en un Estado miembro puedan ejercer en otro.
El Ejecutivo comunitario ha pedido a todas las partes interesadas que presenten sus observaciones sobre estas propuestas antes del 20 de septiembre. Bruselas organizará una conferencia de alto nivel el 7 de noviembre y presentará propuestas legislativas en diciembre de este año.
