lunes,23 mayo 2022
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La universidad urge una salida de la crisis con equidad social

José María Mella (catedrático de la UAM y miembro de econoNuestra)
En el seno de la Universidad -concretamente, en la Universidad Autónoma de Madrid- se está iniciando un debate sobre los problemas que comporta una salida a la actual crisis económica, pero no concebida como una salida cualquiera, sino como una salida con equidad social, igualdad de género y respeto ambiental.

La Universidad se siente ante la obligación cívica de tomar la palabra y alzar su voz para hacer frente a la crisis con nuevas ideas de progreso y solidaridad, transformadoras de la adversa realidad presente.

Se entiende que una salida social a la crisis, exige analizarla como un problema que afecta a hombres y mujeres, a la naturaleza y a sus límites, a todos los ámbitos de la vida social (trabajadores, profesionales, estudiantes, a las fuerzas de la cultura y de la ciencia, mayores y jóvenes) y no sólo al ámbito nacional sino también al internacional, concretamente europeo.

Que se hable aquí de salida, no implica queestemos saliendo de la crisis como publicita el gobierno. La crisis tiene todavía ante sí un largo recorrido y afecta a aspectos estructurales de la economía, que deben ser tenidos en cuenta para conseguir una salida social de la misma.

Primero, un aspecto fundamental que ha contribuido al surgimiento de la crisis es la profunda desigualdad en la distribución de la renta, que se manifiesta en una disminución de la participación de los salarios en el ingreso nacional, en un aumento de los beneficios empresariales, en una concentración de la riqueza en una minoría de la población y en un incremento creciente de los niveles de pobreza. La desigualdad deprime el consumo, no asegura la inversión, congela la demanda y colapsa la economía.

Segundo, las medidas de austeridad en el gasto público (los conocidos recortes en educación, sanidad, pensiones, servicios y prestaciones sociales, inversiones), la subida de impuestos sobre el consumo, las privatizaciones de empresas y servicios públicos, el pago de elevados intereses a los acreedores financieros por el servicio de la deuda -que incluye las abundantes ayudas del rescate a la banca privada-, no han servido para controlar significativamente el déficit y la deuda pública (todo lo contrario ésta última está incrementándose), sino que han implicado una enorme socialización de pérdidas del sector privado.

Este endeudamiento público, creado por una acumulación insostenible de deuda privada y por la crisis, junto con la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la precarización del trabajo, la falta de crédito y la ausencia de una expansión significativa de las exportaciones han provocado un retroceso en la economía y una elevación brutal del desempleo que, además, es cada vez de mayor duración y afecta sobremanera a los jóvenes.

Tercero, las especializaciones productivas del modelo económico español, de baja cualificación de la mano de obra, carentes de un significativo componente científico-técnico y de conocimiento, incapacitan al sistema para generar bienes y servicios de elevado valor añadido, someten al país a un proceso permanente de desindustrialización, se ven incapaces de superar los crónicos déficits externos y son incompetentes para satisfacer la demanda interna de la economía española.

Cuarto, dicho modelo económico incluye un sistema energético altamente ineficiente, dependiente de costosas importaciones de combustibles que elevan a su vez el endeudamiento exterior, responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y del cambio climático, beneficiario de fuertes subvenciones con cargo al presupuesto público y de sobreprecios a cargo de los consumidores, que impide que las energías renovables puedan tener un efecto favorable sobre costes y precios.

Quinto, la política de austeridad conlleva también una re-privatización de los servicios a las personas, la redefinición del papel social de la mujer devolviéndola al orden “natural” del hogar, la intensificación del trabajo femenino no remunerado y la explotación del remunerado, la destrucción de los servicios públicos de los que las mujeres de menor renta son usuarias y la desaparición de empleos públicos en los que la presencia femenina es más intensa (educación, sanidad, dependencia, etc.).

Asimismo, estos efectos perjudican a la escolarización de niños y niñas, incrementan la tasa de desempleo femenino (y de subempleo y trabajo a tiempo parcial involuntario), agravan el riesgo de pobreza de las mujeres mayores debido a las menores pensiones y profundizan, en síntesis, la desigualdad de género.

Y sexto, una salida social a la crisis es urgente e implica:

  • la puesta en marcha de una política industrial ambientalmente sostenible centrada en el conocimiento y la innovación, las energías renovables y la diversificación productiva
  • la creación de empleo decente que tienda al pleno empleo, con el apoyo financiero de un Fondo de Desarrollo Europeo respaldado por el Banco Europeo de Inversiones y la emisión de deuda finalista.
  • un acrecentado y solidario presupuesto europeo con ingresos procedentes de impuestos sobre la contaminación y las transacciones financieras.
  • una reforma fiscal asentada en criterios de suficiencia, equidad y progresividad, y que incluya una lucha decidida contra el fraude fiscal y el acuerdo internacional contra los paraísos fiscales y la elusión tributaria de las empresas multinacionales.
  • una auditoría de la deuda para su restructuración efectiva.
  • un Banco Central Europeo que compre deuda directamente a los gobiernos, controlado por el Parlamento y beligerante contra el desempleo.
  • una presencia significativa de la Banca Pública y una supervisión bancaria pública a nivel europeo.
  • la potenciación de un amplio mercado de viviendas en alquiler, la promoción de la vivienda social y la modificación de la Ley Hipotecaria y el Código Civil en congruencia con la norma europea sobre la dación en pago y contra los desahucios.
  • y, por último pero no menos importante, una política de igualdad de género y de creación de servicios públicos.

En definitiva, la Universidad en su conjunto (profesores, estudiantes, personal de administración y servicios) tiene -en mi opinión- el reto de lanzar el debate y, sobre todo, poner sobre la mesa alternativas fundadas -aquí simplemente se sugieren algunas- en un enfoque comprensivo de la complejidad de la crisis, analítico, crítico, basado en la evidencia empírica, del que no esté exento la creatividad, la imaginación y las nuevas ideas que el cambio de época actual requiere.

 

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