Con unos 230.000 alumnos en España que utilizan este método para estudiar grados y máseres, este método ha despertado el malestar entre las comunidades autónomos. Un centro puede tener su sede en una región y captar a alumnos de cualquier parte del mundo sin control ni coto alguno. Tampoco existe una legislación que regules qué se puede estudiar a distancia y qué requiere un profesor cerca para asegurar la calidad.
Ante todo ello, las comunidades autónomas han pedido al Ministerio de Educación que sea más controlador con los centros online. Ahora que Wert prepara un nuevo decreto para la apertura de universidades, las regiones creen que es el momento adecuado, ya que el borrador que han elaborado casi no habla de ello.
Wert es consciente de la preocupación de la comunidades autónomas, quienes aseguran no estar “en contra de estos centros”, pero subrayan que “tiene que cumplir con una serie de requisitos”, según la directora general de Universidades del Gobierno de Asturias (PSOE), Miriam Castro. “Para llevar el rótulo de universidad debe haber exigencias que garanticen que esto no es un mercado de títulos”.
En el mismo sentido, aseguran que las reglas para que se abra un centro de formación a distancia son más laxas que en las universidades tradicionales. Todos los títulos oficiales, sin importar el centro que lo imparta, deben ser abalados por la ANECA. Los centros deben enviar sobre papel el proyecto a la agencia. Seis años después llega el control sobre el terreno. En las presenciales, hay una revisión regional de la oferta, pero no en las online no existe tal revisión, ya que operan en diferentes autonomías con alumnos de todas partes.
¿Cómo se regulan estos centros?
Wert está preparando una ley que regulará la apertura de universidades sustituirá al actual, que data de 1991. En él solo contemplaba la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), creada en 1972. Más tarde llegaría la Universitat Oberta de Catalunya, que es una fundación privada que funciona con fondos de la Generalitat de Cataluña, y otras cuatro privadas: la UDIMA (la universidad a distancia de Madrid), la Internacional de la Rioja (UNIR; con sede física en Logroño), Isabel I de Castilla (Burgos) y la Universidad Internacional Valenciana (VIU).
A pesar de que en pocos años la proliferación de este tipo de centros ha sido llamativa, el borrador de la nueva ley solo se centra en endurecer los requisitos de apertura de los centros presenciales. Entre otras medidas, no obliga a cubrir con los títulos todas las ramas del conocimiento (Humanidades, Ciencias, Tecnología…) como hasta ahora y elimina la necesidad de considerar la demanda por mayor población escolar. La oposición considera que todo esto beneficia a los campus privados.
La única regla que impone a los centros online es que se reduzca el número de profesores. Las presenciales deben tener un docente por cada 25 alumnos. Estos centros, uno por cada 100.
“El ministerio tiene que tener una metodología de trabajo, una visión de conjunto para dar garantía a los alumnos. Sin esto, la traza de garantía se pierde y puede llevar a que el sistema pierda reconocimiento”, señala Francisco Trigueros, secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía (PSOE). También los rectores piden más supervisión: “Los organismos de control deberían revisar más los recursos humanos y garantizar la calidad. La formación online debe pasar los mismos filtros”, añade Arnáez, rector de la pública de la Rioja.
Otra de las medidas que piden es que haya una lista con las titulaciones susceptibles de que sean aprendidas a distancias. La UNED, por ejemplo, no ofrece estudios de Medicina. A principios de 2014, la Academia de Dermatología y Venereología frenó un máster que pretendía ofertar la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), según explica El País.
