Las becas de prácticas universitarias, entre el desconcierto judicial y la desatención política

Muestra de ese desconcierto judicial fue que hace más de un año, casi al mismo tiempo que se conocía que la Universidad Autónoma de Madrid ha sido absuelta de fraude laboral por utilizar para servicios internos a más de 400 becarios externos (de los que 285 resultaron luego codemandados) y a los que además tampoco aportaba formación (motivo por el que fue sancionada con 300.000 euros por la Inspección de Trabajo), la Universidad Carlos III ha sido condenada por utilizar a una becaria para cubrir un puesto de trabajo también interno.

Según la Cadena Ser, Gloria, la denunciante, decidió en el 2016 optar por una "beca de colaboración" de las que ofrecía la Universidad, sin embargo, el trabajo que realizaba era el mismo que sus compañeros funcionarios contratados. Una jueza ha ordenado a la Universidad que sea ingresada de nuevo como trabajadora y no como becaria. La sentencia declara la nulidad del despido y ordena su readmisión como trabajadora con el salario que le corresponde.

Gloria estudiaba Ciencias Políticas y Sociología y estuvo durante dos años trabajando en el Archivo General de la Universidad, en la Biblioteca. "Recibíamos la documentación e información del resto de departamentos de cara a archivarla y almacenarla. La ordenábamos en carpetas, hacíamos cajas de cartón donde almacenábamos toda la documentación y la subíamos a la base de datos interna. Después, bajábamos las cajas al sótano", cuenta Gloria. "La beca no tenía ningún carácter formativo, no tenía relación con mis estudios y el trabajo era el mismo que realizaba el personal funcionario" comentó a la Cadena Ser. 

La universidad, mediante esta fórmula, se ahorra pagar a los trabajadores por una serie de servicios

Entre los requisitos de las prácticas, se exige que sigan un "proyecto formativo" y que se hagan "bajo la supervisión de un tutor". Gloria, por el contrario, no tenía ni proyecto formativo, ni llegó a conocer a su tutora.

"Lo que hacíamos era cubrir puestos de trabajo. La universidad, mediante esta fórmula de falsa beca, se ahorra pagar a los trabajadores por una serie de servicios". Las prácticas de colaboración, según la página web donde se ofertan, son "actividades formativas que, sin formar parte de un Plan de Estudios, los estudiantes pueden realizar voluntariamente durante su período de formación".

El objetivo es, según explican, "completar sus estudios académicos y adquirir competencias que mejoren su empleabilidad y preparación para el ejercicio de actividades profesionales". 

Cuando Gloria cumplió las 1.800 horas durante la beca, el máximo que puede hacer de prácticas, recibió un correo electrónico que decía: "Hola, me comunican desde Administración de Biblioteca que tu fecha fin de prácticas por haber cumplido las 1.800 es el 12 de febrero, ese es el último día. Te envío el documento de memoria que como siempre has de cumplimentar". 

Gloria trabajaba 20 horas a la semana, de 9.00 de la mañana a 13.00 de la tarde, por 326 euros

Tras ese correo, Gloria se puso en contacto con la sección sindical de CNT y decidió demandar a la Universidad. La sentencia, del pasado 8 de julio, le da la razón. "Lo cierto es que no se puede ocultar bajo una pretendida práctica extracurricular una relación laboral encubierta con la que la UC3M se ahorra el salario de un personal laboral o funcionario", argumenta la jueza. "El trabajo que desarrollaba era el propio de los funcionarios o contratados laborales del archivo, un trabajado individual, mecánico, de organización de documentos, sin proyecto formativo, sin actividad formativa y sin supervisión. Era una relación laboral ordinaria y no una beca de formación", continua. 

Según la misma sentencia, la Universidad intentó argumentar que la beca "no era para formar a la demandante ni para contribuir a completar sus estudios de Ciencias Políticas y Sociología, sino para formarla en habilidades generales laborales como el trabajo en equipo o la organización". Gloria trabajaba 20 horas a la semana, de 9.00 de la mañana a 13.00 de la tarde, por 326 euros brutos al mes. Ahora, la jueza determina que, en realidad, le corresponden 877,38 euros mensuales brutos. Casi el triple. 

"Esta victoria es un paso de cara a acabar con la fórmula del becariado que usan muchísimas empresas privadas e instituciones públicas, una fórmula de trabajo precario por el cual tienes a gente trabajando, cobrando una miseria, mientras la empresa privada o, en este caso, la institución pública, se benefician" comenta la jueza. 

El caso de Gloria es bastante común entre las universidades públicas en España, el sindicato CNT lleva años denunciando estas prácticas. En Madrid, ya han conseguido varias sentencias favorables.

Javier Galán es el abogado que llevó el caso de Gloria, pero también el de otros estudiantes de la Universidad Complutense, de la Autónoma o de la de Alcalá de Henares: "Casos como el de un ingeniero industrial que recibía estudiantes Erasmus y gestionaba sus becas; un estudiante de filología que gestionaba el aula de informática o un estudiante de máster de arqueología que llevaba las redes sociales o cubría los actos institucionales". 

Galán lleva años llevando casos similares a estos y asegura que, a lo largo del tiempo, solo se ven "cambios estéticos y formales en las Universidades". "Han ido aprendiendo de las distintas sentencias que han venido sufriendo. No para intentar cumplir, si no para seguir teniendo a trabajadores precarios bajo la excusa de una beca".  

Los becarios que demandan, minoría o perdidos

Aunque hay sentencias favorables que condenan a las universidades a pagar una indemnización o a readmitir a una persona, los becarios que demandan son la minoría. "Las universidades utilizan fraudulentamente las becas por una razón muy sencilla, porque ahorran mucho dinero. Cubren puestos de trabajo por un tercio del sueldo que les costaría en caso de contratación de personal laboral y a cambio tienen trabajadores precarios". 

a semana pasada se celebró el juicio contra la Universidad Autónoma de Madrid. La Inspección de Trabajo acusaba a la Universidad de utilizar a 284 becarios como empleados y exigía que pagara sus cuotas a la seguridad social. "Es un caso importante por el alto número de becarios o trabajadores afectados y también porque es de las primeras veces en las que no son los becarios los que demandan, si no que es la Inspección de Trabajo la que impulsa el procedimiento al entender que existe un fraude en la contratación". El viernes la sentencia dio la razón a la Universidad. 

El Gobierno aplazó el fin de los abusos a la nueva legislatura

El Gobierno renunció a finales de marzo pasado a intentar acabar con los abusos laborales a los becarios por la vía del decreto, aplazando este asunto hasta la próxima legislatura, según comunicó el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, a los diputados de Unidos Podemos Segundo González y Nagua Alba. La Moncloa también dejó entonces en el aire as cotizaciones de las becas de prácticas universitarias a la Seguridad Social,  introducida en el decreto de actualización de las pensiones sin precisar si debe hacerse cargo de las cotizaciones la universidad o la empresa, por lo que a principios de año se anuncio que Universidades, centros de FP y empresas deberían negociar cómo cotizar 51 euros por cada becario, tarea iniciada a principios de febrero antes de que a finales de marzo antes del citado aplazamiento

En una carta remitida a los diputados de Unidos Podemos, se renunció efectivamente a incluir este asunto en los decretos, alegando tras consultar a los servicios jurídicos del Ministerio de Educación que la reforma de la actual situación de los becarios según informó en PÚBLICO Alexis Romero no cumple con los criterios de urgencia y extraordinaria necesidad que recoge la Constitución para poder presentar un decreto."Aun compartiendo buena parte de dichas medidas, la actual coyuntura política y la necesidad de convalidación de los decretos por la Diputación Permanente del Congreso, hace que, obligatoriamente, tengamos que ser muy restrictivos con este tipo de acciones legales y tramitar solo aquellas que tengan una clara necesidad de urgencia o que conciten el más amplio consenso y siguiendo lo que así indica el artículo 86 de la Constitución Española de 1978",decía la carta.

Desde Unidos Podemos se había propuesto una serie de medidas, que desde el grupo consideraban "de mínimos" para revertir las situaciones "más urgentes" de los estudiantes en prácticas. Estas reformas habían sido tomadas de la proposición de ley reguladora de las prácticas académicas externas presentada por el grupo y admitida por el Congreso en noviembre de 2017.

Esta norma estaba bloqueada por el PP y Ciudadanos en la Mesa de la Cámara, por lo que ni siquiera había podido comenzar su tramitación. Entre las medidas planteadas al Gobierno estaba la de reconocer a las universidades como las únicas entidades autorizadas para coordinar la oferta de prácticas. El objetivo era acabar con las ofertas de becas de otras entidades que, de facto, ofrecen puestos de trabajo con peores condiciones, menos remunerados o que, directamente, no ofrecen remuneración.

Otra de las reformas que estuvo presente en las negociaciones entre Podemos y el Gobierno es la limitación del número de becarios por empresa. En su iniciativa el grupo confederal proponía unas ratios que establecen cuántos estudiantes en prácticas puede haber por cada grupo de trabajadores. Si la empresa tiene entre 1 y 10 trabajadores, podrán disponer de 1 becario; si trabajan entre 11 y 30 personas, podrá haber 2 estudiantes; las empresas que tengan en plantilla entre 31 y 59 empleados, podrán tener a un máximo de 3 personas en prácticas; mientras que si hay más de 60 trabajadores, el número de becarios no podrá superar al 5% de la plantilla.

Desde Podemos también se plantearon cuestiones como la necesidad de limitar el número de estudiantes en prácticas por tutor académico, que las labores desempañadas en las prácticas se ciñan estrictamente a los estudios cursados o la posibilidad de incluir un mínimo de remuneración. En su proposición de ley, el grupo establecía que el estudiante en prácticas debe tener derecho a una retribución mensual, cuya cuantía no podrá ser inferior al Salario Mínimo vigentecalculado en proporción a la duración horaria de las prácticas.

El secretario general de Universidades emplaza a los diputados de Unidos Podemos a abordar estas reformas en la próxima legislatura, después de las elecciones del 28 de abril, y por los procedimientos ordinarios que se pueden llevar a cabo en el Congreso. "Entendemos que será más adecuada una tramitación ordinaria de este tipo de propuestas, en sede parlamentaria, para garantizar el debate y el consenso de todas las fuerzas políticas", escribe.