Quienes carecen de una alimentación adecuada, de educación o de asistencia sanitaria aceptable, a menudo tampoco tienen acceso a servicios financieros. Estos últimos pueden parecer una nimiedad en comparación con otras privaciones, pero son, a menudo, un paso para paliarlas. El Banco Mundial calcula que hay 2.500 millones de personas en esta situación, el 75% de los pobres del planeta. Siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de las Naciones Unidas para 2030, contemplan la inclusión como requisito para su cumplimiento y los países en desarrollo comienzan a tenerla como una de sus prioridades.
Colombia y Perú son, por este orden los dos que más facilidades ponen para la inclusión financiera en una clasificación de 55 países de América Latina, Asia y África, que cierra Sierra Leona (ver mapa arriba). Es el Microscopio 2018 que realiza The Economist con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentado el pasado martes en el Foromic, que se está celebrando esta semana en Barranquilla (Colombia).
Contar con una cuenta bancaria es inclusión financiera, pero el concepto es más amplio. Las sucursales y las entidades tradicionales no llegan a todos los lugares donde necesitan sus servicios y están proliferando cada vez con más fuerza alternativas tecnológicas, como monederos digitales, que permiten realizar pagos electrónicos con el teléfono móvil; u otras más tradicionales, que consisten en agentes que facilitan la apertura de cuentas simplificadas con requisitos mínimos. Las tiendas de conveniencia, con las que cuentan hasta los municipios más remotos, están tomando el relevo como proveedores de servicios financieros.
Una fortaleza común entre los países mejor clasificados es la facilidad con la que los clientes pueden acceder a una variedad de productos y puntos de venta financieros
Hacer transacciones remotas, ahorrar, pedir créditos para mejorar las condiciones de vida o comenzar un emprendimiento están vedadas a esas 2.500 millones de personas en el mundo que están fuera del sistema. Lo que hace el Microscopio de inclusión financiera desde hace 12 años es analizar cómo las regulaciones de los países fomentan las condiciones para que sus ciudadanos accedan a estos servicios.
Para hacer la clasificación se establecen puntuaciones que valoran 25 aspectos que pueden ayudar a la inclusión financiera. Van desde las políticas públicas al apoyo del gobierno, la capacidad de prevenir el fraude o la conectividad, algo cada vez más importante en un ecosistema en el que el móvil se está convirtiendo en una importante herramienta para acceder al sistema.
Mónica Ballesteros, una de las responsables del estudio, pone un ejemplo de cómo un país puede fomentar o dificultar la inclusión: “Hay países que solamente permiten operar y hacer transacciones mediante bancos [algo que sucede en 16 de los 55 países analizados]. Esto dificulta la adopción de monederos electrónicos. Otros, por el contrario, permiten que las empresas que los usan puedan operar con muchos menos requisitos legales que, por ejemplo, una entidad crediticia. Para entrar en el sistema financiero no hay que acceder a un banco clásico con todas las capacidades”.
Una de las claves para incluir a los más desfavorecidos en el sistema es la flexibilidad. Para quienes viven en situaciones vulnerables es complicado, incluso intimidante, acudir a un banco y cumplir con los requisitos para una cuenta tradicional. “Una fortaleza común entre los países mejor clasificados es la facilidad con la que los clientes pueden acceder a una variedad de productos y puntos de venta financieros. Los clientes no enfrentan requisitos desproporcionados para abrir cuentas bancarias ni de dinero electrónico en ninguno de los cinco principales países, y la apertura remota de cuentas solo está limitada en Colombia, donde los clientes deben visitar un banco para completar el proceso de apertura de cuentas”, reza el informe
legal del Gobierno tras el caos en el Supremo debía ser algo sencillo. El texto iba a dejar claro que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD), unos 3.500 euros de media por hipoteca, lo tenía que pagar la banca. "Democracia es también que no paguen siempre los mismos", ha declarado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ese impuesto, establecido en 1994 y cedido a las comunidades autónomas, recauda unos 2.000 millones que hasta ahora pagaba el cliente al suscribir una hipoteca. La redacción era confusa y el Supremo anuló el artículo que lo regulaba dejando en el aire quién debía pagarlo en la constitución de nuevas hipotecas en medio de un fenomenal caos.
La exención estaba pensada para los préstamos pedidos pero la redacción tan laxa -"por cualquiera de los conceptos"- hace que se beneficien ahora
La reforma del Gobierno, mediante un decreto ley para salvar la situación, establece que "cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista". Así que los bancos tienen que pagar el IAJDsalvo en casos en los que concedan hipotecas a partidos políticos, iglesia o fundaciones y otras entidades con ventajas fiscales.
Pero el texto deja un agujero. Las cajas rurales son cooperativas de crédito, como también lo son la Caja Laboral o la Caja de Ingenieros, la cooperativa que concedió, por ejemplo, la hipoteca a Pablo Iglesias e Irene Montero para su chalé en Galapagar. Estas son "cooperativas protegidas" y desde 1990 tienen una ley que les da ciertas exenciones fiscales. "Las cooperativas protegidas disfrutarán de los siguientes beneficios fiscales: en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, exención, por cualquiera de los conceptos que puedan ser de aplicación".
La exención estaba pensada para que estas entidades no pagaran el impuesto al pedir una hipoteca. Pero la redacción es tan amplia -"por cualquiera de los conceptos que puedan ser de aplicación"- que, seǵun fuentes conocedoras de la aprobación del decreto ley, les permite mantener la salvedad cuando sean tambień prestamistas. Esta es la interpretación que hacen fuentes de bufetes de la banca y conocedoras de la tramitación. Incluso si hay quien interpreta que no les afecta y que la exención es solo para préstamos que pidan, la situación es probable que acabe en manos de los tribunales cuando el Gobierno lo que pretendía era clarificar el panorama.
El resultado es que los bancos deberán pagar el impuesto -y probablemente repercutirlo con peores condiciones para los hipotecados- mientras que las cajas rurales y las cooperativas no se verán en principio afectadas. Las cajas rurales suponen un 5% del mercado de las hipotecas, según fuentes del sector. El decreto ley sí deroga cualquier norma anterior contradictoria pero no lo es que haya una exención fiscal para determinados prestamistas.
El decreto ley del Gobierno, publicado el viernes en el 'Boletín Oficial del Estado' y en vigor desde el sábado, no previó esa particularidad. El texto se puede enmendar durante la tramitación parlamentaria si se tramita luego como ley -algo que previsiblemente ocurrirá-. Pero, como en el caso de la exhumación de Franco, los plazos se demoran y complican el arreglo porque el grupo socialista no tiene mayoría en el Congreso y sus socios pueden pedir contrapartidas a cambio de aprobarlo.
Las dudas de la reforma hipotecaria: prohibir las deducciones a bancos es inconstitucional
Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos e inspector de Hacienda, preguntado por el desajuste descubierto por este diario, opina que el resultado es "absolutamente sorprendente": "Esto es lo que pasa cuando se legisla en 24 horas y por esas razones va a haber que tramitar esto como un proyecto de ley porque tiene evidentes fallos. No solo hay dudas de inconstitucionalidad por hacerlo como decreto ley, por la deducibilidad de los impuestos y por último que estos términos es una ayuda de Estado a las cooperativas de crédito y además puede afectar a la recaudación".
En las cajas rurales cundió la sorpresa el viernes. "Estamos analizando el decreto ley pero parece que no nos afecta lo de pagar el IAJD", explicó el director general de una pequeña caja. "Creemos que no nos afecta, porque estamos exentos de ese impuesto, pero es un sinsentido. No creo que el Gobierno quiera eso", señaló un directivo de otra importante caja rural. Ninguno se atrevió a dar por cerrado que vayan a tener esa ventaja competitiva. Si el resto de bancos encarece sus hipotecas para repercutir este impuesto, las cooperativas de crédito van a ver cómo se les abre el negocio pero temen que el Parlamento acabe cambiando el texto o el Gobierno la interpretación.
En muchas zonas de España las cajas rurales tienen un mercado muy minoritario pero en otras son relevantes. Cajamar, por ejemplo, es líder en Almería. Una persona que ha sido durante años asesor jurídico en las cajas rurales explica la confusión: "El Gobierno y el Banco de España han dejado de lado durante años a las cooperativas de crédito porque han sido muy conservadoras y no les afectó tanto la crisis". Si querían implantar una agresiva política comercial de hipotecas este es su momento.
