viernes,20 mayo 2022
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Las falsas premisas del Estado catalán (II). El nacionalismo promete un paraíso que no existe

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La segunda de las premisas de la que parte el nacionalismo, que una Cataluña independiente solucionaría sus problemas económicos, también es falsa. Esto equivale a decir que España es una rémora para el desarrollo catalán y que le impide ser uno de los Estados más ricos de Europa. En este extremo, la estrategia nacionalista pasa por el establecimiento de un presupuesto sólido y por pactar con los principales países mundiales y destacadamente con los de la UE, un rápido reconocimiento de Cataluña como Estado independiente.

El presupuesto para el futuro Estado Catalán ha sido elaborado por el Cercle Catalàn de Negoces. Lleva por el título de El Pressupost de l’Estat Català y toma como base el ejercicio de 2012 (como comunidad autónoma) y partir del mismo se hace una proyección, ya como Estado independiente, para los ejercicios 2013 a 2017. En esta simulación, se presume que, en 2013, Cataluña habría recuperado la totalidad de los tributos hoy en poder de España y, naturalmente, se haría cargo de la totalidad de los gastos públicos. El escenario que se expone en el documento presupuestario para el nuevo Estado catalán, no puede ser más prometedor. Sus principales características las voy a agrupar en las siguientes cuatro categorías:

Fuerte crecimiento económico. A partir del 2016, se prevé que el PIB de Cataluña se incremente anualmente entre el 4 y 5%, una tasa muy superior a la media de la UE y de la OCDE, que sitúa entre 0,9 y 2,2%. Un crecimiento de este tipo permitiría la creación de mucho empleo y la reducción drástica del paro; sobre lo primero no ofrece previsiones pero en lo relativo al paro, indica que en cinco o seis años se reduciría a la mitad (pasaría de los actuales 822 mil parados a poco más de 400 mil). Ello sería posible por el fuerte crecimiento previsto, por la progresiva reducción del déficit presupuestario, por el incremento de las inversiones en infraestructuras, territorio y sostenibilidad (de 1.563 millones de euros en 2013, se pasa a 3.105 en 2017) y por el incremento de funcionarios (hasta situarlo en una cota por cada 1.000 habitantes similar a los pequeños y ricos países europeos).

– Un presupuesto sólido y saneado. En estas condiciones de intenso crecimiento económico, el presupuesto de Cataluña pasaría de los 29.727 millones que tiene en 2012 como Comunidad a 67.393, en 2013 y a 76.062 en 2017, ya como Estado independiente. Esto es, en solo cinco años el presupuesto se multiplicaría por 2,6 veces gracias al fuerte crecimiento del PIB y a que todos los tributos serían recaudados por la hacienda catalana. Se produciría un fuerte incremento en la recaudación por impuestos directos, en particular en IRPF, cuotas de la seguridad social y sociedades; y también en los indirectos, señaladamente en IVA e impuestos especiales.

                Por lo que respecta al déficit y endeudamiento público de Cataluña, se prevé, en cuanto al primero, que sería del 3,7% del PIB en 2013, se incrementaría hasta el 5,4% en 2014 y a partir de ahí se iría reduciendo hasta lograr el 2,7% del PIB en 2017 (y 1,4% en 2018); es decir, en 2017, Cataluña ya cumpliría en este extremo con lo estipulado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE. Y por lo que respecta al endeudamiento público, el estudio lo sitúa en el 75,3% del PIB catalán en 2013, incrementándose hasta el 81 % en 2015 en que iniciaría un decrecimiento hasta al 78,7% en 2017 (y del 75,8% en 2018); si bien Cataluña no cumpliría con lo previsto por el PEC, si se situaría por debajo de la media comunitaria.

Como resultado de la favorable situación económica y presupuestaria, de la eliminación del expolio fiscal español y de la acción de la Agencia Tributaria catalana en persecución del fraude fiscal y de la economía sumergida, el Estado Catalán podriría reducir los actuales tipos impositivos con el fin de favorecer el consumo privado y la competitividad empresarial. A tal efecto, se estima que, entre 2013 y 2016, se podrían disminuir en un 10% los tipos impositivos del IRPF, del de sociedades y las cotizaciones de los empresarios, asalariados y autónomos a la seguridad social.

– Reducido efecto de un posible boicot comercial de España. El informe admite que es previsible que, por parte de España, pudiera producirse un cierto boicot comercial a determinados productos catalanes. En todo caso, dicho boicot sería pasajero y poco importante: elevado en el primer año, moderado en el segundo y residual en el tercero y posteriores. Para paliar sus efectos, se prevé una partida de  1.750 millones de euros en el presupuesto de gastos, a razón de 1.000, 500 y 250 millones de euros para los tres años de su duración.

– Un Estado catalán rico y solidario. Es evidente que con una situación como la expuesta, el Estado Catalán será rico, situándose entre los pequeños y desarrollados Estados europeos. Ello le permitirá pagar sin problemas las pensiones de sus ciudadanos (cuyo coste se situará en el entorno de los 23 mil millones de euros anuales), prestaciones por desempleo (de unos 7 mil millones de euros anuales, con tendencia a la baja por la disminución del desempleo), la defensa (1.176 millones de euros anuales), asuntos exteriores  (de 313 millones de euros en 2013, pasa a 540 en 2017) y la contribución a la Unión Europea, que se prevé en una cantidad fija de 2.127 millones de euros anuales (de los cuales y a través del presupuesto de la UE -vía fondos estructurales y otros-, retornarían a España 1.475 millones).

El esplendor económico del nuevo Estado catalán seria rápidamente apreciado por las agencias internacionales de calificación que le otorgarían su máximo grado: (entre AA/AAA, en las ratios de las agencias S&P y Fitch, según el trabajo que comentamos) situándola entre los primeros quince países más solventes del mundo, con una prima de riesgo (respecto al bono alemán a 10 años) de solo 140. España, por el contrario, continuaría relegada –y por añadidura intervenida- en su baja calificación de BBB y con una prima de riesgo de 517.

Frente a este idílico paraíso que dibuja el estudio del Círculo Catalán de Negocios para una Cataluña independiente, la situación real es muy otra: su actual crecimiento es prácticamente nulo y así es previsible que continúe en el corto plazo (digamos en los próximos cinco años), el paro superaba los 820 mil personas a mediados de 2012 y la deuda pública autonómica es asfixiante: hasta el extremo que, al  carecer de fuentes alternativas de financiación, Cataluña se ha visto obliga a solicitar, como bastantes otras comunidades autónomas, su rescate por el Estado a través del recién creado Fondo de Liquidez Autonómico.

La metodología utilizada en la estimación del Presupuesto del Estado Catalán por parte del Círculo, incurre en los mismos sesgos que la seguida por la Generalitat en las balanzas fiscales: escaso rigor. Adicionalmente, al basar dicho presupuesto en la continuidad de Cataluña en la Unión sin prever escenarios alternativos, todo este artificio se desmorona irremediablemente. Las principales objeciones que se le puede hacer a este trabajo, son las siguientes:

Sobrevalora los ingresos y minusvalora los gastos. En las estimaciones realizadas y según convenga a los intereses catalanes en cada caso, se utiliza el ratio de de PIB de Cataluña sobre España, el de población y o el de la media de ambos.

– Crea un Estado prácticamente sin costes. Así a la rúbrica “Unión Europea, Asuntos exteriores e Inmigración” se presupuesta en 3.696 millones de euros en 2013 aumentando hasta 3.923 en 2017. Si se tiene en cuenta que aproximadamente un 55% de esta cantidad se destina a contribuciones de Cataluña al presupuesto de la UE, con el resto es altamente improbable que se pueda atender con un mínimo de eficacia los otros compromisos que entraña el funcionamiento de un Estado, tales como la defensa, fronteras, relaciones internacionales, etc.

– Subestima la deuda pública. El documento que comentamos del Círculo Catalán de Negocios, no menciona ni una sola vez la deuda generada por Cataluña como comunidad autónoma que, a mediados de 2012, se situaba en 44 mil millones de euros a la que hay que añadir la que también ha generado la maraña de empresas públicas creadas que en dicha fecha era de 6,4 miles de millones. No obstante, implícitamente si la tiene en cuenta al estimar la deuda total inicial que correspondería a Cataluña. Dicha deuda ascendería a 149.368 millones de euros en 2013 (75,3% del PIB), iría creciendo hasta situarse en los 181.108 en 2017 (78,7% del PIB) (y 183.724 en 2018, 75,8 del PIB). Aunque la deuda total continuaría incrementándose anualmente sobre la inicial de 2012 (que es la misma con la que comenzaría a operar a partir de 2013), su proporción sobre el PIB catalán descendería a partir de 2016 habida cuenta de los importantes incrementos que prevé para este último.

Pero lo que ocurre en realidad es que en este, como en otras tantas estimaciones que realiza el documento presupuestario del Círculo, las cuentas no están bien hechas. A junio de 2012, la deuda pública generada por Comunidad de Cataluña ascendía a 43.954 millones de euros y la que le correspondería del Estado, según mis propios cálculos, serian de otros 142.243,6 (según el ratio de PIB de Cataluña sobre España) o bien 121.705,8, utilizando el de población; cantidades ambas bastante alejadas de la prevista por dicho documento que sitúa dicha herencia en 97 mil millones. De manera que la deuda pública total inicial de Cataluña se situaría, en la fecha de referencia, entre 186.197,6 millones de euros (hipótesis máxima) y 165.659,8 (hipótesis mínima) en lugar de los ya mencionados 149.368 millones que refleja el referido documento.

El trabajo del Círculo Catalán no hace referencia alguna a la deuda privada catalana que, si bien no corresponde propiamente al presupuesto público, no deja de ser también deuda. En tiempos de crisis como los actuales, es práctica cotidiana que, por el principio de socialización de pérdidas, una parte creciente de dicha deuda se vaya convirtiendo en pública. La deuda privada correspondiente a Cataluña (utilizando el ratio de PIB) era, a mediados de 2012, de 389.280,4 millones de euros; de ellos, 226.405,8 correspondían a empresas no financieras y 162.874,6 a las familias.

– Ignora la gravedad de las repercusiones económicas. En este punto sigo el trabajo realizado por Convivencia Cívica de Cataluña, bajo el título de Las cuentas claras de Cataluña. Las principales conclusiones a las que llega pueden resumirse en las siguientes:

En primer lugar, una separación de Cataluña del resto de España implicaría una disminución de su PIB en 42.266 millones de euros, que se desglosa así: 12.155, por disminución del saldo comercial; 13.632, por deslocalización de empresas y 16.478 por la contracción de la demanda interna (consumo e inversión). Esto significaría una caída del PIB de Cataluña en un 20,5% respecto del que tenía en 2010.

                En segundo lugar, todo Estado implica la creación de un efecto frontera, incluso -aunque mitigado- dentro de la UE y máxime si no se pertenece a la misma (moneda propia, barreras arancelarias y no arancelarias y otras normas que afectan al comercio). El efecto frontera sería muy negativo para los intereses catalanes. Está ampliamente comprobado que las fronteras nacionales afectan a todo tipo de comercio y señaladamente al de bienes: favoreciéndolo cuando no existen y obstaculizándolo en caso contrario. Los ejemplos que existen a escala internacional, demuestran que la separación política de un territorio y la consiguiente aparición de nuevas fronteras, originan una caída del comercio bilateral entre los nuevos Estados que oscila entre un tercio y dos tercios sobre el que existía cuando estaban unidos. A este respecto baste citar los casos de las viejas repúblicas de la exYugoeslavia, de Checoslovaquia o de las repúblicas de la antigua URSS.

En 2010, el saldo comercial en bienes de Cataluña con el resto de España, fue positivo en 21.937 millones de euros, lo que repercutió en una mejora de su PIB equivalente a un 10,5% (el que obtuvo con el resto del mundo fue negativo). En el trabajo de Convivencia Cívica puede leerse que: “En el año 2010 las ventas exteriores de las empresas catalanas fuera de Cataluña sumaron 130.629 millones de euros. De ellas, más de la mitad, 66.304 millones de euros fueron compras del resto de España mientras el resto, 64.325 millones de euros, procedieron del resto de países del mundo. De los 15 principales mercados donde venden las empresas catalanas, 10 son comunidades autónomas españolas. Por citar sólo algunos ejemplos, Cataluña vende más a Murcia que a Estados Unidos de la misma manera que vende más a Aragón que a Alemania”. En una hipotética independencia de Cataluña, en el supuesto que las empresas catalanas vendieran en el resto de España lo mismo que actualmente venden a Francia (su otra frontera), sus ingresos se desplomarían en unos 40.000 millones de euros anuales. Los sectores más directamente afectados por el efecto frontera con España serían –señala este Informe- los de la industria agroalimentaria, la textil, la química y la metalúrgica con una reacción en cadena que se iría transmitiendo a los demás sectores, incluido el público. Esto, unido a la probable deslocalización de grandes empresas, pondría en peligro a 1 de cada 6 empleos actualmente existentes Cataluña (solo con la deslocalización SEAT se perderían unos 40.000 empleos directos e indirectos).

En tercer lugar, la deshonestidad política del nacionalismo. Los partidos nacionalistas catalanes transmiten a la sociedad datos sesgados e inflados sobre el déficit fiscal de Cataluña con el resto de España; repetida esta información de forma machacona, como se hace constantemente en todo tipo de medios, acaban influyendo sobre la población  y de manera determinante a la hora de emitir el voto. La cantidad de 16.409 millones de euros de déficit fiscal de Cataluña en el año 2009, se ha obtenido mediante artificios contables que tratan de enmascarar la drástica caída de impuestos pagados en Cataluña por efectos de la crisis económica. De las cuentas elaboradas por Convivencia Cívica, se desprende que para dicho año lo que realmente hubo fue un superávit de 4.015 millones de euros favorable a Cataluña.

En cuarto y último lugar, la independencia generaría costes económicos difícilmente evaluables pero que sí son muy importantes. Entre ellos están la incertidumbre política que se generaría; las tensiones sociales de todo tipo que surgirían y de manera particular entre la comunidad nacionalista y no nacionalista; la desconfianza que se originaria en los mercados internacionales con la introducción de una nueva moneda, que provocaría la deslocalización de las grandes empresas instaladas en Cataluña que huirían a otros lugares (ya lo han anunciado el Grupo Planeta, SEAT y Volkswagen-Audi España) y la fuga de capitales buscando refugios más seguros; etc.

En fin, y como conclusión final y general, una Cataluña al margen de la UE, con moneda y fronteras propias, con estancamiento económico y con un paro y una deuda pública y privada insoportables, tendría considerables dificultades económicas para constituirse en Estado independiente. Su presupuesto inicial, que en las actuales circunstancias de crisis le impediría acudir a los mercados financieros internacionales, no podría superar los 48.000 millones de euros; es decir, un 28% inferior al previsto por el presupuesto estimado por el Círculo Catalán para 2013.

 

 

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