La información que las empresas del IBEX35 publican sobre cómo hacen frente a la lucha contra la corrupción se considera anecdótica (una valoración global de 0,62 sobre 4), según el estudio “La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35. Análisis de la calidad de la información en el ejercicio 2016.
En la última década, la lucha contra la corrupción ha adquirido importancia como una de las cuestiones más relevantes en términos de responsabilidad social empresarial al lado de los derechos humanos, la protección medioambiental, los derechos laborales y otros asuntos de relevancia social. Puesto que son diversos los factores que pueden ser generadores de riesgos de corrupción en el sector privado, las empresas, además de contar con compromisos y políticas, deben contar con procedimientos específicos para gestionarlos adecuadamente e informar de manera transparente sobre los mismos. El estudio del Observatorio de RSC pone de relieve que las empresas del IBEX 35 pese a que cuentan con compromisos y políticas en materia de lucha contra la corrupción, no aportan información sobre procedimientos de gestión de los riesgos de corrupción a los que se enfrentan en su ámbito de actividad.
Aspectos relacionados con las interferencias con el ámbito político (gestión de la actividad de lobby, financiación a partidos políticos, puertas giratorias), la independencia de los consejeros y de la auditoria legal, los canales de denuncia y las operaciones en paraísos y nichos fiscales, entre otros, son vías útiles de lucha contra la corrupción en el sector privado pero al mismo tiempo pueden ser factores de riesgos que deben ser gestionados.
La independencia de los consejeros, en el punto de mira
Pese a que su función es proteger a los accionistas minoritarios y a otros terceros externos de la compañía y deben ser un mecanismo de control efectivo de posibles conductas fraudulentas por parte de los ejecutivos y accionistas de control, en la mayoría de las empresas es difícil determinar su verdadera condición de independientes.
- 16 de las empresas del IBEX 35 no tienen mayoría de independientes en el consejo.
- Ninguna empresa contempla que la elección del consejero independiente deba contar con el acuerdo de los accionistas minoritarios representados en la Junta General de Accionistas.
- Solamente tres de las empresas cuentan con al menos un consejero independiente procedente de ámbitos ajenos al mundo de la empresa y con amplios conocimientos y experiencia en integridad corporativa.
- Solo Indra establece una duración del cargo por debajo de los 12 años, límite que establece la Ley de Sociedades de Capital.
- La remuneración media de los consejeros independientes de 6 empresas superó la media anual del IBEX 35 en el ejercicio 2016, que fue de 175.000 euros: Inditex (230.000 euros), Endesa (246.000€), Banco Santander (271.890€), BBVA (295.880€), Repsol (319.500€) e Iberdrola (343.180€).
Lobby, financiación de partidos y puertas giratorias, constantes interferencias
La actividad de lobby conlleva una serie de riesgos de corrupción asociados, del mismo modo que ocurre con la financiación de partidos políticos o con las puertas giratorias, pueden ser mecanismos empleados para obtener regulaciones favorables en una determinada materia. Ninguna de las empresas del IBEX 35 informa de manera clara sobre cómo gestiona estas cuestiones en todos los países en los que mantiene actividad. Además:
- 21 de las empresas del IBEX 35 contaban con consejeros en los consejos de administración durante el ejercicio 2016 que habían ocupado cargos de responsabilidad política en los diez años antes de su nombramiento. 17 de ellos independientes.
- Pese a que 27 empresas del IBEX 35 informan sobre su posición en relación a las aportaciones a partidos políticos, solo 2 (Acciona y Red Eléctrica) lo hacen extensivo a sus fundaciones dependientes y a candidatos.
- Solamente 2 empresas (Abertis y Enagás) informan sobre un sistema interno de gestión de su actividad de lobby.
Paraísos y nichos fiscales, el elemento necesario en muchas tramas de corrupción
Hay una estrecha relación entre la operativa a través de paraísos fiscales y las actividades ilícitas derivadas de prácticas corruptas o malas prácticas mercantiles. El 75% de los casos de corrupción a nivel internacional se produce a través de empresas registradas en paraísos fiscales. En global, el número de filiales en paraísos y nichos fiscales de las empresas del IBEX 35 se mantiene y apenas avanza la información sobre la actividad desarrollada o sobre el impuesto de sociedades pagado en estos territorios.
- Se han identificado 380 sociedades domiciliadas en paraísos y nichos fiscales en el ejercicio 2016. De las cuales, 1.099 sociedades son de tipo financiero o ha sido imposible identificar una actividad de tipo productivo y/o comercial.
- Delaware, un año más, sigue siendo el nicho fiscal más utilizado con 515 filiales, un 37% del total. Le siguen Holanda, Irlanda, Luxemburgo, y Hong Kong.
- 4 empresas destacan por ser las que mayor presencia tienen en paraísos y nichos fiscales. Banco Santander (349), ACS (197), ArcelorMittal (128) y Repsol (97).
Independencia de la auditoría legal
La labor de las auditoras ha sido ampliamente cuestionada tras los fallos en la detección de problemas y de agujeros contables en las cuentas de algunas empresas. Por ello es relevante que las empresas informen cómo garantizan la independencia de la auditora. Los aspectos que generan mayores riesgos para la independencia tienen que ver con la duración de la relación, el proceso de selección o los ingresos por servicios distintos a la auditoria legal.
- 5 empresas llevaban trabajando más de 10 años con la misma empresa de auditoría: Banco Popular(35 años), Banco Sabadell (34 años), Técnicas Reunidas (28 años), Gas Natural Fenosa (26 años) y DIA (25 años).
- Ninguna de las 35 empresas prohíbe la contratación de otros servicios diferentes a los de auditoría legal con la misma empresa auditora. Sin embargo Telefónica es la única empresa del IBEX 35 que, a pesar de no prohibirlo expresamente, si lo hace en la práctica.
- En 2 empresas la facturación de la empresa auditora por servicios distintos a la auditoría legal superaron el 50% del total facturado. Acciona (59%) y Aena (51%). Además casi en un tercio de las empresas del IBEX 35, los ingresos por servicios distintos de la auditoría legal suponen más del 40% de la facturación total.
- Solo 4 empresas de las 35 (Enagás, Iberdrola, Merlin Properties y Telefónica), aportan información detallada de los servicios contratados, es decir, conceptos e importes.
La organización ha contabilizado hasta 1.380 filiales españolas de compañías del Ibex 35 en estas jurisdicciones: 87 de ellas se encuentran ubicadas en paraísos fiscales de acuerdo con la normativa española y la OCDE y 1.293 en "territorios con baja tributación para no residentes y que en algunos casos son denominados paraísos pero que en cualquier caso son considerados nichos fiscales" por tener estatutos singulares de imposición y regímenes fiscales preferenciales o de privilegio, según detalla el documento.
El número de filiales en estas jurisdicciones se ha incrementado un 7,5% respecto al año anterior. En cifras absolutas el aumento es de 96. Además, el 80% de ellas, un total de 1.099, o tienen carácter financiero u ofrecen dudas sobre si su ubicación responde a razones vinculadas con la producción o acción comercial de la empresa. En las otras 281, las empresas sí las utilizan para realizar en el territorio en cuestión alguna actividad de tipo productivo o comercial, si bien esa circunstancia "no elimina el riesgo de elusión fiscal".
Prácticamente un tercio de las 1.380 filiales contabilizadas en el informe, 420, pertenecen a los siete bancos que cotizan en el Ibex 35. Banco Santander es la entidad que mantiene más sociedades radicadas en territorios considerados como paraísos o nichos fiscales, un total de 349, el 25% del total. El banco que dirige Ana Botín figuró en 2016 entre los principales actores de los Panama Papers y los Bahamas Leaks por haber ejercido de intermediario en la creación de sociedades en territorios offshore.
En ambas filtraciones también resultaron señalados por haber operado de manera similar el BBVA, que cuenta con 53 filiales en jurisdicciones con baja fiscalidad u opacidad financiera, y Banco Sabadell, que cuenta con nueve. Además, el informe de la ONG Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa documenta que Bankia tiene otras cinco; Bankinter, dos; y Banco Popular y Caixabank, una cada uno.
En el cómputo global, por debajo de Banco Santander, la segunda compañía del Ibex 35 con más presencia en paraísos o nichos fiscales es la constructora ACS, que cuenta con 197. Le sigue la siderúrgica ArcelorMittal, con 128; la petrolera Repsol, con 97; y la textil Inditex, con 69. Por territorios, las jurisdicciones offshore más utilizadas por las empresas del principal índice bursátil son Delaware (EEUU), donde se ubican el 37,3% del total; Holanda, con el 12,5%; e Irlanda, con el 7,5%. Les siguen Luxemburgo (5,7%), Hong Kong (3,5%), Panamá (2,8%), Puerto Rico (2,7%), Suiza (2,5%), Singapur (2,5%), Uruguay (2,2%) e Islas Caimán (1,2%).
Pese a que la inmensa mayoría de las empresas analizadas no declara expresamente su presencia en estos territorios, la organización ha conseguido estos datos analizando el domicilio social de las compañías dependientes que conforman el perímetro de consolidación y de las que las compañías informan en sus anexos de las cuentas anuales. Esta es una información relevante dado que el 75% de los casos de corrupción a nivel internacional se produce a través de empresas registradas en paraísos fiscales.
El informe aclara que la definición de paraíso fiscal utilizada es más amplia que la que utiliza el Gobierno español porque se completa con la visión "más amplia y real" que ofrecen otras fuentes especializadas como el informe Hamon que publicó el Parlamento Europeo en 2009, el listado que la OCDE elaboró en 2012, o el documento publicado por la organización Tax Justice Network en 2015. A la hora de clasificar un territorio como paraíso fiscal se tienen en cuenta factores como que no tenga impuestos, que no intercambie información fiscal con otros países y que se permita a los no residentes aprovecharse de su política fiscal aunque no desarrollen ninguna actividad en el territorio.
El informe dedica otro amplio apartado a la gestión que hacen las principales compañías cotizadas de sus relaciones con el poder político. En este apartado, la información también es escasa. Por ejemplo, en relación a los lobbys, el informe cita a Telefónica, Iberdrola y Gas Natural Fenosa como las compañías que ejercen una mayor actividad de lobby a nivel europeo si se toma como referencia el número de reuniones realizadas con representantes públicos documentadas por Transparencia Internacional.
Además, el Observatorio resalta que sólo Telefónica, Cellnex y Red Eléctrica de España se han inscrito al Registro de Grupos de Interés que puso en marcha en marzo de 2016 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), si bien su adhesión para las compañías es voluntaria. Además, en un registro similar de la UE aparecen registradas Indra, Repsol, ArcelorMittal, Gamesa e Iberdrola. Por otro lado, sólo Abertis y Enagás informan sobre un sistema interno de gestión de su actividad de lobby.
En relación a las puertas giratorias, el documento resalta que 21 de las 35 contaban en 2016 en sus consejos de administración con personas que habían ocupado cargos de responsabilidad política en los diez años anteriores a su nombramiento. Además, en 17 empresas tienen la condición de independientes. Son Endesa, Banco Sabadell, Repsol, Técnicas Reunidas, Telefónica, Red Eléctrica, Enagás, Iberdrola, Banco Santander, Acerinox, GNF, Amadeus, AENA, Bankinter, Ferrovial, Mediaset y Gamesa.
La opacidad también resulta llamativa en otro aspecto clave: las aportaciones a partidos políticos por parte de empresas. Desde 2015 existe la prohibición expresa de que los partidos puedan aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones de empresas privadas, independientemente de que contraten o no con la Administración. Sin embargo, esas restricciones no se impusieron a las fundaciones de los partidos. Y la cuestión es que sólo Acciona y Red Eléctrica ponen negro sobre blanco en sus memorias su compromiso a no financiar a fundaciones dependientes de los partidos. En todo caso, ninguna informa de si ha realizado o no este tipo de donaciones
