Pero si bien esta realidad es conocida y elogiada por los poderes públicos, lo cierto es que las distintas administraciones que se han sucedido en las últimas décadas no se han caracterizado por impulsar medidas legislativas enfocadas al fortalecimiento, en todos los órdenes, del núcleo familiar. Peor aún, algunos legisladores socialistas han pretendido obrar una incierta ingeniería social sobre el modelo natural de familia, que ésta, sin embargo, ha conseguido encajar sin mayores males.
De ahí que sea muy bienvenida la iniciativa del actual Gobierno de Mariano Rajoy de abordar un «Plan Integral de Apoyo a la Familia», creando una comisión interministerial ad hoc, que ha elaborado un primer borrador –del que hoy da cuenta LA RAZÓN– con el análisis de los objetivos estratégicos a cumplimentar. Cabría, en todo caso, reprochar la premiosidad con la que se está conduciendo el proceso, pero también es cierto que de nada vale legislar en el vacío, sin el correspondiente programa de financiación, muy problemático ante el grave déficit financiero con el que ha tenido que lidiar el Ejecutivo en sus dos primeros años.
El borrador propuesto, en absoluto definitivo, sí acierta a nuestro juicio en las líneas maestras de lo que debe ser una auténtica política de apoyo familiar. Así, la tarea, dividida en cuatro grupos de trabajo, se centra en la conciliación y corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal; en la protección de las familias con menores a su cargo, y en el desarrollo de un ambiente propicio para su proyección, que no impida a los padres tener el número de hijos que deseen. Sólo facilitando a los jóvenes un entorno social, laboral y económico que sea favorable a la hora de formar una nueva familia se podrá revertir la bajísima tasa de natalidad española, que es la mayor amenaza a medio y largo plazo para el bienestar futuro de nuestra sociedad. Por supuesto, no se trata de imponer un modelo único de familia, pero sí de garantizar la libre elección de todos los ciudadanos, hasta ahora negativamente condicionada en muchos casos por razones puramente económicas.
El proyecto prevé la coordinación de todas las administraciones del Estado, que deberá tener como prioridad las políticas de carácter familiar. Pero no bastará con el convencimiento intelectual y la intencionalidad política. Al final, lo que cuenta es el contenido de los Presupuestos Generales del Estado.
