La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha hecho público hoy el informe ´Empleos para jóvenes´ dedicado a España, en el que, pese a reconocer que la situación “ha mejorado considerablemente” en los últimos años, opina que ´todavía hay un margen significativo de mejora´.
Aunque la proporción de jóvenes con empleo se ha incrementado en un 50% en el último decenio en España y el desempleo de larga duración se ha reducido más de la mitad en ese periodo, la tasa de paro juvenil seguía siendo en 2006, con el 18%, más de tres puntos superior a la de la media de la OCDE.
“La opinión de muchos economistas españoles y de la OCDE es que las reformas, aunque han producido hasta ahora un incremento de la contratación a través de los contratos estables, no proporcionarán un impulso significativo a las perspectivas del empleo juvenil”, advierten los autores del estudio, que consideran que “debe hacerse algo más para mejorar la transición de la escuela al trabajo”.
La OCDE constata que los estudiantes españoles tienen ´un contacto limitado con el mercado de trabajo´ antes de finalizar su recorrido escolar y por eso recomienda ampliar el uso de prácticas combinadas para los titulados, en cuyo diseño deberían estar implicadas las empresas y dirigir los contratos de formación para los jóvenes desfavorecidos.
En cuanto a la segmentación entre contratos temporales e indefinidos que caracteriza el mercado laboral español, los autores del informe estiman que “afecta negativamente a las perspectivas de carrera y las oportunidades de formación de los jóvenes”.
“Reducir el abuso de los contratos temporales es efectivamente importante”, porque “pueden ser una trampa” a la vista de que sólo uno de cada cinco jóvenes pasa de uno temporal a otro permanente en un año y de la corta duración de los temporales (un 60% es de menos de siete días).
La OCDE aconseja una “mayor convergencia” en el tratamiento de los contratos temporales y los indefinidos (equiparar la indemnización por despido a 20 días por año trabajado), aumentar el periodo de prueba en los indefinidos (hasta 10 meses), más control de la Inspección de Trabajo y cotizaciones al seguro de desempleo moduladas para penalizar a las empresas que más despiden.
