Los puntos más polémicos del texto son: el carácter opcional de la obtención de la autonomía financiera en materia de recursos humanos y de la propiedad inmobiliaria, así como la reducción de la presencia estudiantil en los consejos de administración.
Una veintena de organizaciones sindicales de Francia exigen al jefe de Estado, Nicolas Sarkozy la retirada de la reforma que consideran como un duro golpe para el servicio público de la educación en Francia. Los detractores de la ley prevén que ésta establecerá una jerarquización de las universidades, obligadas a partir de ahora a buscar fondos, y así creará desigualdades entre las máximas casas de estudios.
El objetivo del gobierno es lograr con esta medida "el protagonismo de Francia en las condiciones de competitividad del siglo XXI y hacer más atractiva la carrera académica". Las estadísticas no son gloriosas para la educación superior francesa, en crisis desde hace dos décadas: más de la mitad de los universitarios no consiguen el título, el 50 por ciento de los egresados no logran colocarse en el mundo profesional antes de un año.
El debate entre los defensores y los acusadores de la ley sube de tono. Se multiplican los bloqueos de las facultades. Las universidades de Rouen, Tours, Toulouse, Lille, Rennes y Aix-Marsella se encuentran paralizadas. Reims, Amiens, Metz, Limoges y Paris VIII aprobaron una moción que pide la anulación de la medida.
Fuente: esmas.com
