Después de que la directora general de Universidades de Madrid, Clara Eugenia Núñez, afirmara en CAMPUS que "desde el punto de vista de los ciudadanos, los rectores madrileños han gestionado mal", el enfrentamiento entre ambas partes no ha hecho sino agudizarse.
En una reunión mantenida el pasado viernes, todos los sindicatos universitarios de Madrid acordaron realizar paros académicos los próximos 20 y 26 de mayo, así como el 1 de junio. No obstante, las universidades podrían adoptar medidas de presión aún más drásticas si la situación no se desbloqueara después de esas tres jornadas de huelga.
Aprobado general
«Esperamos que la Comunidad reconsidere la situación y retome los cauces de la negociación colectiva», explica el secretario de Universidad de la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras, Javier Pérez. De lo contrario, los sindicatos podrían volver a reunirse a finales de mayo para valorar «otras acciones como hacer huelga en días alternos, no corregir exámenes, aprobados generales…».
A estas tres jornadas de paro están llamados tanto el Personal Docente e Investigador (PDI) como el de Administración y Servicios (PAS). Los primeros reivindican un acuerdo sobre el complemento retributivo que incluya la apertura de un segundo tramo ligado a méritos académicos y el cumplimiento del convenio para la transformación del profesorado asociado en laboral, tal y como establece la LOU.
Los 29,266 millones de euros presupuestados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad para 2004 sólo han acrecentado el conflicto. «No se trata de un problema de cantidades, sino de formas», explica María Isabel Aránguez, representante del sindicato CSIT-UP en la Complutense. «Se aprobó de forma unilateral y sin haber sido negociado con la Universidad y los sindicatos», argumenta.
A la movilización convocada inicialmente por el profesorado se sumó ayer el PAS de las universidades madrileñas. En su caso, lo que reclaman es la negociación del segundo acuerdo relativo al personal funcionario y la apertura de otra para el laboral.
El rector de la Carlos III y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), Gregorio Peces Barba, tiene clara su postura. «Queremos evitar una acción sindical dura», afirma, «pero la presidenta de la Comunidad (Esperanza Aguirre), pese a las buenas relaciones que mantenemos con ella, está empeñada en que queremos hacer una huelga política de cara a las europeas».
En un comunicado hecho público la pasada semana, la CRUMA exigía el pago de 59,452 millones de euros adeudados por el Gobierno regional por diversos conceptos como atrasos del contrato programa, pagas extraordinarias y gastos de la transformación de los asociados.
Sin embargo, Clara Eugenia Núñez dice no conocer con exactitud el origen y la composición de la supuesta deuda. «No sé de dónde proceden esos 59 millones porque los rectores presentan cada vez unas cifras distintas», expone.
Éstos últimos, por su parte, rehúyen el enfrentamiento con Núñez porque, según Peces Barba, su interlocutora es Esperanza Aguirre. Aun así, el rector de la Carlos III no se muerde la lengua al referirse a la directora general. «No tiene ni idea», le espeta, «una responsable administrativa no se puede dedicar a propinar patadas en las espinillas de las universidades como hizo Pilar del Castillo desde un Ministerio».
Compromisos verbales
Por su parte, el rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero, recuerda a la Consejería de Educación que «un compromiso entre dos instituciones no desaparece cuando cambia el Gobierno aunque sea sólo un pacto entre caballeros».
Se refiere a las promesas realizadas por el equipo de Alberto Ruiz Gallardón y que Núñez no quiere aceptar ahora por no estar en los papeles. «Me dijeron que adelantara los pagos del complemento retributivo y que ya me lo devolverían», alega Zapatero. Núñez asegura que «si queda demostrado que hay un pago comprometido que no se ha hecho, se hará», aunque será difícil demostrar con documentos un compromiso meramente verbal.
Como resume el nuevo rector de la Politécnica, Javier Uceda, la CRUMA apuesta «por el desarrollo de un modelo de financiación basado en la calidad para que se pueda juzgar la gestión universitaria conforme a unos parámetros creíbles». En cualquier caso, Uceda afirma que la fórmula para desbloquear esta situación «no es entrar en descalificaciones».
