El Consejo de Ministros acordó ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) las actuaciones de la Generalitat encaminadas a celebrar una consulta alternativa en Cataluña el 9 de noviembre. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó de la decisión del Ejecutivo en rueda de prensa, después de que el Consejo de Estado apoyara la impugnación. En el recurso de la Abogacía del Estado, presentado por la tarde, el Ejecutivo ha pedido al Constitucional la suspensión de todas las actuaciones que se hayan llevado a cabo o que se vayan a realizar para convocar esta consulta, denominada "proceso de participación ciudadana".
Los diarios informan de que el Consejo de Estado determinó que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar la convocatoria, así como "cualesquiera otras actuaciones, con independencia de su naturaleza en relación con dicho proceso". El Gobierno ha fundamentado el recurso en los mismos argumentos esgrimidos al recurrir la consulta convocada por la Generalitat, básicamente, que se trata de un verdadero refrendo, con una llamada al ejercicio del voto, así como que las preguntas, las mismas que en la consulta suspendida, atentan contra la soberanía nacional.
Sáenz de Santamaría resumió algunos de los argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado para avalar la impugnación de una consulta que el Ejecutivo considera que no tiene "ninguna base legal" ni las garantías democráticas "más básicas". La vicepresidenta recordó que no hay censo ni administración electoral, que el proceso lo pilotan quienes defienden un resultado concreto y que lo organizan voluntarios "captados, seleccionados e instruidos por los promotores".
El Gobierno pretende, según la vicepresidenta, preservar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y del Estado de Derecho, en el que "no tiene cabida" la consulta, además de "proteger la democracia frente a lo que es una perversión de sus mismos fundamentos". Además, el Gobierno ha decidido llevar al TC la consulta para proteger los derechos de los catalanes, sobre todo de los funcionarios públicos, a los que la Generalitat, según dijo, pretende colocar "ante la intemperie legal" de no dar ninguna cobertura jurídica a su actuación. "Uno de los objetivos es proteger a los funcionarios, que no se vean obligados a incumplir la ley", apuntó. Sáenz de Santamaría, que descartó tomar medidas que afecten a la financiación de Cataluña, a pesar de los incumplimientos de la Generalitat, dijo, refiriéndose a Artur Mas: "Espero que sea muy consciente de que si con el primer referéndum incumplía la Constitución, con el segundo vulnera los derechos de los ciudadanos a los que representa".
Por otra parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, emplazó ayer al presidente de la Generalitat a respetar el Estado de Derecho y cumplir las resoluciones de los tribunales, además de advertirle de que el proceso para la celebración del nuevo 9-N es inconstitucional, "profundamente antidemocrático" y carece de garantías.
Por otro lado, la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, exigió al presidente catalán que "definitivamente acate y cumpla la ley" y "acepte la democracia española". Sánchez-Camacho pidió a Artur Mas que se ponga a "gobernar", que "presente presupuestos" y "se preocupe por los verdaderos problemas de los catalanes", asumiendo que "el proceso separatista ha fracasado, porque lo que empieza mal acaba mal".
Para el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, la impugnación acordada por el Consejo de Ministros es "razonable". Después de leer el dictamen del Consejo de Estado, lo calificó de "adecuado" y apuntó que el Gobierno tiene que "cumplir y hacer cumplir la ley". Respecto a la diferencia de criterio con el PSC, explicó que "comprende" que esta formación estime que no es conveniente impugnar la consulta, pero que no lo "comparte.
Las últimas palabras de Hernando venían a colación porque, previamente, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, después de calificar de "error" la decisión del Gobierno de presentar recurso ante el TC al considerar que la nueva consulta no tiene "efectos jurídicos", dijo que le "hubiera gustado" que el PSOE hubiera esperado antes de cerrar filas con el Gobierno, al menos hasta que el Alto Tribunal se pronunciase sobre el "proceso participativo" del 9-N
Por otro lado, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dijo ayer que resulta "evidente" que "no hay otro camino que sentarse a hablar" para resolver el proceso soberanista, y que quien tiene "más interés" en que Cataluña siga dentro de España es la propia España".
Más mantiene el 9-N y se queja de "abuso de poder"
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció ayer que "completará el operativo" de la consulta alternativa del 9 de noviembre, pese a la probable suspensión del Tribunal Constitucional. Además, explicó que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Generalitat para que estudien "acciones legales" contra el Gobierno, que se concretarán, según avanzó, la semana que viene, por "abuso de poder y de derecho". Argumentó que las quejas del Gobierno carecen de fundamento porque la Generalitat, según apuntó, "está haciendo una cosa que no tiene nada que ver" con el contenido del recurso: "No es un referéndum, y mucho menos encubierto; es un proceso de participación totalmente al descubierto", explicó.
En otro momento, Artur Mas estimó que el Gobierno está "desconcertado" y que por ello "ha pasado en 15 días del escarnio a presentar un nuevo recurso ante el TC". "Han cruzado la línea del ridículo", subrayó. Mas también dijo que el Ejecutivo "usa el TC de manera impropia", al obligar al Tribunal a inmiscuirse en un asunto que, según subrayó, es "puramente político". El presidente catalán también dijo que "quizá no sea del todo casual" que el Gobierno haya impugnado el proceso del 9-N al aparecer en los últimos días casos de presunta corrupción que involucran a dirigentes del PP.
Por su parte, el conseller de Interior, Ramón Espadaler, dijo ayer que los Mossos d´Esquadra tienen la "plena competencia" para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en Cataluña, por lo que advirtió al Gobierno de que no es necesario que el 9-N envíe a "otras policías" a esta comunidad.
Por otro lado, en una entrevista que publica en exclusiva EL PAÍS, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, dice que "si el Estado no negocia, no habrá pago de deuda y caerá en ´default´". Preguntado por la impugnación del Gobierno, Junqueras dice que "el Estado ha convertido la Constitución en un muro", tras lo que se reafirma en "seguir adelante". En otro momento, avanza que "vaya como vaya" el 9-N, posteriormente "serán imprescindibles unas elecciones".
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, dijo ayer que las "actuaciones" que está llevando a cabo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el sentido de seguir adelante con la consulta alternativa del 9-N, "fracturan los vínculos entre ciudadanos". En una entrevista con EFE, Becerril señaló que el "simulacro" de consulta que propone Mas "vulnera" la ley, tras lo que insistió en que las instituciones públicos y los Gobiernos deben actuar de forma "ejemplar" ante los ciudadanos.
EL ECONOMISTA recoge unas declaraciones del ya, desde ayer, ex vicepresidente de la Comisión Europea y de la cartera de Competencia, Joaquín Almunia, en la que, en relación con Cataluña, dijo no descarar una declaración de independencia unilateral porque, según explicó "hay políticos que están muy activos en Cataluña y que pueden, en su día, tener la capacidad de llevar adelante sus ideas".
49,4% de apoyo a la independencia
El Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, reveló ayer que un 49,4% de los encuestados votaría por la secesión de Cataluña, lo que equivale a votar "sí-sí" en la consulta del próximo 9.N. Además, el sondeo indica que ERC ganaría en escaños a CiU y se convertiría en el partido más votado, tanto en las elecciones autonómicas como en las generales. ERC conseguiría entre 38 y 39 escaños en las autonómicas, seis más que CiU. Podemos se estrenaría logrando entre 10 y 11 diputados, mientras que ICV-CUP y Ciudadanos empatarían con 8-9 escaños. Por encima de ellos quedaría el PSC, con 14-16 (por 20 de ahora) y el PP, con 11-12 (hora tiene 19)
ABC, que titula en portada: "Mas dilapida la imagen exterior de Cataluña", incide en que "la pseudoconsulta, que permite inscribirse con nombre falso, ya incluye a Elvis Presley, Colón, el Cid y Bob Esponja". En páginas interiores vuelva a subrayar que "la opción de inscribir nombres falsos convierte el 9-N en una pantomima", en tanto, resalta que la web del proceso soberanista arroja una imagen grotesca de Cataluña ante la opinión internacional".
Aceleradas las medidas anticorrupción: consejo de transparencia
El Gobierno aprobó ayer una batería de medidas contra la corrupción, previstas hace meses y que hasta ahora no habían visto la luz, así como la creación de 282 nuevas plazas de jueces y magistrados para agilizar la Administración de Justicia. Además se dio luz verde al Estatuto del Consejo de Transparencia, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que entrará en vigor en diciembre. Los diarios recogen que el presidente de dicho órgano será designado por el Ministerio de Hacienda y votado por mayoría absoluta en el Congreso, por lo que en la práctica estaría controlado por el PP.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió la Ley de Transparencia del Gobierno y destacó que "a partir de ahora se tendrán que publicar en la web todos los contratos y subvenciones". Recordó que "la corrupción afecta a todas las fuerzas políticas". "Cuando reclaman un debate, ¿qué quieren, que el Gobierno suba a la tribuna y explique lo del partido que lo sustenta y todos los demás? ¿No será más oportuno que dentro de los partidos se tomen las decisiones y se den las explicaciones oportunas y al Gobierno nos dejen llevar adelante la discusión de las leyes para poder ponerlas en vigor cuanto antes?", concluyó. "Cada uno que explique lo suyo", añadió, al tiempo que responsabilizó al PSOE del retraso de las medidas anticorrupción. "Empezamos a negociar en marzo, nos pidieron tiempo porque llegaban las europeas, luego el PSOE cambió de secretario general", explicó.
Según destaca ABC, "barones del PP proponen a Rajoy medidas anticorrupción". El diario indica que existe preocupación dentro del partido ante la actitud sobre la corrupción y algunos consideran que "los ciudadanos piden actuar rápido. No valen las palabras".
La última trama de corrupción
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó ayer prisión incondicional para el exconsejero y exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y para el empresario David Marjaliza por su participación decisiva en la trama de corrupción municipal y regional destapada en la llamada Operación Púnica. El magistrado imputa a Granados los presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.
Según el auto, Granados formó parte de "una red de tráfico de influencias" para mediar a favor de Marjaliza y otros empresarios y para su propio enriquecimiento "a lo largo de su carrera pública", a través de operaciones vinculadas a la construcción y a la contratación pública. El juez señala "diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha que pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios" y ratifica que Granados es titular de algunas de las cuentas utilizadas para el "blanqueo fiscal agravado". En su declaración ante Velasco, declaró, según fuentes judiciales que citan los diarios, que la cuenta en Suiza que se le atribuye no es suya, sino de Marjaliza.El abogado de Granados anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión del juez de prorrogar la detención de su cliente, que considera "ilegal" y que denunció el jueves ante el Juzgado de Majadahonda, que rechazó la denuncia.
En cuanto a Marjaliza, el juez le considera el "núcleo de una organización criminal" dedicada a conseguir adjudicaciones irregulares de contratos a través de sus contactos, por las que recibía comisiones, así como "responsable" y "cabeza de un amplio entramado empresarial" a través del cual defraudaba y ocultaba los beneficios de su actividad empresarial, "tanto la lícita como la delictiva". Según Velasco, la red tejida por el empresario, de la que él era "el centro", ha "patrimonializado la actividad pública de contratación y urbanismo". El juez le imputa un total de diez delitos: blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación, fraude, utilización de información confidencial y falsificación documental
Para los dos empleados de la empresa Cofely el juez acordó libertad bajo fianza de 6.000 euros. Para el guardia civil que filtró a Granados que estaba siendo investigado decretó libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días.
Ayer dimitieron tres de los relacionados con la trama: el director de la Agencia de Informática del Gobierno regional de Madrid, José Martínez Nicolás, el alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, del PP, y el alcalde de Parla, José María Fraile, del PSOE. Otros dos alcaldes implicados, Agustín Juárez, de Collado Villalba, y David Rodríguez, de Casarrubuelos – ambos del PP- se "resisten a abandonar sus puestos de mando" y "han optado por desafiar al Partido Popular", refleja EL PAÍS.
Los diarios resaltan en sus titulares diferentes informaciones sobre Granados y Marjaliza. "Granados cobró en bienes inmuebles por dar contratos a la trama Púnica", destaca EL PAÍS, que también resalta que el exconsejero benefició al perito que le ayudó en la trama de los espías de la Comunidad de Madrid que se investiga desde 2009. Asimismo apunta que directivos de Cofely pagaron reiterados sobornos de 70.000 euros por lograr adjudicaciones. EL MUNDO destaca en su portada: "Granados tuvo cuenta en Suiza siendo el segundo de Aguirre". También subraya, al igual queABC, que Marjaliza regularizó 10,8 millones el pasado mes de febrero que mantenía en cuatro cuentas suizas. EL PERIÓDICO también resalta de "Granados recibió casas por los amaños en contratos públicos". EL ECONOMISTA detalla que Marjaliza "creó una red delictiva con cien empresas".
