Más de 600 economistas auditores se reunieron este jueves en Madrid –y continuaron durante el viernes– para celebrar el 6º AuditMeeting, la mayor concentración de profesionales del sector, organizada por el REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas, cuya inauguración ha corrido a cargo de Valentín Pich y de Lorenzo Lara, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo General de Economistas.
De entre los diferentes temas abordados durante este primer día del 6º AuditMeeting, destacó el de la transparencia y el control del sector público. En este sentido, los economistas auditores valoraron positivamente las reformas estructurales realizadas en materia de transparencia y los trabajos realizados desde la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Así mismo, destacaron la labor que realizan la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX). No obstante, entienden que sería conveniente continuar avanzando en esta materia, trasladando al sector público la experiencia y el dinamismo del sector privado.
En esta línea, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha destacado “la necesidad de contribuir a la mejora de la gobernanza del Sector Público para el que sería conveniente desarrollar un Código de Buenas Prácticas”. Para ello, ofreció la colaboración del colectivo de profesionales que representa, tanto para su elaboración, como para su implantación y el seguimiento de su aplicación. Como primera medida en aras de contribuir en el sentido expresado, los economistas auditores han considerado necesario trasladar a todos los partidos políticos que concurrirán a las próximas elecciones, así como a la opinión pública en general, un comunicado con propuestas.
Propuestas
Con evidente paralelismo, los sistemas de control del Sector Público, tanto interno (el desarrollado por la Intervención General de Estado) como externo (el realizado por el Tribunal de Cuentas, los Organismos de Control Externo de las Comunidades Autónomas y las revisiones realizadas por auditores externos), deben estar basados en un entorno de control y sistema de supervisión que habrá de contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
1 La existencia de un código ético en el que se precisen los valores a los que se compromete el sector público, el compromiso de aplicarlos por todos los empleados públicos, la posibilidad de crear un organismo independiente encargado de la supervisión de su cumplimiento, así como la existencia de un procedimiento confidencial, a través del cual los empleados públicos tendrán la obligación de comunicar cualquier irregularidad de potencial relevancia que hayan identificado en el ámbito financiero, contable o de cumplimiento, dotándolos de la adecuada protección legal para evitar posibles represalias.
2 La dotación a los órganos internos de control de la independencia necesaria para realizar su labor sin injerencias de los órganos sometidos a su control.
3 La dotación a los órganos de control de los recursos adecuados, en cantidad y perfil profesional, para el cumplimiento de sus fines, así como la posible colaboración de auditores externos.
4 La publicación anual de una memoria dónde se difunda la labor de control realizada. Esta publicación incluirá los defectos o incumplimientos de control identificados, las recomendaciones realizadas para su corrección y el seguimiento de la implantación de estas recomendaciones por los órganos gestores.
