Mientras en el Congreso de Diputados se observó el martes unanimidad para prohibir indultos a corruptos, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) liberaba de la cárcel al ordenar este miércoles prisión eludible con fianza de 15.000 euros para la ex consellera de Turismo y ex presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, condenada el pasado viernes a nueve años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa, malversación y cohecho pasivo, frente a las condenas de Francisco Correa y Pablo Crespo (13 años de prisión) y de Álvaro Pérez, "El Bigotes" (12 años y 3 meses. La propuesta de prohibir indultos a condenados por delitos de corrupción y violencia machista, presentada por el PSOE para regular el derecho de gracia, que data de 1870, fue respaldada por todos los grupos. Ya en diciembre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció su intención de prohibir los indultos a condenados por corrupción.
Los cabecillas de la trama Gúrtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, ingresaron el martes en la prisión de Picassent (Valencia) para cumplir sus penas por amañar contratos de la Generalitat para Fitur. El Tribunal Superior de Justicia valenciano decidió estimar la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ordenó la prisión provisional, comunicada y sin fianza ante "el riesgo de fuga", "la gravedad de las penas" y "los casos que tienen pendientes" en la Audiencia Nacional.
Correa, Crespo y El Bigotes comparecieron de forma individual ante la Sala de lo Civil y Penal en la vistilla para decidir sobre la situación de los condenados. Sus defensa pidieron la aplicación de "medidas alternativas"·a la pérdida de libertad acogiéndose al precedente del exconsejero valenciano Rafael Blasco. El Tribunal respondió que los casos no son iguales y que en el actual las penas son superiores.A los otros tres condenados por la trama, Isabel Jordán, Cándido Herrero y Mónica Magariños, el Tribunal ordenó libertad provisional sin fianza y la obligación de comparecer periódicamente ante el Tribunal, la prohibición de abandonar el país y la retirada del pasaporte.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez, según destaca EL MUNDO. El diario señala que el informe remitido por la Fiscalía a la Audiencia Nacional oponiéndose a pedir el suplicatorio contra Sánchez está firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, y no por las fiscales del caso Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez.Fuentes de la Fiscalía, citadas por el diario, quitan relevancia a las discrepancias entre el criterio del fiscal de un caso y lo que finalmente se decide desde la cúpula del Ministerio Público. Explican que los asuntos de trascendencia se pasan para su examen a la Secretaría Técnica, el órgano que asesor al fiscal general.
El dinero público que se llevaron los corruptos
La red corrupta ofrecía regalos y dinero a cargos del PP a cambio de contratos publicos.¿Cuánto dinero público se llevó la trama Gürtel?, se preguntan este sábado algunos medios, mientras Según la investigación, la red se llevó al menos 120 millones en contratos de dinero público, aunque los instructores se han encontrado con grandes dificultades para desgranar el total del dinero que pasó por las manos de la trama. Operaban especialmente en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana y en menor medida en Castilla y León y Galicia. Gran parte del dinero desviado procedía del Ayuntamientos de Boadilla del Monte, por delante del de Arganda del Rey, Majadahonda o Pozuelo de Alarcón.
La exministra de Sanidad Ana Mato fue lunes la primera de los cinco exmiembros del Gobierno del PP investigados por el caso en declarar ocomo partícipe a título lucrativo en los beneficios que obtuvo su exmarido Jesús Sepúlveda de la trama de Francisco Correa, en otra pieza que está juzgando la primera época de la red Gürtel donde Mato está encausada como responsable civil, si bien hasta ahora había estado representada en todo momento en el juicio por su abogada.
El Tribunal Superior de Justicia hizo pública la sentencia de la primera de esas piezas, relacionada con las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en la Feria Fitur, en la que también se condena a Isabel Jordán (6 años), Cándido Herrero (4 años y 4 meses) y Mónica Magariños (3 años).
Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', Luis de Miguel Pérez, José Ramón Blanco Balín y José Luis Izquierdo.
El exjefe de gabinete de Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, que ya fue considerado culpable en la llamada causa de los trajes, también ha sido condenado a 6 años de prisión, mientras que los ex altos cargos de la Consejería de Turismo, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, han sido condenados a 7, 4, y 3 años, respectivamente. La exconsejera de Turismo Angélica Such y el exjefe de servicio en la Agencia Valenciana de Turismo Juan Bover han sido absueltos.
En la sentencia se condena a once de los trece acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, además de determinar que el grupo Correa se creó para manipular concursos públicos y lucrarse aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes. Asimismo, se concluye que la Consejería de Turismo, entre los años 2005 y 2009, alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa, a las que facilitó información privilegiada.
Por otro lado, los diarios también informan de que siete empresarios acusados en el caso Gürtel por financiación ilegal del PP de Valencia suscribieron este viernes un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para ser condenados a penas inferiores a dos años, sustituibles por multas, a cambio de confesar que financiaron al PP en campañas electorales. Otros dos empresarios, también imputados en esta causa, tienen previsto suscribir el próximo lunes este mismo pacto, según fuentes fiscales que citan los periódicos.Corruptos y confesos, nueve empresarios han asumido en sede judicial este viernes que financiaron ilegalmente, al menos en tres campañas electorales los años 2007 y 2008, al PP valenciano, liderado entonces por Francisco Camps. Cinco de ellos son los mismos que anunciaban en noviembre de 2009, justo al día siguiente de que el PSPV-PSOE les denunciara por ello ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que se querellarían contra los dirigentes socialistas porque la acusación "dañaba gravemente su imagen". Esa querella nunca se presentó.
Los fiscales Anticorrupción han alcanzado un acuerdo de conformidad con los nueve empresarios a los que acusa en el juicio por la financiación ilegal del PP de Valencia, que comenzará el 13 de marzo y que sienta en el banquillo a la cúpula nombrada por Francisco Camps. Los empresarios admiten que financiaron de forma ilegal al PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008 (incluidos varios actos de Rajoy en Valencia) a cambio de atenuar sus penas.Son seis empresarios nuevos, más Enrique Ortiz, José Francisco Beviá y Alejandro Pons, los tres que ya alcanzaron un pacto con la Fiscalía. Al reconocer como cierto el escrito de la Fiscalía, admiten que abonaron 1.2 millones de euros de forma irregular por servicios electorales que el PP adjudicaba a Orange Market, la marca valenciana de la Gürtel. Para ello, emitían facturas falsas con las que pagaban a Orange Market por trabajos inexistentes. Supuestamente, el PP valenciano pagó desde su caja b otros 2.2 millones a la trama por los eventos de las elecciones bajo sospecha.
Estas empresas que contrataban con la Generalitat valenciana, al financiar de forma ilegal los comicios del PP, se aseguraban las contrataciones con la administración pública. Confiesan para atenuar su condena en el juicio por la financiación ilegal del PP de Valencia que sentará en la Audiencia Nacional a la cúpula de Camps este mes de marzo. Los principales responsables son el exvicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, a quienes la Fiscalía pide 7 años y 9 meses de cárcel. También se sentarán en el banquillo los excargos del PP David Serra, Yolanda García y Cristina Ibáñez. Los empresarios están citados este viernes en la Fiscalía para rubricar el acuerdo, según fuentes de Anticorrupción.
Los seis empresarios acusados que también admiten ahora los hechos son Gabriel Alberto Batalla, Enrique Gimeno, Antonio Pons, Tomás Martínez Berna, y Rafael Martínez Berna, además de Vicente Cotino, el sobrino del expresidente de Les Corts, Juan Cotino, también acusado en la pieza de la visita del Papa a Valencia.El décimo empresario que se sentará en el banquillo, José Enrique Fresquet, no ha sido acusado por la Fiscalía y por ello el Ministerio Público no ha entablado negociaciones con él para alcanzar un acuerdo de conformidad. Ese acuerdo se produce en condiciones similares a las ya firmadas por otros tres empresarios arrepentidos —Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá— en el mismo procedimiento, con reducciones de las penas de cárcel, y sustitución en algún caso de la misma por multas.
Valoraciones en el PP y el PSOE
Tras conocer la sentencia, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, dijo que "la Justicia funciona" y es "una garantía para los ciudadanos españoles", además de señalar que esas condenas no empañan la celebración del congreso nacional del PP.
A su llegada al cónclave del PP, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló su "máximo respeto a todas las decisiones judiciales", tras lo que añadió que los tribunales deben poder actuar "con libertad".
Preguntado por este asunto, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que "las decisiones se tomaron en su día" y que "ninguna de las personas implicadas está en el PP.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo que no hay "ninguna preocupación" en el PP por las primeras condenas judiciales por el caso Gürtel, sino más bien "todo lo contrario", porque "ya por fin la justicia comience a fallar".
Por su parte, el precandidato a las primarias del PSOE Patxi López señaló que el PP debe asumir "responsabilidades políticas, además de las penales", debido a los "nfumerosísimos casos de corrupción que ha cometido en este país". En alusión a la corrupción, López apuntó también que el PP ha actuado "como si esto no fuera con ellos".
Primeras valoraciones de la prensa española
Gürtel no es el pasado, recuerda este miércpñes en su editorial EL PAÍS, e Iñaki Gabilondo dice desde la SER que hay muchos casos y personas importantes "en sombras, no a la sombra". El encarcelamiento de los principales empresarios de la trama Gürtel, encabezados por Francisco Correa, "muestra el primer efecto directo de los escándalos" de corrupción del Partido Popular. El caso Gürtel"no es un viejo asunto que los tribunales irán administrando al margen de la vida política, sino una trama tentacular que no se habría desarrollado sin el oxígeno aportado por muchas personas en el PP". La credibilidad "sólo quedará restaurada cuando desde dentro del partido se establezca un relato de las razones por las que se permitió la apropiación de caudales públicos a través de métodos ilícitos". Los juicios y sentencias "frenan o condicionan los acuerdos a medio y largo plazo con un Gobierno que se apoya solo en 137 diputados". Ya no hay bloqueo político en España "pero sigue sin restablecerse una corriente de confianza hacia un partido que intenta construir una burbuja judicial en la que aislar sus problemas de corrupción".
El PP se libera del estigma de la corrupción (LA RAZÓN): "La inauguración del Congreso Nacional del Partido Popular vino, en cierto modo, marcada por la dura sentencia judicial contra los implicados en una de las piezas de la 'Trama Gürtel'". De ahí que sea "especialmente significativa la directa y franca intervención" de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, "reconociendo ante sus compañeros la falta de diligencia y agilidad con la que la dirección del partido afrontó en un principio el estallido de la corrupción en su entorno". "El PP, sería de justicia reconocerlo, no sólo ha pedido perdón a la sociedad española y reconocido los errores, sino que, y es lo más importante, ha colaborado abiertamente con la Justicia".
Un partido feliz (EL MUNDO, Lucía Méndez) "El PP es liberal, conservador, democristiano, social y lo que haga falta. Un partido atrapalotodo y feliz. ¿Gürteldices? ¿Eso qué es?"
